Propuesta de Ley Estatutaria de la educación superior presentada por SUE - ASCUN

TEXTO DE PROPUESTA DE LEY ESTATUTARIA DE AUTONOMIA DE LAS UNIVERSIDADES
Junio 23 de 2011 (Documento preparado en colaboración por Jorge E. Durán, Secretario General de la Universidad Nacional de Colombia, Santiago Pinilla, Secretario General de la EAN, Germán Villegas, Director Jurídico de la Universidad del Rosario y Jaime Alberto Cataño, Director Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana)

Comisión Rectoral:
- Dr. Moisés Wasserman Rector Universidad Nacional de Colombia
- P. Joaquín E. Sánchez, S.J. Rector Pontificia Universidad Javeriana
- Dr. José Fernando Isaza. Rector. Universidad Jorge Tadeo Lozano
- Dra. Ana Sofía Mesa de Cuervo. Rectora. Universidad del Atlántico
- Dr. Jorge Enrique Silva Duarte. Rector. Universidad EAN.
- Dr. Rutbher Escorcia. Rector. Universidad del Magdalena
- Dr. Juan Carlos Orozco Cruz. Rector. Universidad Pedagógica Nacional
- Dra. Martha Espinosa. Vicerrectora Administrativa. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

CAPITULO I DE LA UNIVERSIDAD

ARTÍCULO  1. La universidad es la institución de educación superior en la cual la comunidad académica ejerce la autonomía universitaria como un derecho fundamental indispensable para el cumplimiento de
su misión.

ARTÍCULO 2. La misión de la Universidad como institución es formar personas;  avanzar en  el conocimiento; aportar soluciones a los problemas de la población; promover la cultura y la consolidación de la sociedad; ofrecer programas de pregrado y posgrado fortaleciendo las diversas profesiones  mediante procesos educativos de aprendizaje, investigación y extensión, en el diálogo interdisciplinar de las diversas áreas del saber: las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, las humanidades, las matemáticas, las artes, las tecnologías y la filosofía.

ARTÍCULO 3. Para que una comunidad académica se reconozca como universidad y se le conceda personería jurídica, deberá acreditar al menos la existencia de una comunidad de profesores en diversas áreas del saber, que ofrezca programas profesionales, cuente con trayectoria académica e investigativa nacional e internacional, capacidad administrativa, económica, financiera y de infraestructura, así como los demás requisitos jurídicos que se establezcan en la correspondiente ley que para el efecto se expida.
CAPÍTULO II AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

ARTÍCULO 4. La autonomía universitaria es un derecho fundamental garantizado por el Estado a los miembros de las comunidades académicas organizadas como universidades para que puedan cumplir con su misión libre de interferencias de poderes políticos o ideológicos, de manera que  sean vector de desarrollo social y conciencia crítica de la sociedad.

ARTÍCULO 5. La autonomía universitaria es la condición fundamental académica, de gobierno, económica y financiera que se erige y garantiza constitucionalmente como facultad a las comunidades
académicas organizadas como universidades reconocidas por el Estado.

ARTÍCULO  6. La autonomía universitaria en el gobierno de la universidad le confiere capacidad de auto-organizarse y autoregularse, conforme a su naturaleza, misión y visión que desempeñe dentro del Estado social de derecho, su proyecto educativo y dentro de los límites que establezcan la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 7. La autonomía universitaria en lo académico se fundamenta en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de enseñanza, de investigación, de
aprendizaje y de asociación.

ARTÍCULO  8. La autonomía universitaria en lo económico y lo financiero le confiere a la Universidad la facultad de recibir, administrar y disponer de sus recursos de conformidad con sus planes de desarrollo y prioridades institucionales.

ARTÍCULO  9. La universidad estatal es un ente autónomo e independiente, no perteneciente a ninguna de las ramas del poder público y realiza su misión sin injerencias de tipo político o ideológico.

ARTICULO 10.  El Estado garantizará a las universidades estatales para el cumplimiento de su misión y el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria, el acceso a recursos financieros adecuados para su funcionamiento y sus planes de inversión.

ARTÍCULO 11. La Contraloría General de la República y las contralorías del orden territorial concertarán un patrón de seguimiento institucional para la valoración del modelo de gestión de las universidades estatales en cada vigencia fiscal, en concordancia con su plan de desarrollo institucional.

ARTÍCULO 12. El Estado dispondrá de recursos para  el financiamiento de la investigación, los cuales se distribuirán a las universidades estatales y privadas con transparencia y sin menoscabo de su independencia ideológica, académica y de gestión.

ARTÍCULO 13.  En ejercicio de la  autonomía universitaria, las universidades tienen las siguientes facultades:

1. Darse y modificar sus estatutos y reglamentos;
2. Establecer las calidades de sus directivos y los mecanismos de elección, designación y períodos de sus correspondientes órganos de gobierno y representación;
3. Definir, crear, organizar y desarrollar sus planes de estudio e investigación y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos, culturales y de bienestar;
4. Seleccionar, formar, promocionar y evaluar al personal docente y administrativo, así como determinar las condiciones en que han de desarrollar sus actividades;
5. Definir la admisión, régimen de permanencia y evaluación de los estudiantes;
6. Expedir títulos de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional, así como los certificados y diplomas que correspondan, según el nivel de formación ofrecido;
7. Elaborar y aprobar sus planes de desarrollo y de acción, los presupuestos y planes de inversión;
8. Administrar su patrimonio y sus rentas;
9. Establecer relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales;
10. Y cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de la misión institucional de cada universidad.

ARTÍCULO 14. El ejercicio de la autonomía universitaria conlleva el deber de las universidades de disponer y ejecutar procesos de autorregulación, autoevaluación y autocontrol en sus actividades de
docencia, investigación, extensión, administrativas, financieras y de bienestar universitario.

ARTÍCULO 15. Los actos académicos de la universidad se derivan del ejercicio de la autonomía universitaria, y por tanto gozan de la inmunidad que de ella se deriva y no pueden ser controvertidos en instancias o con procedimientos ajenos a los establecidos por la institución, salvo trámites de control constitucional por violación de derechos fundamentales.

ARTÍCULO 16. Los órganos máximos de dirección de las universidades  privadas, en desarrollo de su función de control, deberán establecer mecanismos en los cuales se coordinen las estrategias, actividades y dependencias de control establecidas en sus Estatutos y estructuras de organización.

ARTÍCULO 17. La Universidad rendirá cuentas una vez al año a la comunidad académica y a la sociedad a través del mecanismo que ella determine en ejercicio de su autonomía.

ARTÍCULO 18. Procederá la acción de tutela para la defensa de la autonomía universitaria. Dicha acción podrá ser interpuesta por el representante legal  de la universidad afectada en los términos que disponga la ley.

ARTÌCULO 19. Los límites de la autonomía universitaria son el respeto a los principios y valores del Estado Social de Derecho, a los derechos fundamentales, al orden público, al interés general y al bien
común.

CAPÍTULO III PRINCIPIOS UNIVERSITARIOS

ARTICULO 20. Los principios universitarios que informan y reconocen a la universidad su singular sistema de valores y que hacen parte de la formación de su comunidad, además de los reconocidos en la Constitución Política de Colombia, son:

1. Excelencia académica. Abarca el desarrollo de procesos académicos de alta calidad, con equidad, igualdad y eficiencia, en una dinámica de cambio e innovación, lo que supone un esfuerzo colectivo e individual que formule estándares de calidad producidos por las comunidades universitarias atendiendo al interés general y al bien común.

2. Transparencia. Comprende el libre acceso de la ciudadanía a la información institucional a la que tiene derecho, el deber de la Universidad de proveerla de manera oportuna y fidedigna, y la debida imparcialidad en todas las actuaciones de los miembros de la comunidad universitaria.

3. Participación. Mediante mecanismos idóneos y de conformidad con su identidad las universidades deben facilitar y propiciar los escenarios necesarios para que su comunidad participe en las decisiones, asuntos y acciones que la afectan.

4. Ética. Orientada en la comunidad universitaria a lograr un impacto positivo en la sociedad mediante actitudes soportadas en valores de justicia, responsabilidad, rectitud e inclusión.

5. Equidad. Considerada como garantía de acceso y permanencia, así como, la valoración no discriminatoria de todas las disciplinas del conocimiento y la calidad de la oferta educativa

6. Bienestar. Comprende el conjunto de  condiciones necesarias que garantizan a todos los miembros de la comunidad universitaria un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades académicas.

7. Pluralismo. En la composición de su comunidad académica y el desarrollo de sus actividades misionales la universidad deberá garantizar acciones que promuevan la  libertad de pensamiento,
inclusión y la presencia de grupos étnicos y regionales.

8. Responsabilidad Social. En su entorno local, regional y nacional las actividades misionales universitarias deben impactar y coadyuvar  en el mejoramiento de la calidad de vida y la transformación de las comunidades que conviven con ella en sus áreas de influencia.

9. Formación Integral. El proyecto educativo universitario de cada institución debe estimular y promover la vivencia de valores y principios que garanticen a la sociedad la vinculación de egresados
formados armónicamente en todas sus dimensiones humanas.

CAPÍTULO IV UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

ARTÍCULO 21. El Estado deberá consultar a las comunidades académicas de las universidades y considerar sus propuestas en los procesos de discusión y formulación de políticas públicas sociales,
económicas y culturales para el desarrollo del país.

ARTICULO 22. Créase el Consejo Nacional Universitario como organismo para la concertación de políticas públicas educativas, del plan sectorial y como ente privilegiado para la deliberación y
coordinación de acciones para la universidad colombiana.

ARTÍCULO 23. El Consejo Nacional Universitario estará conformado por el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, el Ministro de Educación Nacional, el Director de Colciencias, el Director de
Departamento Nacional de Planeación, dos (2) Rectores de universidades estatales elegidos en el Subsistema de Universidades Estatales (SUE), dos (2) rectores de universidades privadas elegidas
entre ellas, un representante de los profesores, un representante de los estudiantes, un representante del sector productivo y un representante de las academias.

PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso para la elección de los rectores de las universidades privadas, del representante profesoral, estudiantil, del sector productivo y de las academias, se llevará a cabo
de  conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Consejo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Una vez determinado por el SUE los rectores miembros del Consejo,  se deberá proceder por esta única vez, a expedir el reglamento para el proceso de elección de las
primeras universidades privadas miembros del Consejo, los representantes de estudiantes, de profesores, del sector productivo y de las academias.

ARTÍCULO 24. El Consejo Nacional Universitario expedirá su reglamento.

CAPÍTULO V FINANCIACIÓN ESTATAL

ARTÍCULO 25. El gasto público social en educación debe incluir el financiamiento de las universidades estatales, garantizar el funcionamiento y la realización de su plan de inversiones.

ARTÍCULO 26. El Gobierno Nacional determinará conjuntamente con las universidades estatales y por ley ordinaria, un modelo de financiación que tenga en cuenta entre otros las siguientes pautas:

a. un incremento anual mínimo y permanente en pesos constantes de los presupuestos de rentas y gastos  e incrementos adicionales en función del crecimiento económico del país;

b. la variabilidad de  los costos universitarios en docencia e investigación;

c. la ampliación de cobertura de manera gradual;

d. la  reducción o exención, de  conformidad con las normas impositivas, de las cargas que en materia de impuestos deban asumir las universidades;

e. los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de sus actividades misionales;

f. y  las necesidades de respaldo en proyectos de  inversión que tengan como objeto el mejoramiento de la calidad.

En todos los casos el modelo de financiamiento debe propugnar y preservar la excelencia académica en las universidades.

CAPÍTULO VI INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 27. El Presidente de la República, a través del Ministro de Educación Nacional ejercerá la inspección y vigilancia de las universidades bajo los principios de legalidad, debido proceso y doble
instancia.

ARTÍCULO 28.  El Estado, en las leyes que regulen su facultad de inspección y vigilancia, dispondrá de instrumentos que aseguren las condiciones mínimas de solvencia académica, económica y ética de
las universidades, de su cuerpo directivo y la transparencia en su gestión.

De igual forma establecerá mecanismos que verifiquen las condiciones de calidad de los programas de pregrado o de posgrado que conlleven el otorgamiento de títulos académicos por parte de las universidades, especialmente en aquellos que por ley habiliten para el ejercicio de un oficio o profesión, sin menoscabo de lo establecido en la presente ley.

ARTICULO 29. Las universidades podrán ser sancionadas mediante amonestaciones, multas a las personas jurídicas o directivos de la institución, suspensión o cancelación de programas académicos, retiro de la acreditación institucional y la suspensión o cancelación de la personería jurídica otorgada de conformidad  con la ley que para el efecto se expida.

ARTÍCULO 30. La inspección y vigilancia que le corresponde ejercer al Presidente de la República sobre la prestación de los servicios públicos, las instituciones de utilidad común, la enseñanza y la educación, cuando se trate de universidades, no podrá vulnerar la autonomía universitaria.

ARTÍCULO 31. El Estado en la regulación del servicio público garantizará la presencia y participación de las comunidades académicas agrupadas en las universidades en la construcción y aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

ARTÍCULO 32. La presente ley rige a partir de la fecha y deroga todas las normas que le sean contrarias.

(Fin del documento)