noviembre 16, 2018 7:47 am


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Examen habilitante para abogados sería inconstitucional, por vulnerar derecho a la igualdad

Oct 31/18 La Corte Constitucional admitió una nueva demanda contra la totalidad de la Ley 1905 del 2018, que determinó un examen habilitante para el ejercicio del Derecho.

La demandante (Paola Blanco Gutiérrez) solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad total de la ley por considerar que la norma vulnera varios preceptos constitucionales, dentro de los cuales se encuentran los contenidos en los artículos 13 (igualdad), 67 (derecho a la educación) y 69 (autonomía universitaria) de la Carta Política.

Lo anterior pues, además de crear diferenciaciones injustificadas entre los abogados, no es clara la forma de calificación del examen, ya que dice la norma que se entenderá aprobado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba, criterio que no es uniforme, pues “si en un examen se presentan estudiantes con mayor nivel y habilidades se incrementa el mínimo requerido para aprobar”, explica.

Así mismo, considera que si el objetivo de la ley es garantizar abogados mejor preparados para representar de manera idónea y calificada intereses de terceros, con base en el preocupante índice de sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, realmente no se estaría atendiendo el problema de fondo relativo a la ética profesional.

Es bueno recordar que el exrector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, había manifestado en su columna de El Espectador que estimaba que “el artículo se refiere a la media aritmética, que bien hubiera podido reemplazarse por la palabra “promedio” para mayor claridad y no dejar la libertad de pensar en una media geométrica, media ponderada o media armónica, por ejemplo”.

Además, dijo, aceptando que esa sería la media a la que se refiere la ley, “obsérvese entonces que para aprobar el examen se necesita que el puntaje “supere la media del puntaje nacional”; es decir que si todos los estudiantes obtuviesen el mismo puntaje ese sería la media y, por lo tanto, ninguno aprobaría entonces el examen”, argumentó en su momento el profesor. (Lea: ¿Un examen habilitante para ejercer el Derecho mejorará la profesión?, en Ambito Jurídico).

“Es como si en un curso el profesor tiene un grupo ‘bueno’ y todos los estudiantes tienen notas entre 4.0 y 5.0, digamos con un promedio de 4.7; con esta metodología los que obtienen menos de 4.7 ‘pierden’ el curso. Pero si en cambio ese mismo profesor tiene otro grupo ‘malo’ en el que la mejor nota es 2.7, entonces todos deberían reprobar, pero con este invento todos aprueban el curso”, concluye el exrector, en el mismo sentido de la demanda presentada.

Por último, en la demanda se plantea el presunto desconocimiento del derecho fundamental a la educación y el desconocimiento del esfuerzo de quienes se han preparado para obtener el título de abogado y ejercer la profesión, aumentando un requisito que no tienen todas las demás carreras y que dejaría a los abogados que no aprueben el examen en un limbo profesional.

Lo que dice la Ley

LEY 1905 DE 2018

(Junio 28)

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del examen de estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, directamente o a través de una institución de educación superior acreditada en alta calidad que se contrate para tal fin.

Se entenderá aprobado el examen de estado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.

PAR. 1º—Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

PAR. 2º—La certificación de la aprobación del examen de estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la tarjeta profesional de abogado. Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.

ART. 2º—El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.

ART. 3º—Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga las normas que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.

Fuente: Ambito Jurídico