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¿Cómo el neoliberalismo transformó la universidad?: Francisco Cortés – Sept /18

Por: Francisco Cortés Rodas. Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia. Septiembre de 2018 —–

Doctos economistas, eruditos sociólogos y columnistas estucados de seriedad, dicen llenos de satisfacción derechista que el neoliberalismo no existe, que es puro marketing usado por la izquierda en su estrategia de permanente campaña electoral. La izquierda, continúan, utiliza los males sociales, el desempleo, el aumento de los precios, del IVA, la pobreza y el hambre, para culpabilizar a alguien, en este caso a las políticas neoliberales y a la tal globalización. Se llenan de orgullo conservador para decir que la izquierda cambia de enemigo a su antojo: ya no es el imperialismo norteamericano, las grandes potencias, sino el capital financiero, la burocracia estatal tecnocrática, entre otras.

Pero el neoliberalismo no es una ficción creada por las “casandras desmelenadas” como algunos columnistas denominan a los intelectuales y políticos de izquierda. El neoliberalismo es una realidad económica, social, política y cultural, que tiene más de 50 años haciendo estragos en la sociedad, la naturaleza y el hombre. El neoliberalismo no es único ni idéntico a sí mismo en el espacio y en el tiempo. Ha tenido diferentes ejemplificaciones a través de países, sectores y regiones en sus relaciones con realidades distintas. Resultó de una reacción económica y política específica contra el keynesianismo y el socialismo democrático, primero en Inglaterra en la década de los setenta, luego en los Estados Unidos, antes de expandirse por el mundo entero hasta llegar a la misma China.

Contra lo que afirman Guillermo Perry, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Caballero Argáez, Rudolf Hommes y el “babélico bullir de tonterías” que es Andrés Hoyos, el neoliberalismo es un hecho histórico, existe como programa intelectual, representado por Friedrich Hayeck, Robert Nozick, Milton Friedman y otros. Es un programa político que defiende la no interferencia del Estado en el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo. Es también una ideología con una muy fuerte influencia en el mundo entero. El neoliberalismo ha abarcado todas las esferas de la acción social: hay una idea neoliberal de economía, de educación, de atención médica, de administración pública, de derecho y de tecnología (Harvey, 2015, p. 74).

El neoliberalismo planteó una situación novedosa al extender la racionalidad económica a esferas y actividades que hasta entonces estaban regidas por otros sistemas de valor. En este sentido, el neoliberalismo ha hecho que tanto las personas como los Estados se construyan sobre el modelo de la empresa contemporánea, haciendo que aquellas y estos se comporten en modos que maximicen su valor de capital en el presente y mejoren su valor futuro. Esto lo hacen tanto las personas como los Estados a través de prácticas de empresarialismo, inversión y atrayendo inversionistas. (Brown, 2015, pos. 198).

¿Cómo el neoliberalismo transformó la universidad? Para el neoliberalismo, “la organización tradicional de las universidades implica en el mejor de los casos una asignación poco eficiente de los recursos públicos, en el peor, un puro desperdicio” (Escalante, 2016, 230). Consideran que mucho de lo que se hace en la actualidad en las universidades es superfluo, vano, se enseñan cosas inútiles y se investiga sobre asuntos no relevantes. Las humanidades son cuestionadas y muchos departamentos han desaparecido. Filología, Geografía han sido cerradas en Alemania, Inglaterra. Sobre Historia, Filosofía, Artes pende en muchas universidades la espada amenazante de la suspensión de programas y el recorte de personal.

Los neoliberales han sostenido que la universidad debe ser transformada sustancialmente, y debe actuar como una empresa que busca éxito en la competencia por fondos, profesores, estudiantes; debe abandonar la idea de la comunidad científica que produce conocimiento como un bien público global, y avanzar hacia la producción de un conocimiento competitivo como un bien privado (Münch, 2014).

En este nuevo modelo de universidad “la expansión global, el cambio acelerado del conocimiento, el crecimiento del número de estudiantes y la mercantilización de las condiciones de vida en general hacen que recursos privados desplacen la financiación pública en la educación superior de forma que sea posible acelerar y dirigir la producción de conocimiento” (Brandt, 2011, p. 128).

Las universidades deben entonces cambiar de forma radical, supeditarse al mercado y dejar de ser estériles torres de marfil, pues mucho en la educación superior parece superfluo. El problema de las universidades para el neoliberalismo es también que los profesores “sean funcionarios, burócratas, ajenos al movimiento del mercado, y más: que sean profesionales, con plazas definitivas, y por lo tanto capaces de hacer cualquier cosa con su tiempo, o nada, o dedicarse al estudio de alguna fruslería” (Escalante, 2016, 230).

El propósito se enuncia en una frase. Las universidades deben supeditarse al mercado. Como la eficiencia depende del mercado, “la aspiración es introducir la competencia, los apuros y riesgos y vaivenes del mercado, para recompensar a los mejores, a los que se dedican a algo útil, es decir, algo apreciado por los consumidores” (Escalante, 2016, 230). A la jauría estridente de los neoliberales les parece una gran estupidez de la izquierda que considere que la universidad no debe someterse al mercado. ¡Qué horror! “Hay profesores que continúan alimentando el odio por el mercado y por la libre empresa”. ¡Farsantes, aprovechados!

La transformación de la universidad ha sido general. Comenzó en el Reino Unido durante el gobierno de Margaret Thatcher buscando aumentar la productividad de las universidades mediante la reducción del nivel salarial de los profesores y la eliminación del carácter definitivo de las plazas. Se continuó en los Estados Unidos con similares reformas y se ha extendido a muchos países de América Latina. En México se impuso un sistema de estímulos para la producción, que ha sido adoptado en Argentina, Perú y Colombia, entre otros países.

En el marco de este modelo se han planteado, también en Colombia, unos lineamientos para definir lo que debe ser la universidad. Desde el Informe Atcon, el Plan Básico de la Educación Superior en Colombia, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo por lo Superior 2034, hasta el documento del Banco Mundial-OCDE (2017), distintos gobiernos han buscado transformar la universidad para que se articule con las necesidades de las empresas y el mercado.

Las ideas básicas de estos lineamientos son: es necesario abrir disciplinas que respondan mejor a las necesidades de la sociedad, las cuales se definen por el desarrollo de aquellas áreas de la ciencia y la tecnología que le permiten a un país mantener su nivel de competitividad en el mercado global. El conocimiento debe buscarse en función del crecimiento del capital. El cambio central que se tiene que dar en la universidad consiste en pasar de ser una universidad al servicio de una formación profesionalizada, a ser una universidad capaz de gestionar su propia misión mediante la investigación, la innovación y la relación con el sector productivo.

Este proceso de transformación de las universidades, públicas y privadas, llegó a Colombia en los años noventa y su implementación ha dado como resultado un cambio lento en algunas universidades y rápido en otras, en la dirección de lo que está sucediendo en el mundo. Esto se puede apreciar en una serie de programas, propuestas y lineamientos:

1) El programa “Ser Pilo Paga”, –aunque la Ministra de Educación anunció su fin–, constituye una clara muestra de la forma cómo una política ha producido consecuencias negativas para la universidad pública. Este programa ha afectado la sostenibilidad financiera de estas, puesto que es funcional al aumento de los ingresos y la participación de las universidades privadas, ya que el 98.4% de sus recursos han ido a las universidades privadas.

2) El desfinanciamiento estructural de las universidades públicas es, según un estudio hecho por el SUE (Sistema de Universidades Estatales), de 15 billones de pesos, los cuales se han estimado en $ 1.4 billones de base presupuestal para atender gastos de funcionamiento y 13 billones de recursos para inversión. Este hueco en el presupuesto es el efecto del impacto económico de diferentes  leyes y decretos promulgados desde 1992 sobre materia prestacional y salarial que crearon nuevas obligaciones a las universidades, sin un aporte del Estado para su cumplimiento. En concreto, la Ley 30 de 1992 estableció en sus artículos 86 y 87 que las transferencias que reciben las universidades crecieran al ritmo del comportamiento del IPC. Pero los gastos de funcionamiento, inversión y de personal han aumentado 5.9 puntos porcentuales por encima del IPC entre 2010 y 2017.

Esta es probablemente la decisión política más problemática que han tomado los gobiernos sobre educación pública universitaria, desde el primero de Álvaro Uribe hasta los dos de Juan Manuel Santos. Desfinanciar en esta suma tan importante a las 32 universidades públicas significa simple y llanamente quitarles la base material de su existencia.

Lo que implementaron las ministras María Fernanda Campo, Gina Parody y Janeth Giha Tovar, respaldadas por rectores afectos a estas orientaciones, es lo que puedo denominar una típica política neoliberal. De esta manera se ha buscado deteriorar la universidad por todos sus flancos para convertirla en una universidad privada o empresarial: el capital no está interesado en ella, las familias llenas de deudas y ansiosas por el futuro no la buscan, buscan universidades privadas, el Icetex, o programas como Ser Pilo Paga; la racionalidad neoliberal no la valora ni la indexa y, por supuesto, los Estados ya no invierten en ella (Brown, 2015, pos. 3181).

Lo que ha producido la denominada desfinanciación es pues la negación de la idea fundamental de la universidad, como fue definida en la Constitución de 1991. Esto se puede decir así: la universidad es una comunidad académica compuesta básicamente por tres elementos: ciencia e investigación, formación docente y humanismo; lo que preserva el carácter académico, investigativo y humanístico de la universidad es su autonomía. Para desarrollar una investigación básica y autónoma, la universidad ha de ser libre. Y para ser libre, el Estado debe financiarla.

3) La subvaloración de la investigación científica se puede apreciar en los recortes para la financiación de las becas doctorales y en los exiguos presupuestos para ciencia y tecnología.

4) De igual manera se afecta negativamente a las ciencias, las humanidades y a la universidad por medio del proceso de clasificación de las revistas por parte de Colciencias. Según los resultados del último Publindex, el 80% de las revistas que tienen categoría en la actualidad, quedarían sin ella. Se calcula que de 75.000 revistas indexadas se pasará a 35.000. Entre las formas de clasificación de las revistas están las métricas adoptadas para determinar el volumen relativo de citaciones de una revista. A mayor volumen de citas, mejor es la revista. Las revistas escritas en castellano, que son en su mayoría utilizadas por la comunidad de las disciplinas humanísticas, tienen en esto una gran desventaja pues quienes pueden leer y citar en castellano son apenas un 3% de la comunidad total, mientras que el inglés, por ser la lingua franca del mundo académico de hoy, todos los autores en cualquier disciplina pueden leer y citar en este idioma. Esto genera un tratamiento absolutamente inequitativo, que perjudica especialmente las revistas de humanidades y ciencias sociales pues quedan clasificadas en los rangos o cuartiles más bajos y otras quedan fuera de la clasificación.

5) Algo similar sucede con la medición de la investigación y de los grupos. Los estándares internacionales de medición de la ciencia, que utilizan indicadores de visibilidad, colaboración, impacto, excelencia y liderazgo, son insuficientes para la medición de la investigación en ciencias sociales, humanidades y artes, porque los criterios que utilizan corresponden propiamente a las dinámicas de creación del conocimiento de las ciencias.

6) La cuestión del aumento de la cobertura es otro tema importante. Colombia ha buscado ampliarla para enfrentar el problema de darle a los jóvenes que terminan su bachillerato acceso a una educación postsecundaria que les permita completar un ciclo de formación y así poder ingresar en el mundo del trabajo. La cifra de cobertura es en el 2018 del orden del 52 %, incluyendo los estudiantes del Sena, que representan cerca del 18 %. Se calcula que hoy se requerirían 500.000 nuevos cupos para poder dar a todos los jóvenes la oportunidad de estudiar en la universidad.

La Universidad de Antioquia aumentó la cobertura de forma significativa en el período de 1994 a 2016, pues pasó de tener 17.687 estudiantes a 37.041 estudiantes en pregrado, 1.646 en maestrías y 616 en doctorados; aumentó también el número de programas: tiene 103 programas de pregrado y 213 de posgrado; 13 sedes regionales en los municipios del departamento y cuenta con 1.419 profesores vinculados, 507 ocasionales y 4.983 de cátedra. Sin embargo, este aumento de la cobertura, de programas, la creación de nuevas sedes regionales, no ha correspondido con un crecimiento de la planta profesoral. El lento incremento de la contratación de nuevos profesores de tiempo completo, en un contexto de falta de recursos para las universidades públicas, se ha traducido en el aumento del número de docentes ocasionales y de cátedra.

Aquí se cruza de forma dramática el asunto de la desfinanciación con la política estatal de aumento de cobertura. Y es donde aparece la figura sociológica de la precarización del prefesorado, –del descenso social–, que como un fantasma recorre la universidad pública y que golpea, primero, a los profesores de cátedra (catedráticos) y ocasionales, pero que terminará afectando a casi todos.

Independientemente de la reforma tributaria y de los posibles cambios del sistema salarial y prestacional, que hoy se discuten en las altas instancias del gobierno, el SUE, ASCUN, y las universidades, es importante señalar primero que los grupos peor situados en la actual estructura organizacional de las universidades públicas son los que están en la que llamaré zona de desvinculación, -profesores de cátedra (17.918) y ocasionales (4.235)-. (Estudio Decreto 1279 de 2002).

Según este estudio, en 2013 había en las 32 Universidades Públicas 11.771 profesores de carrera docente, 4.235 ocasionales y aproximadamente 17.918 de cátedra o catedráticos, quienes dictaron 3.040.190 horas/semestre. En 2018, el salario del grupo élite, 626 docentes, está entre 900 y 2.578 puntos. El salario del grupo medio, 267 docentes, está entre 767 y 954 puntos. Y el grupo bajo, 191 docentes, está entre 550 y 765 puntos. De los ocasionales 796 tienen 0 puntos por producción académica y solamente 9 tienen más de 100 puntos.

El grupo que está en la zona alta salarial (615 profesores), no se sentirá tan afectado por los cambios que plantee la reforma tributaria y otras reformas. Los que están en la zona media (2.937 profesores) y baja (3.133 profesores) verán vulnerados sus ingresos. El descenso social los amenaza. Pero los profesores de cátedra y ocasionales, sin garantías de seguridad y estabilidad, experimentan un sentimiento de precariedad, pues a pesar de sus estudios y experiencia, se ven atrapados en la temporalidad del empleo. Este grupo vive también una profunda impotencia pues la educación ya no garantiza las aspiraciones de mejoramiento económico y social, autonomía y seguridad que anteriormente otorgaba el trabajo.

Este grupo de profesores, así como los pertenecientes a la zona salarial media y baja, está ante un proceso de degradación profesional, descalificación de los perfiles académicos, de los títulos y producción académica. Degradación con consecuencias salariales por las dificultades para hacerse más competitivos mediante el trabajo académico. Estas situaciones producen una precarización de las condiciones sociales del trabajo en la universidad. La relación laboral normal de la que han gozado los académicos en virtud de un grado mayor de formación, una actividad cualificada y cierto prestigio, tiende a deteriorarse. Esto no tiene que ver con que unos profesores le han hecho el juego al capitalismo cognitivo y otros no. La desfinanciación y la precarización están articuladas y no solamente afectan los salarios. Afectan la posibilidad de la existencia de la universidad pública.

Las directrices que el neoliberalismo universal o global, –pero también el de Perry y su pandilla–, impone a la universidad, tiene como consecuencia un profundo debilitamiento de la democracia, la vida pública, la participación ciudadana. El vaciamiento de la democracia afecta gravemente a las universidades, especialmente a las públicas, en la medida en que estas son separadas de la misión de proveer una amplia educación humanista a la mayoría. “Puede ser que la democracia no exija la participación política universal pero no puede  sobrevivir a la ignorancia absoluta del pueblo sobre las fuerzas que dan forma a sus vidas y describen su futuro” (Brown, 2015, pos. 3147). La “formación para todos” no es un eslogan, para obligar a estudiar por la fuerza, pero si lo es para la formación democrática de los ciudadanos. La universidad debe contribuir al proyecto de emancipación humana por vía de la formación democrática de los ciudadanos. Ella ayuda con su potencial del conocimiento a crear las instituciones que promocionan la “formación para todos”. “Sin esta función pedagógica la universidad corre el riesgo de convertirse en instrumento de la industria y de sus administradores burocráticos” (Brandt, 2011, p. 171).

Conclusión: Tenemos que preguntarnos finalmente en qué se debe centrar el debate sobre la educación superior. Las universidades que más beneficios obtuvieron del Programa Ser Pilo Paga tienen a sus ideólogos y columnistas pidiendo a gritos que el presidente Duque eche para atrás esa pésima decisión.

Guillermo Perry, Andrés Hoyos y otros, piensan que los movimientos sociales en defensa de la universidad pública son como dice el ministro de Defensa Guillermo Botero, una especie de guerra civil a todas luces maligna, y contra ella han desatado una rabiosa guerra de palabras. Como dice John Keane, nunca han escaseado los guerrilleros verbales.

En realidad, como señala Francisco Cajiao, este programa que solamente beneficia a 10.000 jóvenes por año, da solamente un aporte marginal a las demandas de cobertura, que se calcula requerirían hoy de 500.000 nuevos cupos. SPP no es más un tema importante, pero hay que tener cuidado porque esos “bausanes estridentes pletóricos de vulgaridad” pueden mucho, pues son hombres del poder. Tampoco es central el asunto de la reforma del Decreto 1279, la cual, aseveró la Ministra en el SUE, no está previsto hacerla. Hay que
estar alerta de todas formas. Parece además que hay una solución parcial al asunto de la desfinanciación. El rector John Jairo Arboleda informó que se destinarán en el presupuesto de este año 500 mil millones de pesos para las 32 universidades públicas.

De este modo, los temas importantes ahora son otros. Asegurar el adecuado financiamiento de las universidades públicas y los recursos para la investigación básica; hacer reformas de fondo en la educación básica y en la media para aumentar la cobertura en la educación superior; incrementar la contratación de nuevos profesores de tiempo completo por medio de concursos públicos de méritos para así enfrentar la amenaza de la precarización que viven los profesores ocasionales y de cátedra; revisar las políticas de clasificación de las revistas por parte de Colciencias con el fin de equilibrar la valoración de las revistas de las distintas áreas de conocimiento. Hacer retroceder los efectos regresivos de la Reforma Tributaria que afectó seriamente los ingresos y calidad de vida de los profesores universitarios, solicitando al gobierno central y al Congreso que se mantengan los gastos de representación como renta exenta.

Referencias bibliográficas

Brandt, R., (2011), Wozu noch Universitäten? Hamburg, Meiner.

Brown, W., (2015), El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Editorial Malpaso, Barcelona.

Escalante, F., (2016), Historia del neoliberalismo, Turner Publicaciones, Madrid.

Münch, R., (2009), Globale Eliten, lokale Autoritäten. Bildung und Wissenschaft unter dem Regime von Pisa, McKinsey & Co., Frankfurt am Main.

Münch, R., (2014), Academic Capitalism. Universities in the Global Struggle for Excellence, Routledge, New York.