En Colombia no existen verdaderas políticas públicas de educación superior

Oct 22/16 Esta es una de las principales conclusiones del libro "Retos y Dilemas de la Educación Superior Pública en Colombia", escrito por Juan Carlos Yepes Ocampo, docente de la Universidad de Caldas y ex representante de los profesores del país en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, y en el que hace un desarrollo teórico de qué es una política pública y cómo en el país éstas se han confundido en programas de gobierno, algunas veces contradictorios.

Yepes hace un análisis de la educación superior en los últimos 25 años, desde el Gobierno Gaviria, así como el enfoque de la misma en los respectivos planes de desarrollo, explica la naturaleza y alcance de la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Política y reconocida en la Ley 30 de 1992, y analiza los negativos impactos que causa sobre la esencia misma de la universidad la asfixia presupuestal a la que se ve sometida ésta cuando el gobierno asume la financiación como una obligación de ley y no como una responsabilidad propia de la educación superior como un derecho y bien y no como un servicio público.

“La universidad –dice Yepes- es uno de los últimos baluartes de institucionalidad que  quedan en procura de un país mejor. Una Educación Superior y para lo superior, exenta de asfixias presupuestales, podrá contribuir a la idea de construir una sociedad sólida democráticamente, fuerte institucionalmente y próspera desde el punto de vista económico”.

Además de la escasez de recursos son múltiples las amenazas que enfrenta la universidad colombiana, especialmente la pública, tales como: La intervención del estado en sus decisiones, la exigencias de indicadores homogeneizantes (como rankings, pruebas de evaluación, acreditación, MIDE..), y la afectación de su misión sustantiva de investigación por responder a intereses de la empresa, entre otros.

En el fondo, lo que devela el texto es la ausencia de un proyecto de país desde la educación superior, dado que Colombia no se ha preguntado cuál y cómo quiera que sea su educación superior.

"Una política pública tiene como fundamento y punto de partida un proyecto social claramente definido, unos principios y teleología seriamente fijados y, primordialmente, unos propósitos de bien común con un sentido de lo público firmemente arraigado", señala.

A partir de ejemplos concretos de la realidad del sistema, Yepes muestra cómo las acciones de los distintos ministerios son decisiones generalmente impuestas, pero no concertadas, sin participación ni metodología clara, y señala que el único esfuerzo por consolidar una política pública real en educación superior en Colombia en los últimos años fue el Acuerdo por lo Superior 2034, construido en el periodo Santos I, y que lamentablemente parece haber sido olvidado en Santos II.

Así como se le pide ahora rendición de cuentas a la Universidad, ésta –en asocio con la Universidad- deben exigir rendición de cuentas al Estado sobre su incumplimiento del derecho humano a la educación, sugiere el autor. “Se necesita de una Universidad pertinente o alinderada con los intereses superiores del Estado, asimismo, de una universidad impertinente o deslindada de los hilos de poder estatal que están indisolublemente ligados a los intereses económicos de los tomadores de decisiones”.

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