noviembre 16, 2018 7:50 am


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En blanco y negro, análisis de los pros y contras del acuerdo Gobierno – Rectores

Oct 28/18 El acuerdo del presidente Duque, la ministra Angulo y 25 rectores de universidades e IES oficiales da un importante paso para la educación superior pública, pero no el suficiente. Si las nuevas transferencias no se acompañan de acciones, el problema volverá. Análisis.

Con la promesa de entregar un dinero, aún por conseguir, el gobierno del presidente Duque logró reversar un panorama gris con la universidad pública, y -si lo sabe capitalizar- puede voltear la situación y pasar de ser casi indiferente frente al tema a convertirse en el gobierno más preocupado por el mismo.

El anuncio de más dinero (poco según profesores y estudiantes) tiene un aspecto determinante: Por primera vez, desde la vigencia de la Ley 30 de 1992, un gobierno está reconociendo formalmente que la fórmula definida en dicha norma es obsoleta, desactualizada e inequitativa y que las transferencias deben ajustarse al real crecimiento de gastos del sector y no del IPC. Haber anunciado recursos para la base presupuestal y, por ende, soportar gastos de funcionamiento, cambia drásticamente la costumbre de los gobiernos de dar algunos contentillos y, esencialmente, dar aportes aislados para más inversión, de tal forma que no se afectara la base.

La promesa de más recursos para los próximos cuatro años genera dos consecuencias. Por un lado, si no se reforma la Ley 30, por lo menos en el modelo de asignación de recursos, el próximo gobierno (2.022) llegará con la presión de continuar con aportes que mejoren la base. De otro lado, el anuncio del gobierno Duque significa la compra implícita del silencio de los rectores, por lo menos por los próximos meses de los esfuerzos adicionales que tendrán que hacer para aumentar cobertura y aceptar la propuesta de la Generación E.

Hasta antes del viernes, el gobierno no había manejado bien el tema. Sólo cuando ya estaban (el 10 de octubre) cientos de miles de estudiantes en las calles -después de que la marcha se había anunciado varias semanas atrás- salió a prometer 500 mil millones, que en vez de amainar la lluvia, aumentó el temporal; sólo cuando ya era un hecho una segunda gran marcha, salió el presidente Duque a hablar del intento de buscar un billón adicional de regalías, lo que tampoco satisfizo por no ser plata cierta; las distintas reuniones del viceministro Pérez, sus asesores y la ministra Angulo con los rectores sólo lograron desgastarlos y hacerle perder autoridad al Ministerio de Educación como interlocutor válido (prueba de ello es que solo la reunión con el presidente Duque desató la situación); el intento del Ministerio de dialogar, por separado, con estudiantes, tampoco le dio resultado; ante el Congreso, el nuevo Gobierno ha demostrado no tener la incidencia necesaria para alinear a sus parlamentarios o evitar que estos cuestionaran el tema; y el desconocimiento del Ministerio de los reclamos del profesorado y su indolencia ante la huelga de hambre de los profesores, aumentó la molestia y dudas del sector con la ministra como líder del mismo.

Un buen acuerdo, pero no el mejor acuerdo

Pero el dinero tiene poder, y el anuncio le permite al gobierno recobrar una posición de control que puede perder muy fácilmente si no mejora su comunicación con el sector y el país y define un plan estratégico, de largo plazo, que le permita a Colombia saber cuáles deben ser los roles exactos de sus IES públicas y liderar (desde el gobierno y no desde el Congreso o las propias IES) una necesaria, urgente y aclamada reforma a la Ley 30.

Como pocas veces se había visto, este es el momento de convocar un escenario nacional para replantear las reglas de juego. El esquema de dar y dar más recursos a la universidad pública (necesarios, pero ¿optimizados?) puede ser contraproducente si no hay una claridad del uso y efectividad de los mismos. El modelo de financiación colombiano, sumado a los diferentes recursos que gestionan las IES (matrículas, donaciones, estampillas, impuestos, alianzas, contratación…), tiene el riesgo de contemplar a las IES y hacer que éstas aumenten cada vez más gastos de funcionamiento, sin la certeza de cómo, cuánto y hasta dónde deben darse recursos de parte del Estado.

Claramente, el resultado obtenido fue producto de una negociación política (Gobierno cedió para quitarse un piano de encima y rectores ganaron bajo el oculto chantaje de seguir promoviendo el paro que, como ya le pasó al gobierno, le significó un golpe de imagen negativa entre la opinión pública) y no de un acuerdo técnico, y ahí está la principal debilidad de lo logrado.

Ganadores y perdedores

En este momento no se puede hablar de perdedores, pues todos los que han intervenido en el proceso pueden salir a proclamarse ganadores, hasta los propios profesores y estudiantes, pues ellos fueron claves en mover la opinión pública.

Detrás de ellos, el propio Gobierno puede salir a lucirse diciendo que es el más preocupado por el tema; los rectores, pueden hablar de un logro histórico de “ellos”, e incluso los congresistas que se pusieron del lado de la protesta, pues de alguna manera todos ganaron.

Pero podría haber unos perdedores si no revisan su estrategia: Los profesores y los estudiantes, pues más allá de que tengan o no razón al considerar que no fueron tenidos en cuenta directamente en el diálogo con el Gobierno o que sus pretensiones van mucho más allá de lo acordado, continuar con sus protestas, no retornar a la actividad académica y bloquear calles, puede llevar a que la opinión pública se les voltee y considere que lograron los recursos que muchos otros sectores no pudieron, que no son considerados con la situación del país, en un momento en el que el tema está pasando la página en los medios de comunicación, y que empiezan a resurgir otras preocupaciones nacionales (corrupción, JEP…).

Así como han sido ingeniosos para protestar y lograron desmarcarse del movimiento estudiantil como un aliado de la izquierda o de grupos extremistas, los estudiantes deben evitar la tentación mediática, el considerarse redentores de una causa de generaciones y deben buscar formas alternativas de demostrarle al país que sólo con más recursos, pero sobre todo con un proyecto académico claro de nación, se justifica el esfuerzo del Estado por darles más recursos.

Algo parecido sucede con el movimiento profesoral. ASPU (entidad sindical a la que difícilmente se le escucha un adjetivo calificativo positivo de éste o de cualquier gobierno) ya salió a rechazar el acuerdo, y mantenerse en esa posición radical le podrá mantener la dignidad de su discurso, pero también aumentar la molestia del sector académico que considera que piden beneficios que no siempre son acordes a la realidad.

Mención especial debe hacerse a la Red de IES técnicas, tecnológicas y universitarias públicas (Red TTU) que logró, finalmente, que el Gobierno nacional comenzara a apropiarse del término de IES oficiales y no sólo de universidades públicas, con lo que no sólo en la propuesta de presupuesto general de la Nación para 2019 se comienza a considerarlas en un nivel similar, sino también que en el acuerdo del Palacio de Nariño, se les considerara igual que a las IES del SUE.

Debe indicarse, igualmente, que la llegada a la presidencia del SUE de Jairo Torres Oviedo, rector de Unicórdoba, fue significativa para el desenlace de este proceso. Su gestión logró hacer plenamente visible un tema que venía dándose desde hace varios años, pero su capacidad de lobby y de congregación, especialmente de las universidades públicas más afectadas por las transferencias -léase “pequeñas-, lo han llevado hasta hoy.

El camino por recorrer no está asfaltado. En su nueva solidaridad con el gobierno, los rectores deben entrar a convencer a sus profesores y estudiantes de la necesidad de retornar a clases; universidades como la Nacional, Antioquia y Córdoba, entre otras, deben buscar fórmulas creativas para terminar de funcionar este año -pues los recursos anunciados se darán a partir de 2019-, el Ministerio debe recuperar la confianza que perdió con los rectores, y las IES públicas deberán contentarse con lo que recibirán, que es mucho mejor que nada, pero también mucho menor de lo que aspiraban, más ahora que la división de aportes no se hará por las 32 universidades del SUE sino por las 61, incluidas las IES oficiales que no son universidades.