Congresista revive posibilidad de ley estatutaria y superintendencia de educación

Marzo 26/17 La falta de gestión y criterio del Ministerio de Educación, la incapacidad de los rectores y asociaciones de IES de hacerse sentir de forma unida, y la ausencia de líderes capaces de hablar con el Ejecutivo y otros sectores, han dado un inusitado protagonismo en las últimas semanas a la representante liberal a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velásquez, quien parece empeñada en sacar adelante los esfuerzos interinstitucionales y legislativos para impulsar una Ley Estatutaria de la Educación, y al mismo tiempo, recuperar la frustrada propuesta de la Superintendencia de Educación.

Bajo el argumento de que la educación superior no puede ni debe ser un privilegio, Velásquez informa que ya se ha reunido, por separado, con el presidente Santos, la ministra Giha y algunos rectores, quienes coinciden en el interés de apoyar esta iniciativa. 

Velásquez hace parte de la comisión tercera de la Cámara (Hacienda y Crédito Público), y desde su rol como congresista ha apoyado iniciativas como la de la estampilla pro Universidad Nacional. Habría que ver la forma como estas iniciativas obtienen respaldo de las comisiones sextas, de Senado y Cámara, que es donde se tramitan los temas relacionados con educación.

En febrero pasado, Velásquez citó un debate al Ministerio y el Sena, para tratar de entender hacia dónde va el Estado en temas como las propuestas del SNET y las dificultades en el financiamiento de la educación superior pública, entre otros aspectos, y desde entonces ha venido haciendo público su interés de liderar una propuesta de construcción de Ley Estatutaria, fundada en la necesaria integración de todos los actores del sistema.

Sus pronunciamientos han resultado sonoros para rectores y asociaciones, por sus críticas a la manera como -especialmente desde la gestión de Gina Parody- se ha manejado la educación superior, las erradas aplicaciones de la Ley 1740, de inspección y vigilancia, el carácter policivo y no colaborativo del Ministerio con las IES, la necesidad de revisar los modelos de calidad, de replantear Ser Pilo Paga, el protagonismo excesivo del Icetex, la intención de afectar al Fodesep y la manera como Mintrabajo y Sena, de forma inconsulta con el sector, han querido afectar al mismo.

Además, ha adelantado continuas reuniones con protagonistas del sector, lo que la ha convertido en la "referente obligada" para quienes buscan una "madrina" frente a actuaciones del Estado en materia de Educación Superior. A diferencia de congresistas como Jorge Robledo, Senén Niño, Víctor Correa, Claudia López y Luis Carlos Avellaneda, entre otros, que en determinados momentos se han presentado como defensores de la educación, pero con propuestas o muy polémicas o muy de partido.

La idea de elevar la educación a la categoría de Ley Estaturaria no es nueva y viene de años atrás, incluso de la época de aprobación de la Ley 30 de 1992, que es ley ordinaria. En 2011, cuando se frustró la propuesta de reforma de la misma Ley 30, con la ministra María Fernanda Campo, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, varias veces sugirió esta propuesta, pero no halló el lobby ni ambiente político necesario para ello.

Lograr que la educación sea reconocida como una Ley Estatutaria tampoco es garantía de universalidad, gratuidad y calidad, como algunos consideran, y el mejor ejemplo de ello es lo que sucede con el sector salud.

Avanzar en este tema es importante por cuanto significaría, idealmente, lograr un consenso nacional y el anhelado esfuerzo integrador de la educación básica, con la media y la superior, y elevar la educación al nivel de derecho y deber fundamental de las personas, haría -entre otras cosas- que se deje de hablar constitucionalmente de la educación como un servicio y pase a ser un derecho. 

Por su parte, el tema de la Superintendencia (que el Ministerio de Educación Nacional no quiso sacar adelante, pese a que se le pidió en la Ley 1740 de 2014) bajo el tibio argumento de su costo económico (pero en el fondo fue porque perdía poder), debe enfrentar un debate mayor, pues en este aspecto hay más recelo y poco apoyo de parte de las universidades (léase ASCUN), pues consideran que sería un límite para su autonomía universitaria.

Ojalá que las gestiones, necesarias, de la representante Velásquez, puedan superar la tradicional polarización política que significa que haya un político de por medio, en un gobierno que dice dar el apoyo a la iniciativa pero con márgenes de maniobra cada vez menores por su baja popularidad, crisis fiscal y año pre-electoral.

El liderazgo en el sector que viene obteniendo la representante es más grande de lo que, seguramente, ella misma imagina, y por lo mismo, su riesgo político - de no avanzar en las gestiones prometidas- aumenta.