La gobernabilidad en las universidades públicas estatales de Colombia

Creado en Lunes, 16 Diciembre 2013

Con la descripción de "una trama compleja en el escenario de la autonomía", Juan Carlos Yepes Ocampo, representante de los docentes en el Consejo Superior de la Universidad de Caldas y a su vez vocero de los profesores universitarios ante el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, analiza y cuestiona la forma como se alinean fuerzas y grupos de interés en los gobiernos universitarios, y el reto que tene el CESU para garantizar la participación  el pluralismo.

El siguiente es el texto de su análisis:

Gobernabilidad es un término que de manera recurrente se invoca cuando en el diario acontecer de la educación superior se abordan discusiones en relación con la dirección universitaria, los actores intervinientes en los procesos de conducción institucional, las asimetrías en las acciones de participación y toma de decisiones, y otros aspectos enlazados de manera directa e indirecta con lo que se puede denominar la construcción de futuro de la educación superior en el país.

Resulta útil recordar el concepto que Antonio Camou (2001:36) elabora sobre gobernabilidad, al comprenderla como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”. En el ámbito de la gobernabilidad, resulta ineludible la inclusión de categorías como elites dirigentes, cultura política e instituciones o reglas de juego diseñadas para el intercambio.

Lo anterior obliga llevar a cabo una reflexión crítica sobre el estado de cosas en materia de gobernabilidad universitaria en Colombia. En primer lugar, no basta con la manifestación de preocupación por parte de las autoridades administrativas (MEN) y de asesoría (CESU) sobre las dificultades asociadas a las formas en que los universitarios dirimimos las diferencias y conflictos, las maneras en las que el Estado y el gobierno dan respuesta a las demandas de la comunidad universitaria y, ante todo, los procesos a través de los cuales se logra o no imprimir legitimidad a la toma de decisiones sobre el locus universitario.

Un buen ejemplo que sirve de partida para la discusión es el relacionado con la conformación de los consejos superiores, organismos máximos de dirección universitaria que se constituyen, a través del influjo de las elites gobernantes y de la clase política, en verdaderos aparatos de control y dominación, que funcionan a través de un sistema similar al de las correas de transmisión o bandas transportadoras. Las alianzas efectuadas entre los integrantes del gobierno central y regional (léase representante del Ministerio de Educación, representante de la Presidencia de la República, y Gobernador o su delegado) con los representantes de Gremios o sector productivo (generalmente adeptos a las directrices gubernamentales especialmente en los niveles territoriales-regionales), Ex Rectores (que regularmente se pliegan al continuismo de sus prácticas de administración que igualmente fueron respaldadas en lo fundamental por los gobiernos de turno) y en muchas oportunidades con el favor de los representantes de las directivas académicas (que de costumbre se encarnan en un Decano o en otro miembro de la comunidad universitaria que depende o se constituye en subalterno directo del Rector), producen un escenario de dirección universitaria altamente desequilibrado cuando de legitimidad se trata. Quedan entonces escasos tres integrantes de naturaleza ligada estrictamente al concepto de comunidad universitaria, los profesores, los estudiantes y los egresados. ¿En qué términos puede sostenerse la supuesta legitimidad de Consejos superiores que desatienden y desprecian de manera recurrente y sistemática el clamor de los estamentos estudiantiles y profesorales? ¿Puede invocarse la autonomía universitaria para que las mayorías en estos cuerpos colegiados sometan a sus intereses lo que pertenece a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto? La explicación manida según la cual el estudiante y el profesor deben someterse a las reglas de las mayorías y acatar lo que definan permanentemente esos grupos que posicionan su voluntad en los consejos superiores es por lo menos un argumento falaz, que exige revisar el diseño adoptado para la composición de los cuerpos colegiados.

Colombia vive una aguda crisis de diseño institucional que, sólo ahora con el escandaloso episodio de la destitución e inhabilidad por 15 años aplicada por el Procurador general al Alcalde de Bogotá (segundo cargo más importante del país), comienza a desnudar y hacer visible la precariedad del sistema y del régimen no sólo legal o jurídico sino también de orden político y social. Lamentable resulta que tengan que llegar los organismos de la comunidad internacional a dar lecciones sobre lo que debe entenderse y aplicarse en materia de PLURALISMO.

Por lo pronto y en calidad de representante de profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, y por segunda ocasión ante el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, manifiesto la seria y profunda preocupación que embarga a quienes nos sentimos inermes frente a la acción avasalladora y aplastante del gobierno y la clase política, clase que llegó para quedarse en la mayoría de las universidades oficiales y por intermedio de los consejos superiores. El gobierno de los académicos para la academia, la dirección de la educación superior para el cumplimiento estricto de los fines misionales universitarios, parece que ha llegado a su fin, o por lo menos, se siente con fuerza un vertiginoso proceso de extinción progresiva de lo que antes fuera la universitas. Hoy, al parecer, son las lógicas partidistas de la clase política las que determinan el quehacer de la universidad. Grupos de la denominada “Unidad Nacional”, un modelo perverso de hacer política que procura posicionar intereses grupales en detrimento del bien común, ha penetrado hasta los tuétanos la dinámica administrativa de las universidades, a tan elevado grado que ya se está invirtiendo una lógica que otrora primaba en materia de la supeditación de la administración a la academia. Ahora el asunto se trastocó con la consecuente erosión de la función primordial de la universidad: generación, difusión y aplicación de conocimiento para el mejoramiento social. Los grandes beneficios los reciben los amigos de quienes dirigen las universidades. El profesorado contratado en condiciones indignas, en el marco de la llamada ocasionalidad o transitoriedad, padece como ninguno otro de los estamentos de la comunidad universitaria las inclemencias del régimen patrimonialista impuesto.

El CESU, en el marco de la discusión sobre la Política Pública para la Educación Superior prevista para 2034, y luego, en el debate sobre una nueva ley para la educación terciaria en Colombia, se verá obligado a discutir el crucial tema de la gobernabilidad porque, de lo contrario, el país estará retrocediendo dramáticamente a situaciones premodernas, ultrahegemónicas y unanimistas que niegan de plano el pluralismo que la misma Constitución política y la Ley contienen. Los equilibrios dinámicos están lejos de las prácticas que integran la gobernabilidad en las universidades públicas estatales. Lo que a diario se vive es el escabroso ambiente de exclusión, fruto de prácticas extractivas, llevado a cabo por parte de las mayorías que hacen presencia en los consejos superiores y, de paso, padecemos la persecución implacable de los órganos de control interno y disciplinario (unidades que a su vez hacen parte de dependencias de quienes administran las universidades, dejando al margen cualquier posibilidad de garantía al debido proceso) sumado a la judicialización de la cual estamos siendo víctimas los líderes profesorales en universidades como la de Caldas, Tolima, Tecnológica de Pereira, Quindío y otras tantas que exigen con urgencia la intervención de organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

No puede ser que todo aquel que piense distinto siga siendo objeto de estigmatización y persecución inclemente por parte de las estructuras de poder constituidas en las universidades.