Gobierno expedirá decreto de calidad, sin responder a inquietudes de las IES

Julio 9/19 El nuevo decreto sobre el SAC no responderá todas las expectativas del sector. La manera como el Ministerio ha callado frente a las consultas, genera mucha inquietud.

Ante la publicación de este Observatorio titulada El nuevo decreto sobre Calidad, aparentemente positivo, varios académicos e IES expresaron reservas frente a la valoración de “positivo”, pues temen que se terminen imponiendo intereses sectoriales de algunas IES, desconociendo los intereses de otras.

El Observatorio insiste que la forma como el Gobierno ha escondido la versión final, y los propios asesores del Ministerio dicen (de forma poco creíble) desconocer el texto, no ha sido la mejor par aun sector en el que la consuta es una esencia propia de su debido actuar.

Si bien, como se señaló, se indica que el decreto busca apuntar a temas neurálgicos del sector, y que “ojalá que el misterio que le han puesto al texto final no dé motivo para alguna demanda o que el decreto pueda llegar a caerse por algún aspecto de forma o porque traiga algún artículo disimulado, que cause efectos contrarios y muy incómodos, especialmente porque existe la sospecha de que la norma ha sido diseñada bajo la sombra de los intereses de las universidades mal llamadas grandes y acreditadas, que a todas luces serán las principales beneficiadas de lo que se legisle, pues podrán seguir extendiéndose en cobertura”.

Observaciones sin respuesta

Para efectos de ilustración de lo que podría recoger el nuevo decreto, El Observatorio presenta algunas de las consideraciones que IES han hecho al documento, y que pese a ser debidamente tramitadas no han tenido respuesta formal de parte de la entidad:

1) Sobre el cambio en el concepto de calidad. A juicio de algunos, privilegia la mirada externa al referirse a que los atributos están condicionados por las demandas sociales, culturales y ambientales y que estos desencadenan entonces el mejoramiento, la autoevaluación, y la transformación permanente de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. El concepto de calidad es realmente mucho más amplio y no es un concepto unívoco, es decir, que sea igualmente válido para todas las instituciones. Esta concepción de calidad no se aprecia en esta definición, que es ante todo de carácter funcional, pero que de esta manera, presenta algunas dificultades. Más adelante incluso se habla de los objetivos dinámicos de la calidad de la educación superior sin decir en qué consiste esta característica de la calidad, pues el carácter dinámico se les confiere a los atributos, más no a la calidad.

2) La definición del Sistema Nacional de Acreditación se considera muy vaga y habla que está integrado por instituciones y unas denominadas instancias, sin que se definan estas últimas. La definición además del sistema introduce una serie de elementos que hacen difícil entender qué es realmente el sistema (resultados académicos bajo principios de equidad y sostenibilidad, por ejemplo).

3) Sobre el registro calificado se dice que (las instituciones) “ […] en cada uno de los procesos de renovación de registro calificado […] deberán demostrar procesos de mejoramiento asociados a las condiciones de calidad desde la obtención del registro o la anterior renovación […]” No obstante, este componente de la definición no es desarrollado suficientemente en las condiciones de calidad, a pesar de la exigencia de la presentación de planes de mejoramiento y de su cumplimiento.

4) No es claro a que se refiere el término de “disponibilidad”de los profesores.

5) La definición de políticas confunde las políticas en sí mismas con directrices.

6) El componente de gestión de la información como parte de la estructura administrativa y académica es confuso cuando habla, por ejemplo, de “[…] Este criterio aplica a la publicidad y a las comunicaciones internas, conforme con la normatividad que se encuentre vigente en materia de protección de datos.”

7) En la condición institucional de estructura administrativa y académica se espera que las instituciones hayan optado por una gestión por procesos. Nuevamente, este paradigma organizacional – como ese puede haber otros – no puede establecerse como norma por encima de la autonomía que la Ley 30 de 1992 les confiere a las IES.

8) El modelo de bienestar introduce el concepto de comunidad institucional, cuando anteriormente se habla de comunidad académica, también de comunidad educativa y también, erróneamente, en algún otro aparte de estamentos. Esto deja en evidencia la desarticulación de diversos planteamientos incorporados en esta propuesta de decreto. En el modelo de bienestar se deben tener en cuenta no solamente los niveles de formación, sino también los diferentes perfiles de los estudiantes, por ejemplo, aquellos que asisten en horario nocturno en programas presenciales.

9) En la condición de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas (¿?) se habla entonces de metas. Significa que las instituciones deben tener metas?

10) La nueva definición de créditos académicos presenta serias dificultades operacionales (dedicación de una comunidad ¿?; ) e introduce categorías (proyecto formativo, curso) que no son de todas las IES. En este asunto, en un mismo artículo se habla al mismo tiempo de metodología y modalidad para referirse a lo mismo. La potestad de definir el número de créditos académicos se traslada de las IES como lo contemplaba el Decreto 1295 de 2010 al Ministerio de Educación Nacional (Artículo 5.3.2.4.3.), asignándole entonces al gobierno la posibilidad de definir la forma como se entiende la dedicación al trabajo académico de los estudiantes, lo cual trasciende la función del Ministerio de Educación Nacional y trasgrede la autonomía de las IES.

11) En diversas partes del informe se habla de modalidades para referirse a presencial, a distancia, virtual, dual u otras. En primer lugar, la Ley 30 de 1992 se refiere a la metodología abierta y a distancia, con lo cual esta categoría ha sido la adoptada hasta ahora por el Ministerio de Educación Nacional en sus sistemas de información. En segundo lugar, no se define en ningún momento cual es la modalidad dual ni cuales otras pueden existir.

12) Finalmente, el proyecto de decreto presenta diversas falencias de sintaxis que deben ser atendidas y en esta medida corregir las evidentes debilidades en este sentido de los responsables de la redacción.