Denuncian irregularidades en contratación en la U. del Tolima

Abril 5/16 Luego que la Universidad pudiera, tras dos meses y medio de suspensión de actividades, regresar a clases y el Consejo Superior avanzara en una revisión presupuestal, el Noticiero Noticias Uno denunció cómo parte de la crisis financiera se debe a varios contratos firmados por la administración por muy altas cifras y por conceptos que no necesariamente contribuyen a fortalecer la academia.

Mientras tanto, el rector pide que la naturaleza jurídica de la universidad cambie y pase del orden departamental al orden nacional.

Según el noticiero, la falta del presupuesto se debe, entre otros aspectos, a contratos como uno por paletas y helados (cuyo monto no se indicó y el rector José Herman Muñoz dice desconocer), otro, por ejemplo, el de una planta eléctrica, por 1800 millones, que no ha funcionado, y otro por 100 millones de pesos por camisetas.

Por ahora la Universida ha podido sobrevivir gracias a un giro de 3.400 millones de la gobernación del Tolima.

Entre tanto, Muñoz respondió a las críticas recibidas por la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y el representante a la Cámara Víctor Correa, del Polo Democrático, que lo citaron a una audiencia para analizar la situación de la Universidad, con miras a buscar el apoyo del Congreso de la República con iniciativas legislativas que permitan superar la desfinanciación que enfrentan las universidades públicas.

Una vez más salió la iniciativa para que el presupuestos de las universidades públicas se incrementen 4 puntos por encima del IPC, tal y como lo sugirió el SUE en 2014, sin que avanzara positivamente.

José Herman Muñoz propuso que a través de un proyecto de ley se logre que la Universidad del Tolima sea de orden nacional, porque el 53 por ciento de los ingresos son nacionales, el 37 por ciento recursos son recursos propios y tan solo el 3% de ingresos lo da el departamento.

El Rector de la UT y el Representante a la Cámara Victor Correa, acordaron reunirse en los próximos días, con el propósito de analizar la situación financiera de la institución y definir acciones que puedan ser adelantadas en el Congreso de la República y que puedan contribuir a la solución de la crisis financiera por la que atraviesa en la actualidad.