Los desafíos de una política de lo público en educación superior

Creado en Miércoles, 22 Enero 2014

A pocos días (eso espera el país) de que el CESU presente su propuesta de política pública en educación superior, vale la pena revisar el análisis que, desde Chile, hace la analista Claudia Sanhueza (en su blog) sobre la dimensión de lo público y lo privado y las responsabilidades del Estado frente a la universidad pública.

Una de las principales metas en los próximos años es el “fortalecimiento de la educación pública”: educación pública, gratuita y de calidad. Entendemos que esa demanda es una demanda de transformación de las lógicas de funcionamiento del sistema de educación superior, en particular del sistema universitario (Ver Atria y Sanhueza, 2013).

En este texto, se presenta una explicación de la relevancia que tiene la compresión de la universidad pública en un sistema de educación como un derecho social y una descripción de nuestro sistema en cuanto a su distribución de matrícula por tipos de instituciones (tipos de sociedades), calidad (acreditación) y geográficamente (región). Esto nos revelará que la transformación del sistema requiere por una parte de un esfuerzo de coordinación con los objetivos del mismo (creador de conocimiento, investigación científica, innovación y cohesión social) que en este momentos no existe. Y por otra parte se requiere de un fuerte diálogo social, que institucionalice confianzas y un trabajo en red con todos los actores que comparten los valores de la educación pública robustecida y prioritaria para el país.

Por más de 30 años se entendió que la educación pública era lo mismo que la educación privada, en el sentido que ambos tipos de instituciones funcionan como empresas (unas del Estado, otras de privados) en el “mercado de la educación”, compitiendo, produciendo un bien de apropiación individual o títulos profesionales.

 Así el llamado de las autoridades del Ministerio de Educación cada año es casi como el que haría el Servicio Nacional del Consumidor: se ruega comprar informado!

En esta contexto, las universidades gastan un porcentaje no menor en marketing, algunas de ellas incluso mintiendo. Por otra parte, esta lógica de mercado hace que sea la demanda de los consumidores la que determina las decisiones que tomen las instituciones de educación superior. No es difícil imaginar lo que esto produce al interior de las instituciones: creación de carreras que desean los consumidores, aumentos de matrícula en ciertas carreras, entre otras. Lo que parecería hasta deseable en el mercado del chocolate, pero en educación podríamos eventualmente terminar con solamente ingenieros, y la evidencia nos muestra que la creatividad da para todos tipo de carreras. Por otra parte, el consumidor de chocolate rápidamente se da cuenta si le gusta o no el tipo que compra y lo puede cambiar, pero la educación no es chocolate y la cantidad de efectos negativos que tiene tratarla como un bien de consumo son evidentes, y no enfrentarlo sería negligente.

En las instituciones de educación superior, que se entienden como productoras de títulos, no hay creación de conocimiento en un espacio de reflexión crítica, sino que el objetivo es producir lo mejor posible un bien de apropiación individual. En este contexto, lo lógico es que el consumidor pague por el producto que compra (Régimen de Fábrica de Profesionales en Tabla 1, tomada de Atria y Sanhueza, 2013).

 

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Cuando se critica este sistema, buscando transformarlo en un sistema de derecho social, lo que se hace es cuestionar la manera en la cual las universidades funcionan y la manera en la cual el sistema funciona, lo que tiene implicancias en múltiples dimensiones: en la comprensión de las universidades, en la manera en que el sistema y sus instituciones se financian, en el gobierno interno de las instituciones, en el régimen de los académicos, en las funciones de la institución y en la comprensión del conocimiento experto (Tabla 1).

Entonces, cuando se pone como objetivo fortalecer la educación pública quiere decir que fortalecemos lo “público” de la educación en todas estas dimensiones. No el mismo sistema o las mismas instituciones con más recursos públicos. Sino que se requiere transformar las lógicas de funcionamiento del sistema y sus instituciones de manera que cumplan con ser “universidades públicas”. Porque incluso hoy, cuando el sistema chileno tiene 25 universidades “públicas” (16 estatales y 9 privadas), en realidad el sistema las entiende como privadas, como fábricas de profesionales, en donde además se hace investigación.

Lo público de la universidad se refiere a entender que estas son espacios de reflexión crítica, en donde el gobierno interno de las instituciones  es independiente de la lógica de financiamiento del mercado y está en manos de los académicos. Además, son instituciones en donde se produce conocimiento sin agendas particulares -en el sentido que no respondan a grupos económicos o de interés que las financien como se hace con los centros de estudios-, en donde la docencia se traduce en la formación de productores de conocimientos con pensamiento crítico (Régimen de Universidad Pública en Tabla 1).

Hace unos meses nos visitó la Ministra de Educación de Finlandia, quien planteaba que allá las instituciones de educación superior no son universidades docentes que hacen investigación, sino un sistema en el cual las instituciones de educación superior se entienden como centros de investigación avanzada que además hacen docencia. En ese sentido, el Estado financia instituciones al servicio de la investigación, de la innovación, de la ciencia, del pensamiento reflexivo, de la creación, y en ese ambiente se educan los profesionales. Por supuesto que esas instituciones se financian en torno a sus necesidades: investigación, infraestructura y también a la docencia. Lo importante es que los estudiantes que accedan a la educación superior se eduquen en instituciones que hacen un trabajo que podríamos entender como de universidad pública. Aunque incluso las universidades politécnicas, que son las encargadas de lo técnico se consideran instituciones de investigación. La lógica es que es este tipo de instituciones generan externalidades positivas en el resto de la sociedad y que por lo tanto es la sociedad como un todo quien las financia.

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La transformación del sistema de educación superior no es algo que se pueda hacer unidireccionalmente desde el gobierno, sino que requiere de un fuerte diálogo social, que institucionalice confianzas y un trabajo en red con todos los actores que comparten los valores de la educación pública robustecida y prioritaria para el país.