SNET confirma crisis de liderazgo del CESU

 

Enero 29/17 Pese a que el Consejo Nacional de Educación Superior CESU es el máximo organismo de orientación en política pública, éste perdió el brillo alcanzado en agosto de 2014 con el Acuerdo por lo Superior 2034, y pasó al anonimato al ser "borrado" por el Ministerio, con la mayoría de consejeros silenciosos frente a los temas claves del sector y literalmente desconocido en el proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET, que modifica la estructura del sistema. En su última sesión, el representante de las comunidades académicas, Pedro Prieto Pulido (foto), renunció como consejero para "impedir que el SNET prospere en detrimento grave de los más elevados propósitos de la educación superior en Colombia".

El CESU fue creado en la Ley 30 de 1992 "como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría" (art. 34), con las funciones de proponer al Gobierno Nacional:

a. Políticas y planes para la marcha de la educación superior;

b. La reglamentación y procedimientos para: 

  1. Organizar el sistema de acreditación.
  2. Organizar el sistema nacional de información.
  3. Organizar los exámenes de estado.
  4. Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos.
  5. La creación de las instituciones de educación superior. 
  6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos;
  1. La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las instituciones de educación superior; y
  2. Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de educación superior y de sus programas

     

     

No obstante estas responsabilidades, prácticamente el CESU ha sido desconocido, y sus consejeros así lo han permitido, por parte del Ministerio de Educación, desde la pasada administración, cuando Gina Parody y Natalia Ariza intimidaban y hasta regañaban a los consejeros que se atrevían a diferir de criterio. Mismos consejeros que, pese a las diferencias con María Fernanda Campo y Patricia Martínez, lograron construir colectivamente con el Ministerio el documento de política pública Acuerdo por lo Superior, tras la frustrada propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992. Vale recordar que el Acuerdo por lo Superior solo ha sido usado por las administraciones Parody-Giha para justificar algunas de sus decisiones, pero en el fondo ha sido desconocido. 

Agosto 2014: Antes de posesionarse para su segundo mandato, Juan Manuel Santos recibió

del CESU el Acuerdo por lo Superior 2034, que "acogió como propio". Días después llegó al

MEN Gina Parody, el Acuerdo se archivó y el CESU comenzó a perder protagonismo

En los últimos dos años, aspectos críticos para el sistema escasamente han sido analizados en el CESU o presentados al mismo por parte del Ministerio. Vale mencionar temas como los de  la Fundación Universitaria San Martín, la Ley 1740, de inspección y vigilancia, el polémico y desastroso MIDE, la no disposición del Ministerio para impulsar una agencia y una superintendencia de educación superior, la peligrosa afectación que sufrirán la mayoría de IES con las decisiones del Plan Nacional de Desarrollo y el débil sistema de aseguramiento de la calidad caracterizado por las dificultades y demoras en los procesos de registro calificado y acreditación y el rol de CONACES y CNA, entre otros aspectos.

Su composición y actuar han llevado a que el CESU se convierta en un organismo validador de las políticas de su presidenta, la ministra de Educación, sobre la que los consejeros -especialmente los rectores- no tienen plena independencia, pues en muchos casos callan o no discrepan para evitar que sus registros calificados, acreditaciones o investigaciones de inspección y vigilancia no les sean contrarias.

El gobierno tiene una representación muy importante, pues además de la ministra, cuenta con el voto de Colciencias (que hace 90 días no tiene director en propiedad), del delegado del Departamento Nacional de Planeación (pues su jefe nunca asiste), y de la directora del ICFES (entidad que cada vez se relaciona menos con la educación superior). De otro lado, hay consejeros de IES y sector productivo con un buen número de periodos (de dos años) re-elegidos permanentemente por sus comunidades, a las que poco o nada rinden cuentas; otros, como el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, quien llegó como uno de los dos representantes de las universidades privadas con la ayuda de Parody y Ariza y quien, según denuncias del consejero de los estudiantes, Alex Flórez (de la Universidad de Medellín) "no asiste al CESU hace un año" por lo que debería renunciar.

De otro lado, el Ministerio (desde 2015) le ha negado el derecho que, por Ley 30, tiene la Universidad Cooperativa como única universidad de economía solidaria, de ocupar su asiento como representante, mientras que las instituciones universitarias privadas -que porcentualmente son el mayor número de IES en el país- absurdamente no tienen vocero en el Consejo. Por su parte, Ignacio Mantilla, cuando asiste, representa más los intereses propios de la Universidad Nacional que los de la universidad pública, y los consejeros Germán Colonia y Dionisio Vélez White, que representan intereses de IES con programas técnicos profesionales y tecnológicos, no han dicho nada con respecto al polémico SNET.

Precisamente el SNET ha sido la gota que ha rebosado la copa y que debería significar un sacudón interno en el CESU y un juicio de responsabilidad de éste frente al sistema de educación superior, por su silencio cómplice frente a decisiones gubernamentales muy polémicas, y en especial a la manera como el propio Ministerio de Educación ha cedido el liderazgo y está a punto de permitir una reforma disfrazada de la Ley 30 con el proyecto de ley del Sistema Nacional de Educación Terciaria que, especialmente, el Ministerio del Trabajo está impulsando y que daría un entierro de tercera a las IES técnicas profesionales y tecnológicas, mismas que el responsable del tema hoy en el SENA, Mauricio Alvarado, en su momento defendió como rector y directivo de ACIET.

 

"Creíamos que nos encontrábamos ante un nuevo Ministerio"

El siguiente es el texto de la carta de renuncia de Prieto Pulido, profesor de la Universidad del Valle y exconsejero también del Consejo Nacional de Acreditación:

Ante la inminente aprobación de la propuesta de reforma al sistema de educación superior, con la imposición de lo que todos hemos conocido superficialmente como el “Sistema Nacional de Educación Terciaria”, SNET -que viene siendo preparada a puerta cerrada desde el inicio de la gestión de la Ministra Gina Parody-, me veo en la obligación moral y política de presentar renuncia ante el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, como representante de las comunidades académicas de universidades oficiales.

Mi decisión de declinar a la representación ante el organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría, fue provocada en virtud de que el CESU, en términos reales y efectivos, no es tenido en cuenta por el Gobierno Nacional para apoyar la construcción de una política pública articulada, coherente y pertinente, de acuerdo con el mandato legal contenido en la Ley 30 de 1992.

El espíritu del legislador en 1992, al crear El CESU, se orientaba a que las políticas y proyectos relacionados con el sector, deberían ser construidos de manera participativa y calificada, lo que se justificaba por las características de la educación superior, es decir que, entre otras, se debería mantener la misma metodología con que fue construida la Ley 30, legitimada desde antes de nacer a la vida jurídica, motivo por el cual fue aceptada por los diferentes actores, debido a que fueron consultados ampliamente y tenidos en cuenta.

En la actualidad, este espíritu característico de un Estado Social de Derecho, con arraigo en principios de la democracia participativa, se perdió completamente. Evidencia de ello son las últimas reformas que se han hecho al sector, como la Ley 1740 de inspección y vigilancia, la Resolución 2041 que convirtió la acreditación en un proceso obligatorio para los programas de licenciaturas, y otras disposiciones que fueron diseñadas de manera inconsulta, desconociendo los más elementales principios de participación en la elaboración de las normas que afectan de plano las comunidades académicas del país. El CESU, y en particular la posición de cada uno de sus integrantes, se ve seriamente limitado en la posibilidad real de manifestar las diversas posiciones que se plantearon -de muchas maneras y a través de todos los canales posibles- al gobierno y al Congreso sin ser tenidos en cuenta en la más mínima expresión. Como consecuencia de ese desconocimiento sistemático a la participación y criterio de las comunidades académicas, el sector de la educación superior está más desarticulado y desorganizado que nunca, sin poder encontrar respuestas reales a la problemática de la Educación Superior.

En mi calidad de Representante de las comunidades académicas, manifiesto de manera pública -y en nombre de las mismas- la inconformidad manifiesta y el desconcierto por la decisión del Gobierno nacional en el sentido de desconocer al CESU, órgano donde se encuentran representados todos los actores del sistema educativo superior, así como también desconocer recurrentemente las expresiones de todas las Asociaciones que se han pronunciado sobre la propuesta del SNET, que desde su origen ha sido impuesta y presentada sin tener en cuenta ninguno de los aportes que se han hecho desde los diferentes sectores académicos. Creíamos que nos encontrábamos ante un nuevo Ministerio, en el que los aportes calificados y respetuosos serían tenidos en cuenta, pero el accionar sigue siendo el mismo, el querer imponer vía “Fast Track” una reforma al sistema educativo superior, vulnerando el derecho legítimo de los diferentes actores a la participación activa en el diseño de un nuevo modelo para este importante nivel de la educación en Colombia. Esto se constituye en una afrenta abierta a la comunidad universitaria, a los académicos y su trayectoria en materia educativa. Esto evidencia que seguiremos ante reformas autocráticas, inconsultas, estructuradas bajo esquemas mal copiados de otros países que funcionan de una manera muy diferente al nuestro, donde las condiciones en materia de institucionalidad y capacidad instalada difieren sustancialmente de la realidad que se vive en Colombia.

Nunca se había desconocido tanto a las comunidades académicas, a los actores del sector, de tal manera que todas las reformas delineadas e implementadas simplemente han cursado por el engañoso proceso de “socialización”, un simulacro de democracia que asume a los académicos como simples convidados de piedra o refrendadores de lo que ya se ha decidido por parte del Ministerio de Educación o del Gobierno Nacional.

Dado que lejos está mi pretensión de cohonestar con estilos o prácticas excluyentes, en materia de construcción de lineamientos y políticas sectoriales, y con el fin de evitar incurrir en los errores del pasado (caso Proyecto de reforma a la ley 30 que debió ser retirado por el gobierno Santos ante la movilización social de los universitarios), he decidido renunciar irrevocablemente a la representación que ostento ante el CESU.

Soy un convencido de la Paz, he creído y sigo creyendo en que la única salida para nuestro país es una paz lograda con inclusión y respeto por los derechos y la autodeterminación de las Universidades, en el marco de su autonomía responsable, pero uno de los peores ejemplos sobre lo que no se debe hacer es precisamente lo que acontece en estos momentos con la Educación Superior.

¿Por qué no darle un debate amplio a esta reforma? ¿Qué es lo que se pretende tramitándola a espaldas del pueblo colombiano? Insto a que se adopten mecanismos democráticos como en la mayoría de países con tradición participativa. Lo contrario es ilegítimo y socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y gobernantes.

Si los integrantes del CESU no asumimos con entereza la vocería de los sectores que representamos, entonces debemos aceptar los cuestionamientos que se nos hagan sobre la dignidad que conlleva hacer parte del máximo órgano de asesoría en materia de educación superior. El mandato de quienes nos eligieron obliga a enaltecer la función que cumplimos, por ello considero que no puedo seguir conformando un organismo que hace bastante tiempo extravió su rumbo, que se reúne solo para acoger las actuaciones del gobierno y, ante todo, quiero alejarme de un órgano que no es tenido en cuenta para ninguna decisión del sector.

De manera respetuosa presento mi renuncia ante el CESU y, desde donde esté, me uniré a la comunidad académica y universitaria para impedir que esta iniciativa prospere en detrimento grave de los más elevados propósitos de la educación superior en Colombia.