Universidades públicas piden un salvavidas para evitar cierres

Oct 24/16 Radiografía. Mientras el Presupuesto General de la Nación 2017 asegura un billón de pesos para Ser Pilo Paga (10 mil estudiantes), el Sistema Universitario Estatal SUE (650 mil estudiantes) pide una cifra similar para sobrevivir.

Situaciones como las de universidades del Tolima y La Guajira pueden extenderse. “Si las soluciones no llegan se auguran cierres en las universidades públicas”, advirtió Felipe César Londoño, rector de la U. de Caldas, en un foro sobre sostenibilidad financiera, en donde encabezados por presidente del Senado, Mauricio Lizcano, congresistas, rectores y profesorado se comprometieron a realizar un Gran Pacto Nacional Social y Político por la educación superior.

 

 

La causa de la crisis

Todo se remonta al modelo de financiamiento o de transferencias que el Estado hace a las 32 universidades del Sistema Universitario Esttaal SUE, definido en 1992 por la Ley 30, y que salvo algunos ajustes que periódicamente el gobierno hace a los presupuestos, mantiene el mismo modelo inercial y lógica de hace 24 años.

Es decir, el Estado ha cumplido con transferir los recursos básicos, sin tener en cuenta los incrementos que en ese lapso de tiempo han tenido estas universidades: Masificación de la cobertura, descuentos electorales, inversiones en infraestructura, tecnología,  sismoresistencia y calidad –acreditación (grupos de investigación, programas de bienestar, formación doctoral y aumento en la productividad docente –decreto 1279)-, entre otros aspectos. Además, de que es el mismo Gobierno el que negocia con los profesores universitarios – sindicatos- otorgando incrementos – que deben asumir las universidades-por encima del IPC, que es lo que el Estado reconoce.

Según un diagnóstico del SUE al Congreso de la República “el sistema salarial y prestacional docente (Decreto 1279 de 2002) presenta un crecimiento ilimitado y no tiene una adecuada financiación, este gasto de nómina que es recurrente y año a año incrementa, no es incluido en los aportes transferidos por el Gobierno Central a las Universidades. De acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio de Educación Nacional y un grupo consultor de la Universidad de Antioquia, el incremento promedio anual de los salarios docentes en cumplimiento a este Decreto es del 2,95%, adicional al incremento salarial anual para los funcionarios públicos”.

Para Mauricio Lizcano, presidente del Congreso, resulta incoherente de parte del Gobierno pedirle a la IES pagarle más a los profesores si éste no les reconoce a las universidades estos recursos.

 

Felipe César Londoño, rector U Caldas, y Mauricio Lizcano, presidente del Congreso

“La Ley 30 empujó a la universidad hacia su desfinanciamiento”, pues “los modelos de eficiencia han llegado a sus límites y no aguantan más aumento”, concluye el rector Londoño.

“Las universidades se están cayendo a pedazos, porque no tienen cómo sostener su propia infraestructura. Esto se da debido a que el sistema está totalmente desfinanciado. El compromiso de una educación de calidad no se está cumpliendo y es muy importante abrir un verdadero debate sobre cómo lograr una verdadera autonomía en las universidades”, sentenció Lizcano.
 

Cuánto vale el déficit

Hay muy diversos cálculos sobre cuánto es  realmente lo que requieren las universidades públicas para funcionar en condiciones adecuadas de calidad, para atender la cobertura y los retos que se le exigen.

Los presupuestos por sí mismos no lo dicen, pues contablemente estos no muestran los déficits.

El único cálculo realizado con rigor metódico y de las fuentes primarias es el que ha realizado el SUE, bajo el liderazgo del vicerrector administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, Fernando Noreña, quien ha centralizado la información de todo el sistema.

Desde 2012 el SUE ha advertido esta situación en el informe “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia – La realidad de la crisis de financiación de las Universidades Estatales” (acceder al documento).

Según el SUE, la “deuda” del Estado con la Universidad pública –en aumento- rodea los 15 billones de pesos, distribuidos en los siguientes conceptos:

- Reconocer los pagos adicionales a los docentes, por concepto de salarios por encima del IPC: $408.947 millones

- Crecimiento real de los Gastos de Funcionamiento: 1,2 billones

- Crecimiento real de los Gastos de Inversión: 1,6 billones

- Ajustar –normalizar- los modelos de vinculación en las Universidades: $ 909.879 millones

- Garantizar el mantenimiento básico de la infraestructura física y tecnológica y el sostenimiento de bases de datos, seguridad física, electrónica e informática, y los programas de apoyo económico mínimos para los estratos 1, 2 y 3, entre otros: 1,9 billones

- Formación Doctoral, Programas de Bilingüismo, Infraestructura Física, Normas de Sismo Resistencia, Adecuaciones para el Personal con Movilidad Reducida, Equipos de Laboratorio, Sistemas de Información, Seguridad Física y Electrónica, Acreditación, Sistemas de Gestión, entre otros, obteniendo los siguientes resultados por Universidad: $ 8,7 billones

Ningún organismo del Estado, ni Planeación, ni Minhacienda, ni Mineducación, han dado una cifra al respecto o han refutado la del SUE.

 

El desbalance tras la Ley 30 de 1992

Año 1993

Año 2015

Cobertura: 159.218 estudiantes de pregrado

Cobertura: 560.434 estudiantes de pregrado

Aportes de la Nación al SUE: $1.72 billones

Aportes de la Nación al SUE: $2.74 billones

Aportes de la Nación por estudiantes año: $10.825.890

Aportes de la Nación por estudiantes año: $4.894.156

 

El costo de la calidad en la última década

Concepto

Año 2004

Año 2014

Grupos de investigación

1.287

3.741

Reconocidos Colcienicas

834

2.194

Revistas Indexadas

73

205

Artículos en revistas indexadas

9.304

20.960

Patentes

5

90

Infraestructura física – metros cuadrados

2.400.874

3.755.333

Movilidad estudiantes

280

2.086

Movilidad docentes

1.247

4.544

Especializaciones

487

547

Maestrías

320

644

Doctorados

45

138

Programas acreditados

97

418

 

La dedicación del profesorado es otro tema preocupante. El promedio del Sistema Universitario Estatal indica que solo el 35.62% es profesorado de carrera, los ocasionales representan el 22.84% y los de cátedra ascienden al 41.54%. La Comisión de Vicerrectores ha propuesto un modelo de vinculación en el que el 70% de sus docentes sean de planta, el 10% ocasionales y el 20% catedráticos

 

Posibles soluciones

Son dos dos órdenes. La radical consiste en una sustancial reforma de la Ley 30 de 1992, en lo relacionado con el modelo de financiamiento. Implica necesariamente la expresa voluntad del Gobierno Nacional de asumir la educación superior pública más allá de un servicio y asumirla como un bien y un derecho público, lo cual terminaría configurando la gratuidad educativa, ya existente en varios gobiernos del mundo.

Al respecto, el representante a la Cámara Mario Castaño advierte a los rectores que no deben pedir algo puntual en destinación específica de dinero, sino buscar una ley que sea permanente.

Esto va en concordancia con lo afirmado por Herbert Giraldo Gómez, director Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, quien es enfático en afirmar que los procesos educativos no deben depender de un plan de inversión.

Este escenario parece imposible con el actual Gobierno (y todos los anteriores), pues el Estado no ha mostrado voluntad política ni para financiar y ni siquiera para sacar el mayor provecho social, científico y cultura de su educación superior.

En una polémica respuesta al SUE, el Director General del Presupuesto Público de la Nación, Fernando Jiménez Rodríguez, señaló que las universidades "...no pueden abstraerse de las dificultades fiscales por las que atraviesa el país, ni tampoco olvidar que de acuerdo con el modelo de financiamiento de la educación superior determinado por los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la Nación no financia los costos del funcionamiento de las Universidades Públicas, sino que sus aportes constituyen una de las fuentes de financiación, los cuales son asignados en forma global, tanto en funcionamiento como en inversión, y junto con los aportes territoriales y sus rentas propias, las universidades elaboran sus presupuestos, y los distribuyen de acuerdo con sus necesidades".

Para Juan Carlos Yepes, líder de los profesores de las universidades públicas, “resulta increíble e inadmisible a la vez, que MinHacienda pase por encima de la misma Ley 30 que en su artículo 86 dice otra cosa: Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993. No se puede aceptar ahora que "... la Nación no financia los costos de funcionamiento de las Universidades Públicas", cuando el mismo artículo 86 expresa que los aportes se destinan a funcionamiento e inversión”.

Así las cosas, la única esperanza actual de los rectores se remonta a paños de agua tibia. Es decir, algunos recursos adicionales (para algunos “migajas) que el Gobierno de turno decida gestionar (por ejemplo a través de recursos del CREE o algunos de fomento de parte del Ministerio), pero que bajan momentánemanente la fiebre para evitar el alboroto del sistema.

Dicen que, en gran medida, el Estado y los técnicos del Ministerio de Hacienda, argumentan que el gobierno no puede dar formalmente más recursos a las universidades públicas porque estos constituyen base presupuestal; es decir, aumentan la base de cálculo de las transferencias para los años siguientes, con lo que se compromete el presupuesto proyectado.

Luis Fernando Gaviria Trujillo, presidente del SUE

Algunas de las peticiones del SUE, mencionadas por su presidente, Luis Fernando Gaviria Trujillo –rector de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP- son:

1) Reconocer cuatro puntos por encima del IPC, con lo que se lograría –por lo menos- compensar en parte los gastos adicionales asumidos por las universidades por concepto de incrementos en los salarios de los docentes.

2) Mantener el 0,6 de un punto del CREE, que actualmente tiene una vigencia definida y que con la nueva propuesta de reforma tributaria desaparecería. El problema del CREE es que los recursos que actualmente reciben las universidades deben destinarse a inversión y no a funcionamiento; es decir, en poco tiempo tendremos en algunas universidades públicas auditorios y laboratorios de excelente calidad, pero con dificultades para el pago del personal, el mantenimiento y sus servicios públicos.

3) Destinar el 1% del IVA de la reforma tributaria, que sería una propuesta inviable pues según la interpretación jurídica, no puede haber destinación específica de estos tributos

4) Mantener el modelo de estampillas para las universidades públicas, que ha sido un salvavidas constante de las mismas, producto del lobby de sus rectores ante los congresistas.

5) Los recursos por regalías son otra esperanza, que contribuyen a aliviar, en algo, la situación, porque se consiguen a través de procesos de convocatorias y deben destinarse de manera específica. En complemento de esto, el Ministerio de Educación señala que para 2017 se proyecta destinar 300 mil millones a Colombia Científica.

6) El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, ha contemplado con algunas IES públicas que recursos de la Ley del Deporte se destinen a éstas.

Así mismo, según el SUE, existe una promesa de parte del Gobierno de que con la nueva reforma tributaria llegarían recursos nuevos, aunque se desconoce exactamente el cómo y el cuánto.

En abril de este año, el SUE presentó ante congresistas el Proyecto de Ley "por el cual se actualiza el esquema de financiación de la Educación Superior y se dictan otras disposiciones”, que plantea una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, sin que a la fecha se vea luz verde al respecto.

 

Lo previsible

Ojalá el pronóstico sea equivocado, pero todo indica que –como ha sido característico de este Gobierno- ante la presión de los rectores, MinEducación y MinHacienda, terminen gestionando algunos pocos recursos para calmar el malestar, mientras que vuelve a resurgir a la vuelta de unos pocos meses.

Mientras tanto, la crisis de las universidades públicas –especialmente las departamentales (al estilo Guajira y Tolima), en donde las gobernaciones poco cumplen con su obligación fiscal- seguirá siendo disimulada con acuerdos políticos, hasta que las elecciones de 2018 generen nuevas expectativas.