Confianza y autonomía de las universidades: Simon Schwartzman – mayo/19

De Brasil para la región

Más que un precepto legal, la autonomía de las universidades es una condición necesaria para que cumplan el papel que la sociedad espera de ellas, como principales depositarias de la cultura, por la creación de nuevos conocimientos e instituciones formadoras de profesionales competentes. Así como no son los pacientes que dicen a los médicos cómo deben ser tratados, porque son los médicos que entienden de la salud, no son los gobiernos (o los estudiantes) que pueden decir a las universidades qué y cómo deben investigar y enseñar, porque son los médicos profesores e investigadores, y no a los gobernantes o estudiantes, que trabajan en la frontera del conocimiento y de los estudios.

Esto, claro, en el mundo ideal. En el mundo real, la autonomía depende de una relación de confianza entre las universidades y la sociedad, que, cuando existe, reconoce y valora la autoridad intelectual de los profesores y contribuye con su dinero. En el pasado, cuando las universidades eran pequeñas, costaban poco y sus profesores y alumnos provenían de las mismas élites de los gobernantes, esta relación de confianza se establecía de forma casi automática. En el mundo de hoy, con universidades gigantescas, grandes presupuestos y profesores y alumnos provenientes de diferentes ambientes y condiciones sociales, esta relación de confianza queda sacudida, haciendo que los movimientos políticos presionen y los gobiernos desarrollen sistemas complicados y no siempre exitosos de evaluación desempeño de las universidades y restricciones en el acceso y uso de recursos. En la medicina, tampoco creemos más, piadosamente, en todo lo que el médico nos dice, recurrimos al Dr. Google y buscamos casi siempre una segunda opinión, lo que obliga a los médicos a explicarse más y dejar de escribir de forma ilegible.

Esta desconfianza tiene sus razones, porque el ejercicio legítimo y necesario de la autonomía puede fácilmente convertirse o confundirse con la mera defensa de intereses y privilegios corporativos. Pero cuando los pacientes o el dueño del hospital empiezan a decir a los médicos cómo tratar, y políticos, burócratas y movimientos sociales a mandar en las universidades, ni la medicina ni la educación logran funcionar bien. La agresividad reciente del Ministro de Educación contra las universidades federales es sólo un ejemplo extremo de esta pérdida de confianza, que necesita ser recuperada.

Esta recuperación interesa a todos, y requiere un trabajo permanente de ambas partes. No es posible volver a los viejos tiempos en que las universidades hacían lo que querían y la sociedad pagaba la cuenta. Los sistemas de evaluación externa vinieron para quedarse, aunque, como en Brasil, cuesta mucho y dejan de evaluar lo que más interesa. A pesar de lo que dice la Constitución, las universidades federales brasileñas nunca fueron autónomas, porque no tienen control sobre sus recursos, rígidamente administrados por el gobierno central. La casi totalidad se va en salarios y jubilaciones, y los demás costos – costeo, inversiones, creación de nuevos cargos – deben ser negociados uno a uno por los rectores, que necesitan mostrar lealtad a los ministros o recurrir a presiones políticas para sobrevivir. Tampoco existe total libertad de enseñanza y de investigación, con los currículos mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Educación, los programas de postgrado teniendo que seguir los estándares de la CAPES y la contratación de profesores sujeta a las reglas rígidas de los concursos. Las universidades paulistas tienen más autonomía para administrar sus recursos, pero todas están sometidas a las mismas reglas del servicio público y sujetas a permanente acoso de órganos de control o grupos políticos cuando buscan ampliar su libertad de acción, sobre todo en el área financiera.

Para recuperar su legitimidad, las universidades públicas necesitan preocuparse más seriamente con la calidad y relevancia de lo que producen, mostrar mejor lo que hacen y asumir la responsabilidad por la administración de sus recursos, saliendo del cuello cómodo, pero sofocante, del servicio público. El formato de las organizaciones sociales, adoptado con éxito por el Instituto de Matemáticas Pura y Aplicada y por el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales, muestra cómo hacerlo. Es necesario diversificar las fuentes de recursos, incluso por el cobro de matrículas de los alumnos, por un mecanismo que no discrimina a los más pobres, como el financiamiento vinculado a la renta futura adoptada en Australia y otros países; y entrar definitivamente en el mercado de talentos, negociando contratos flexibles y salarios competitivos para diferentes sectores y áreas de conocimiento. Es necesario también adquirir más autonomía en relación a los grupos de interés internos, estableciendo sistemas de gobernanza con fuerte participación externa.

El gobierno, en lugar de alternar entre aceptar todo y pagar la cuenta, para garantizar apoyo o con miedo de las protestas, o partir para el ataque, necesita desarrollar un sistema más adecuado de evaluación y asociar el financiamiento público al desempeño efectivo de las instituciones, contratos de gestión, y no a sus costes históricos. Un buen punto de partida sería tomar en serio las recomendaciones del informe de la OECD, publicado a finales de 2018, sobre cómo reformular el sistema brasileño de evaluación de la educación superior. En lugar de evaluar cada curso, aumentar la responsabilidad de las instituciones sobre lo que hacen; dejar de lado el ENADE, con sus rankings sin patrones de calidad y los índices cabalísticos que nadie entiende, e introducir datos objetivos sobre desistimiento, empleabilidad y costos; y crear una agencia de evaluación independiente, fuera del Ministerio de Educación.

Las instituciones de educación superior y de investigación, públicas y privadas, con todos sus problemas, son también un patrimonio inestimable, construido a lo largo de décadas, habitadas por personas competentes, motivadas y comprometidas con el trabajo que hacen, que necesitan ser tratadas con afecto. A finales de los años 70, el israelí Joseph Ben-David, famoso historiador y sociólogo de la ciencia, vino a Brasil por invitación de José Pelúcio Ferreira, entonces presidente de la FINEP, envuelta con el reenguimiento de la investigación y la tecnología brasileña, sacudidas con los purgantes del régimen militar. Preguntado sobre la dificultad en construir instituciones, y la facilidad con que ellas pueden ser destruidas, respondió que, desgraciadamente, contra comisarios y coroneles truculentos, no hay mucho que se pueda hacer. Es necesario evitar que esto suceda de nuevo.

Tomado de: http://www.schwartzman.org.br