Decreto 2219, de 2014, que reglamenta el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior

El decreto contempla que el Ministrio puede, en desarrollo de una labor de seguimiento académico y administrativo de la IES que incumpla las normas, suspender registros y ordenr la creación de una fiducia para manejo de bienes, entre otros aspectos:

El texto completo es el siguiente:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 67 y 189 numerales 11, 21, 22 Y 26 de la Constitución Política, y en la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO

Que por disposición del artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Que el mismo artículo 67 de la Constitución señala que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su alidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Que el artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria, en virtud de la cual las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

Que de conformidad con los artículos 67 y 189 -numerales 21, 22 y 26 de la Constitución Política, y el artículo 31 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Presidente de la República ejercer la suprema Inspección y Vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines, y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, y la correcta inversión de los recursos; función que fue delegada por el Presidente de la República al Ministro de Educación Nacional mediante el Decreto 698 de 1993, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 30 de 1992.

Que la Ley 30 de 1992, "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior", consagra en su artículo 2° que la educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, y en su artículo 3° garantiza la autonomía universitaria, correspondiéndole al Estado velar por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior,

Que el artículo 6° de la Ley 30 de 1992 dispone que uno de los objetivos de la educación superior y de sus instituciones es prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

Que la Ley 30 de 1992 señala en su artículo 28 alcance la autonomía universitaria y reconoce a las Instituciones de Educación Superior derecho a arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento su misión social y su función institucional.

Que en virtud del literal e) del artículo de la Ley 30 de 1992, la suprema inspección y vigilancia de la educación superior implica velar porque en las instituciones privadas educación superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores.

DECRETA

ARTíCULO 1°._ Cuando en ejercicio de la inspección y vigilancia de educación superior se evidencie que en una Institución de Educación Superior se presenta cualquiera de las siguientes situaciones: se incumplen los objetivos previstos en el artículo 60 de la ley 30 de 1992 o en sus propios estatutos; las rentas no se estén conservando o no se aplicando o invirtiendo debidamente en condiciones indicadas por la Constitución y la Ley; a pesar de las sanciones administrativas impuestas por Ministerio de Educación persisten las condiciones de anormalidad; se afecte la calidad o la continuidad del servicio de educación en la o se estén ofreciendo o· desarrollando programas académicos sin registro calificado, podrá Ministerio Nacional mediante acto administrativo motivado, adoptar una o varias de las siguientes medidas, sin perjuicio de la investigación administrativa que se deberá adelantar:

1. Ordenar a la Institución Educación Superior elaborar, adoptar y presentar al Ministerio de Educación Nacional un plan de mejoramiento que contenga las acciones para restablecer continuidad y calidad del (los) programa(s) académico(s) en el marco de la Constitución y la Ley, con los aspectos y el término que señale Ministerio, y con el acompañamiento de Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior del mismo Ministerio.

2. Designar uno o varios representantes del Ministerio para que haga(n) seguimiento a la gestión académica, administrativa y financiera de la Institución de Educación Superior, accedan a la información y documentación de la verifiquen y apoyen implementación del plan de mejoramiento y la adopción de medidas para restablecer la continuidad y calidad del servicio de educación en el marco la Constitución y la Ley.

3. Suspender temporalmente, mientras se restablezca la continuidad y calidad del servicio de educación, la vigencia del (los) registro(s) calificado(s) otorgado(s) a o trámite de solicitudes de nuevos registros o renovaciones.

4. Determinar las condiciones que la respectiva Institución Educación Superior deberá atender para su funcionamiento académico, administrativo y/o financiero, con el fin de corregir o superar en menor tiempo posible la situación o hechos que originan anormalidad.

5. Ordenar a la Institución de Educación Superior, prestar las garantías necesarias para la viabilidad financiera de sus programas académicos y de sus obligaciones económicas, en plazo que le sea fijado.

6. Ordenar a la Institución de Educación Superior la administración fiduciaria de sus bienes y/o recursos, a través del ICETEX o de una entidad financiera autorizada, conforme a la ley.

PARAGRAFO: Los numerales 5 y 6 de este artículo no se aplicarán a las entidades a las que se refiere el literal f) del artículo 32 de la Ley 30 de 1992.

ARTíCULO 2°._ Vigencias.-El presente decreto rige a partir de su expedición.

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,

GINA MARíA PARODY D'ECHEÓNA

 

Ley 30 de 1992 dice, en su artículo 32: La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo anterior, se ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de la presente Ley, a través del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la Educación Superior, para velar por:

a) La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

b) El cumplimiento de sus fines.

c) La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.

d) El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.

e) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores. Por consiguiente, quien invierta dineros de propiedad de las entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución será incurso en Peculado por Extensión.

f) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente.

El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación de que en la actividad de las instituciones de Educación Superior se cumplan los objetivos previstos en la presente Ley y en sus propios estatutos, así como los pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la educación.