PL sobre inspección y vigilancia desconoce la responsabildad del Estado en el deterioro de la calidad de la educación

Creado en Martes, 09 Diciembre 2014

Para la abogada María Claudia Lombo, el proyecto de Ley 124 de 2014, sobre inspección y vigilancia, además de resultar para muchos actores del sistema de educación superior colombiano "atropellador, incomodo, policivo, perseguidor e inconveniente", también "desconoce la responsabilidad que le cabe al Estado en los procesos de deterioro de la calidad en la prestación del servicio público de la educación superior".

Si bien es cierto que actualmente es de suma urgencia regular el ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior en Colombia, y que constituye un acto de valentía y responsabilidad el tomar la iniciativa para hacerlo, si es muy preocupante que este proyecto de ley, sea aprobado en los términos en los cuales ha sido redactado y que hoy se nos pone a consideración, dice.

El siguiente es el texto de su análisis

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY PARA EL EJERCICIO LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA MEN 2014

I. CONSIDERACIONES GENERALES:

El Proyecto de ley “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior y se dictan otras disposiciones”, es la respuesta a una necesidad puntual del Gobierno Nacional de muchos años atrás, de contar con mayores y mejores herramientas para inspeccionar y vigilar la forma en la cual en Colombia se viene prestando el SERVICIO PUBLICO de la educación superior, especialmente por parte de los particulares, bajo la figura de las entidades sin ánimo de lucro y amparados bajo el principio de la autonomía universitaria.

La inspección y la vigilancia es la manera de fomentar una educación superior responsable, en busca de la excelencia, y tiene como finalidad velar por la calidad de la Educación Superior, dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de aprendizaje, investigación y cátedra, así como por las exigencias propias del interés general y por la inviolabilidad de otros derechos por parte de las instituciones que predican su autonomía para la prestación del servicio.
La Inspección y Vigilancia de las instituciones de educación superior, es un deber del Gobierno Nacional y una garantía para quienes reciben el servicio público de la Educación Superior.

La Constitución y la ley le otorgan a las instituciones un alto nivel de autonomía, cuyo contrapeso es la función del Estado de velar porque se cumplan los fines y objetivos de la educación superior.

El proyecto de ley avanza significativamente en la regulación del ejercicio de la inspección y vigilancia, lo cual sin duda es un buen avance frente a la reglamentación laxa y flexible que actualmente tiene la ley 30 de 1992; sin embargo, es importante tener en cuenta que la nueva redacción se excede en mucho, especialmente en el caso de los aspectos regulados en los capítulos II y III, vulnerando de manera grave a nuestro juicio, la autonomía de las IES.

Si bien la redacción del proyecto normativo se ha guardado de incurrir en palabras que encenderían aún más los ánimos del sector, y ha sido redactado con especial cuidado y sigilo jurídico, para hacerlo defendible en su control de constitucionalidad, la verdad es que las figuras jurídicas que consagra no son otra cosa que la intervención abierta de las IES, y la toma de las instituciones, violando la garantía constitucional de la autonomía universitaria cada vez que el MEN considere que las mismas han entrado en “crisis”.

Además, es importante señalar que este proyecto de ley resulta para muchos actores del sistema de educación superior colombiano atropellador, incomodo, policivo, perseguidor e inconveniente porque desconoce la responsabilidad que le cabe al Estado en los procesos de deterioro de la calidad en la prestación del servicio público de la educación superior.

Se pone en la mira a las IES pero se olvida por completo que en la carrera por mostrar cifras, en los últimos 12 años se sacrificó la calidad por aumentar cobertura, se redujo el fomento a la oferta a unas cuantas bolsas concursables que siempre se quedan en manos de los mismos, y se desestimulo la formación técnica profesional y tecnológica, para no mencionar el caos total en el cumplimiento de la función de otorgamiento de registros calificados, temas todos estos debatidos ampliamente en el proceso de construcción colectiva de la política pública de educación superior.

Sobre el particular, se advierte que, a julio de 2014 solamente el 11.5% de las 289 Instituciones de Educación Superior, incluyendo universidades, instituciones universitarias, técnicas profesionales y tecnológicas; públicas y privadas cuentan con acreditación de alta calidad, y apenas el 8.4% de los programas vigentes en estas instituciones están acreditados, datos que indican que, hay mucho por hacer en las Instituciones de Educación Superior para que alcancen los estándares de calidad y pertinencia que tanto se reclama en la educación, o lo que es lo mismo, de las 289 instituciones de educación superior que existen en Colombia, en la actualidad existen 198 IES sin acreditar, lo que equivale al 68,51% de las existentes. Adicional a esto el 20,76% de estas instituciones se encuentran investigadas, por lo que requieren apoyo en el financiamiento de los correspondientes planes de mejoramiento.

Es importante que el gobierno reconozca con nobleza, su falta de diligencia y cuidado en la aplicación de programas de fomento real de la oferta de la educación superior, y la laxitud y falta de igualdad real en la valoración de las evidencias para el otorgamiento de registros calificados y licencias de funcionamiento; no solo que se busque como culpables a las IES expidiendo y aplicando un procedimiento de inspección y vigilancia perseguidor y policivo, y que desconoce que en una gran proporción, son las IES privadas, las que han contribuido con grandes y significativos esfuerzos, a ampliar la cobertura y ofrecer oportunidades de educación superior de calidad, a miles de jóvenes en el país, a quienes la educación superior pública jamás ha podido llegar.

Ahora bien, otra cosa es si el proyecto de ley es conveniente y oportuno, si cumple realmente una función organizadora y mediadora, o si propende por el fomento de las IES y la construcción de la relación entre el estado y los administrados que participan en la prestación del servicio, y es allí donde, respetuosamente nos atrevemos a señalar que no es así, y que por tanto ha de buscarse desde la actividad gremial, que el congreso sopese los pro y contras de esta medidas para el sistema de educación superior en Colombia, y a generar espacios de dialogo, compromiso y construcción conjunta.

Opinamos que de resultar aprobado este proyecto de ley, debe establecerse por parte del gobierno nacional, con mucha claridad y transparencia los límites, contenidos e indicadores, de algunos términos que allí se utilizan como fundamento para el ejercicio práctico de la inspección y vigilancia, y sobre todo, para los procesos administrativos sancionatorios de inspección y vigilancia de la educación superior.

Al respecto consideramos que debe existir unidad de criterio frente a lo que en adelante va a entender el gobierno y las instituciones, y en general el Sistema de Educación Superior colombiano, por algunos “términos” que se usan en el proyecto de ley, y que son los que generan inquietud o ponen en riesgo a las IES, por cuanto al ser normas o conceptos en blanco, no totalmente definidos para su cabal cumplimiento, ni establecido su indicador de medida y nivel de ejecución, en algún momento si pueden ser comodines para quien aplica la inspección y vigilancia con criterios policivos, políticos o de otra índole.

Me refiero especialmente a conceptos como: “Calidad en la prestación del servicio de educación superior”; “Situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad”; “Actos de publicidad engañosa”; “garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad”; “situaciones de irregularidad o anormalidad”; “prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y continuidad” entre otros.

Estos términos que para muchos pueden resultar obvios, (desde la academia) a la hora de ser los que establecen el fundamento para ejecutar medidas de intervención o sanción, y que son aplicados por operadores jurídicos (funcionarios administrativos o jueces) deben ser sumamente claros, medibles y exigibles a las IES y sus directivas; de lo contrario, se les estaría juzgando y sancionando sobre juicios subjetivos y sobre todo sin que exista una norma o una ley anterior que defina como antijurídico, ilegal o no conforme a la ley, el acto o hecho que se les imputa.

Por tanto, se considera que de expedirse este proyecto de ley, es importantísimo que las instituciones de educación superior del país insten a que el MEN expida inmediatamente, -en un ejercicio consultado o concertado-, la reglamentación y los lineamientos sobre la manera en que las instituciones de educación superior deben cumplir las disposiciones normativas que regulan el servicio público educativo, así como fijar criterios técnicos y jurídicos para su debida aplicación, de lo contrario las IES y sus directivos, estarán en un altísimo riesgo de que les sea aplicada esta nueva normatividad al arbitrio del operador jurídico, como se explicó anteriormente, bajo criterios abstractos y subjetivos según la necesidad política o la creatividad de los medios de comunicación del momento.

Finalmente, es de tener en cuenta que los procesos y procedimientos que establecen la forma en que se deben adelantar las investigaciones y procesos administrativos de inspección y vigilancia, son de reserva de ley, solo el congreso puede regular estos procesos, y no pueden ser reglamentados o expedidos por el gobierno nacional, por tratarse de la fijación del debido proceso y de las reglas propias de este tipo de juicios (1).

II. DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR:

Para tener clara la función que se regula debemos entender la inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior, como una función del Presidente de la Republica, que se ejerce para verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario.

La inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior, tiene como fin velar por su calidad, por la observancia de sus fines, el desarrollo adecuado de los procesos académicos, administrativos, financieros y asegurar a los educandos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema de la Educación Superior.

Es una función que se ejecuta mediante la evaluación de la totalidad o de parte específica de los procesos que desarrollan las Instituciones de Educación Superior, frente a las normas que deben cumplir. El resultado de este proceso de evaluación con fines de inspección y vigilancia, dará lugar a recomendar las acciones de mejoramiento y seguimiento o la imposición de las sanciones institucionales a que haya lugar. Igualmente, en los eventos en los que se presuman responsabilidades personales, se procederá a dar traslado a otras autoridades para lo de su competencia.

Así las cosas, es claro que la Inspección y Vigilancia de la Educación superior, tiene como funciones asegurar que se cumpla e impere, integral y plenamente, la garantía constitucional de la autonomía universitaria; adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones y ofrecer las condiciones para su desarrollo. De la misma forma, facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura; así como propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de educación superior.

En conclusión: la Inspección y Vigilancia vela por la calidad de la educación superior y el cumplimiento de sus fines, es decir, por la correcta formación moral, intelectual y física de los estudiantes y el adecuado cubrimiento de los servicios de educación superior.

En el caso de las instituciones privadas (constituidas como personas jurídicas de utilidad común), la inspección y vigilancia cuida que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y en el caso de las instituciones oficiales, trabaja porque atiendan su naturaleza de servicio público cultural y su función social y también para que se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen.

El Presidente de la República tiene la función de ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación superior, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, labor que ha sido delegada al Ministerio de Educación Nacional (mediante el numeral 1.6 del artículo 1 del Decreto 5012 de 200), y que está orientada, entre otros aspectos, a proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

III. COMPETENCIA:

Teniendo en cuenta que la Educación Superior es un Derecho y un Servicio Público que tiene una función social, del conformidad con el artículo 67 de la constitución política de Colombia solo el Congreso de la República en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 150, numerales 8 y 23, y no el Presidente ni sus ministros, tiene asignada la función de expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno nacional para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la constitución, y para expedir las leyes que han de regir el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.

Lo anterior implica que en materia de educación, es el Congreso quien debe expedir aquellas leyes que contengan un mínimo de materialidad legislativa sobre el ejercicio de la Inspección y Vigilancia a la prestación del servicio público de la educación superior y muy especialmente el que fije los procesos y procedimientos que establecen la forma en que se han de adelantan las investigaciones y procesos administrativos de inspección y vigilancia, más aun cuando el incumplimiento de la normatividad, en especial la relacionada con la “Calidad” en la prestación del servicio de educación superior acarrea sanciones a las IES y sus directivos.

IV. DEL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY:

El proyecto de Ley por la cual se desarrolla parcialmente el articulo 67 y los artículos 21, 22 y 26 de la constitución política, se regula la inspección y vigilancia de la Educación Superior y se dictan otras disposiciones” está compuesto por seis capítulos y 20 artículos.

El Capítulo I que desarrolla la finalidad, objetivos y ámbito de aplicación, se ajusta en términos generales a la Constitución Política, porque se limita con cuidadosa redacción a establecer el marco de la inspección y vigilancia de la PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION SUPERIOR, teniendo en cuenta los límites de la autonomía universitaria reconocida a los establecimientos que prestan el SERVICIO sean públicos o privados.

Es decir, el proyecto de ley parte de un principio interesante y es que al ser el Estado Colombiano el responsable de la prestación del servicio público de la educación, reconociendo que éste debe establecer las reglas y condiciones generales para la prestación del mismo, por entidades públicas y privadas, y velar por la calidad en la prestación del mismo.

En tal sentido, el proyecto de ley expresa con claridad que la inspección y vigilancia se aplica a TODAS las instituciones de educación superior, sean estas Universidades, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, Instituciones Tecnológicas ó Instituciones Técnicas Profesionales; estatales u oficiales o privadas, de economía solidaria y en general a quienes presten el servicio público de educación superior.

En consecuencia, no hay distingos entre las IES sometidas a inspección y vigilancia, es el universo de ellas en Colombia el objeto de la misma, no hace distinciones sobre si son acreditadas de alta calidad o no, actualmente son TODAS.
Como dato curioso, es de anotar que al establecer que son objeto de esta inspección y vigilancia “en general a quienes presten el servicio público de educación superior”, se está incluyendo a los últimamente famosos “OPERADORES” de los programas de educación superior, que en muchos eventos no son IES sino instituciones para el Desarrollo Humano y el Trabajo o empresas comerciales, y frente a los cuales hoy existe un vacío normativo.

En el capítulo II del proyecto de ley, se desarrollan las medidas específicas de Inspección, Vigilancia y es aquí donde en realidad se establece el fundamento y la novedad regulatoria en esta materia, por cuanto en su articulado se desarrolla el marco en el cual el Presidente de la Republica como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa va a ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior como:

1. Enseñanza que debe ser impartida conforme a la ley (Ley 30/92; Ley 1188/10; Ley 749/02)

2. Servicio público a cargo del estado que se presta en colaboración con los particulares. (C.P. Art. 67,68 y 69; Ley 30 artículo 2)

3. Objeto de las entidades sin ánimo de lucro que prestan el servicio y que siendo de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. (Art 96 y 98 de la Ley 30 de 1992)

En cuanto a las atribuciones en materia de inspección, vigilancia y las medidas preventivas establecidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del proyecto de ley, llama la atención que algunas de ellas tienden claramente a autorizar una intervención directa en las IES “en crisis”, y como se dijo anteriormente, si los indicadores de calidad o de esa crisis no están claros, esta actividad puede vulnerar la autonomía universitaria, por interpretación subjetiva.

Por tratarse en este proyecto de ley de la regulación de un proceso de intervencionismo de estado en la prestación de un servicio público -la educación superior-, que en su esencia, tiene como consecuencia la adopción de serias medidas que limitan la autonomía universitaria, y el derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior conforme con la Constitución y la ley, es grave que en el proyecto de ley no se regule integralmente un debido proceso a las IES y sus directivos, y que no se señale en él, específicamente, cuando y como se aplica el debido proceso en los eventos de inspección, en los de vigilancia, en los que se amerite la apertura de una investigación formal etc.

La remisión general al procedimiento consagrado en el artículo 51 de la Ley 30 de 1992, el cual fue consagrado allí, para los procesos administrativos sancionatorios formales de inspección y vigilancia, genera poca claridad frente a las formas propias de cada una de las maneras en que ahora se pretende enjuiciar a las instituciones de educación superior; más aún, cuando el mismo proyecto ha querido diferenciar entre las funciones de inspección y vigilancia, las medidas administrativas para la protección del servicio público de educación superior y las medidas de vigilancia especial, las cuales el proyecto clasifica como acciones preventivas y sancionatorias diferentes.

Lo que hemos señalado del articulado del proyecto, resulta contrario al artículo 29 de la constitución política; las instituciones de educación superior y sus directivos, destinatarias y objeto de esta regulación, tienen derecho a que se les apliquen las medidas de inspección y vigilancia, sólo previo el establecimiento por medio de la ley, del procedimiento que les permita el ejercicio técnico y serio de su derecho constitucional a la defensa.

Igualmente llama la atención que en el proyecto de ley, el gobierno se abroga una competencia exclusiva del legislativo, cuando señala en el artículo quinto, entre otros, que será el Ministerio de Educación Nacional quien determinara la forma detalle y términos en que requerirá a las IES, la información sobre la situación jurídica, contable, económica, administrativa y de calidad, en ejercicio de la función de vigilancia, por cuanto es el Congreso de la Republica el que debe establecer el procedimiento, y la forma en que el ejecutivo debe ejercer la función de inspección y vigilancia que se fundamenta precisamente en la solicitud y manejo de información importante de las IES.

No compartimos la toma de posesión de las instituciones bajo ninguna circunstancia; la propuesta planteada en los artículos 11 y 12 del proyecto, que se ha denominado “MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL” e “INSTITUTOS DE SALVAMENTO PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE RECURSOS Y BIENES EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA ESPECIAL” nos parecen extremas y riesgosas, más aun cuando estas se imponen CUANDO A JUICIO DEL MINISTERIO se evidencie que la institución está en “crisis”, dejando un margen muy amplio en la redacción del articulado, a la valoración subjetiva de dicha situación.

Ahora bien, teniendo en cuenta la delicadeza y las repercusiones académicas, administrativas y financieras de la posibilidad de una aplicación precipitada, indebida o imprudente de estas medidas, y sobre todo de su impacto a través de la información transmitida por los medios de comunicación, por cuanto las IES viven de su buen nombre y del grado de credibilidad y de confiabilidad de la sociedad y de su comunidad educativa, consideramos que el proyecto debería por lo menos contemplar una regulación en el siguiente sentido:

“El funcionario que ordene la ejecución de las medidas de Inspección y Vigilancia contempladas en la presente ley, y especialmente las “MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL” e “INSTITUTOS DE SALVAMENTO PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL DE RECURSOS Y BIENES EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA ESPECIAL” responderá por los perjuicios que se causen a las Instituciones de Educación Superior y sus Directivos, en el evento de haber obrado con temeridad o mala fe.

En todo caso, las medidas correctivas planteadas solo pueden ser impuestas una vez haya sido agotado el debido proceso correspondiente. Pensamos que hay otras medidas, que se pueden y deben adoptar por parte el gobierno nacional antes de llegar a estos extremos, como son las de un real fomento a la oferta de la Educación Superior; la financiación de planes de salvamento y mejoramiento; un mayor control al proceso administrativo de autorización de licencias de funcionamiento y de autorización de registros calificados etc.

En este caso, vemos claramente como dos garantías de carácter constitucional están enfrentadas (la autonomía universitaria y el derecho de los colombianos a la prestación de un servicio público de calidad); si no se establecen los límites por el legislador o se regula la misma correctamente, esta herramienta para el ejercicio de la inspección y vigilancia, se convertirá en la vía para acabar con muchas IES que hoy hacen un gran esfuerzo para prestar el servicio de la educación superior y que lo que requieren es medidas de apoyo, fomento y acompañamiento.

Ahora bien, teniendo en cuenta que es el Congreso de la República el único que puede y debe expedir las normas que regulan el debido proceso al cual debe sujetarse el gobierno nacional para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la prestación del servicio de la educación superior, el proyecto de ley de iniciativa gubernamental, propone una serie de medidas preventivas y una intervención, que bajo el argumento de proteger la comunidad universitaria y “con el fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos”, desconoce totalmente el derecho a la defensa de las instituciones y sus directivos, y no concede espacios para su ejercicio, tal como se observa especialmente en los artículos 9 al 14 del proyecto de ley, los cuales consideramos inconstitucionales, por las razones antes expuestas.

El capítulo III desarrolla una serie de MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, las cuales insistimos deben ser revisadas en su constitucionalidad y conveniencia, reguladas mediante la consagración expresa de un debido proceso.

El capítulo IV consagra en el artículo 15 una medida importante y novedosa que soluciona el problema de los “operadores” logísticos de programas de educación e instituciones, que no es más que el ofrecimiento pirata y sin registro de programas académicos en “extensión” no autorizada.

El capítulo V, en sus artículos 16 a 18 reglamenta el tema de la imposición de sanciones, su dosimetría y los criterios para graduar las mismas, aspectos que la reglamentación vigente no contempla y que son muy necesarios, para garantizar la debida motivación de los actos administrativos que imponen las sanciones.

Consideramos adecuada, oportuna y necesaria la regulación de las sanciones administrativas de carácter personal, aplicables a los directivos de las instituciones.

Finalmente el Capítulo VI sobre derogatorias y vigencia, señala expresamente que se derogan seis artículos de la Ley 30 de 1992, realizándose la reglamentación integral del tema de inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior, y así en su artículo 19 soluciona un gran problema que por más de 10 años se ha venido presentando y que nunca nadie reclamo: la falta de competencia LEGAL por parte de la dirección de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de la Educación Superior del MEN para adelantar los procesos administrativos de inspección y vigilancia.

No es claro porque no se derogo en su totalidad el artículo 51 de la ley 30 de 1992 y se reguló el debido proceso para cada uno de los eventos que se señalan en el proyecto de ley, esta medida resulta absurda y genera confusión.

V. CONSIDERACIONES FINALES:

Consideramos necesaria, urgente y oportuna la expedición de una ley que regule el ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior, que establezca el trámite de los procesos administrativos de responsabilidad por la violación de la normatividad de la educación superior y la competencia del Ministerio de Educación Nacional para su ejercicio.

Esta norma debe respetar la garantía constitucional de la autonomía universitaria; reconocer la diversidad de IES y su grado de madurez; propiciar el verdadero fomento a la oferta de la educación superior; garantizar el derecho al debido proceso y al ejercicio de la defensa.

La implementación de este tipo de normas requiere la preparación y especialización de los funcionarios que ejerzan esta delicada, especial y necesaria función. El ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior requiere de funcionarios con altos niveles de preparación en derecho administrativo y legislación educativa superior, con altos valores y principios éticos, criterios de evaluación académicos administrativos y experiencia en el sector, que conozcan la realidad de la vida universitaria, la complejidad de los procesos universitarios etc.

En la aplicación de este tipo de medidas es fundamental el ejercicio de la ponderación de derechos, la valoración jurídica, académica y administrativa de las evidencias y de los hechos que determinen la apertura de una investigación administrativa, o la adopción y aplicación de las medidas de vigilancia e inspección, o aun la aplicación de medidas sancionatorias o de vigilancia especial, a una Institución de Educación Superior o a sus directivos.

Si bien es cierto que actualmente es de suma urgencia regular el ejercicio de la facultad de inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior en Colombia, y que constituye un acto de valentía y responsabilidad el tomar la iniciativa para hacerlo, si es muy preocupante que este proyecto de ley, sea aprobado en los términos en los cuales ha sido redactado y que hoy se nos pone a consideración.

Que sea esta una oportunidad para que el Congreso de la Republica, retome la discusión de este inaplazable tema, y con ello la idea de crear una Superintendencia de la Educación Superior, como un organismo especializado en la vigilancia de la prestación de este servicio público, siguiendo los lineamientos establecidos en el documento de política pública de educación superior construido con el CESU en los dos últimos años.

Las Instituciones de Educación Superior deben ser conservadas, protegidas, apoyadas y fortalecidas, y sus representantes y directivos deben rendir cuentas al estado y a la sociedad por las decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones, pero en un marco de legalidad, respeto y consideración.

La rendición de cuentas es sana e importante como mecanismo público que da razón del mantenimiento de las condiciones de la calidad en la prestación del servicio y el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, y compartimos la necesidad de que se realice de manera periódica por todas las IES y sus directivos.

No desconocemos la necesidad e importancia de expedir una ley que regule la inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de la educación superior en Colombia y que otorgue herramientas efectivas y de aplicación inmediata al gobierno nacional, para garantizar los derechos de los colombianos a acceder a una educación superior de calidad, sin embargo, es fundamental que en dicha regulación se respeten a las Instituciones de Educación Superior y a sus directivos, se reconozca su importancia y la labor desarrollada, y por sobre todo se les garantice entre otros los derechos constitucionales a la defensa; la autonomía universitaria; al buen nombre y al debido proceso.

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(1) ARTICULO 29 Constitución Política de Colombia: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.