¿Y por qué no hay pregrados de Derecho a distancia y virtuales en Colombia?

Abril 12/17 Pese a la intención de varias IES de crear programas profesionales de derecho en la modalidad a distancia, bien sea tradicional, o virtual, a la fecha no hay uno solo en el país.

La puerta debe estar abierta, pues no está prohibido por ley (el Decreto 1075 de 2015 es para todos los programas y modalidades), pero la experiencia ha mostrado que esto no ha sido posible o porque las condiciones de calidad de registro calificado no se han dado de forma óptima, o muy especialmente, porque el Ministerio, y concretamente los miembros de la respectiva sala CONACES y los pares académicos no tienen una posición clara, y predominan los paradigmas y prejuicios de profesionales formados en el modelo tradicional, que consideran erróneamente que no es posible desarrollar  una carrera tradicional de asistencia y libro, de manera virtual y tutoriada. 

“Hay un capricho de parte de los responsables de aprobar el registro de estos programas, no solo porque no se ponen de acuerdo en lo que se debe apreciar y cómo, sino también porque existe la preocupación de que la educación a distancia y la virtual les afecte el “negocio” a IES tradicionales que ya tienen “colonizados” ciertos territorios del país”, confirmó a El Observatorio el directivo de una IES que intentó en varias oportunidades lograr su registro, sin que obtuvieran una respuesta clara al respecto. Eso sí, si el pregrado lo impulsara una IES acreditada institucionalmente, CONACES difícilmente podría evitarlo.

Curiosamente, la formación de abogados en estas modalidades ya se da en otros países de la región especialmente en México y Argentina, y en los que aún no existe esta oferta es en Colombia y Bolivia.

IES de la región que ofrecen el programa de Derecho bajo la metodología a distancia:

MEXICO: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Mexicana de Educación a Distancia (UMED), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), y Universidad Siglo XXI (UNISO).

ARGENTINA: Universidad Blas Pascal, Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Empresarial Siglo XXI (UES), Universidad FASTA

CHILE: Universidad de La Frontera y Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC)

ECUADOR: Universidad Técnica Particular de Loja

PERU: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad José Carlos Mariátegui, Universidad Peruana Los Andes – Educación a Distancia

PARAGUAY: Universidad Nacional del Pilar

VENEZUELA: Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela)

A la fecha en Colombia ya hay 19 pregrados universitarios activos en la modalidad de distancia tradicional y 23 en la modalidad de distancia virtual, en la misma área de conocimiento del derecho y las ciencias sociales, como lo son -por ejemplo- la psicología, las relaciones internacionales, el trabajo social, la gerontología y la comunicación social. Incluso, el programa profesional de comunicación social de la UNAD es el único de estas dos modalidades en el país, que cuenta con acreditación de alta calidad

Incluso ya hay una IES extranjera que -sin conocerse el detalle de sus alcances curriculares y la viabilidad de su titulación- están ofertando en Colombia el programa de derecho de forma virtual.

 

¿Por qué en Colombia el derecho no ha logrado contar con pregrados universitarios aprobados en las modalidades de distancia tradicional o presencial?.

Decanos, exconsejeros de Conaces y directivos de esa área consultados por El Observatorio se niegan a rechazar esa posibilidad, aunque reconocen que en el país aún se prefiere el modelo tradicional de la presencialidad. Más allá de la mala costumbre de que “siempre se ha hecho así”, y de que los profesores y magistrados que hoy cuenta Colombia se formaron de manera presencial, no hay argumentos de fondo para demostrar que la formación de abogados, a distancia, sea de menor inferior que la presencialidad. 

Las primeras facultades de derecho en el país

- Universidad Santo Tomás (1580)

- Universidad Javeriana (1623)

- Colegio Mayor del Rosario – Universidad- (1653)

- Universidad del Cauca (1827)

- Universidad de Cartagena (1827)

- Universidad Nacional de Colombia (1867)

- Universidad Externado de Colombia (1886).

Programas de derecho presencial actualmente activos: 190, en 103 IES

Acreditados en alta calidad: 40

Algunos dicen que se debe a que los abogados son débiles en formación tecnológica y TICS, pero en la modernidad dicho argumento se cae por su propio peso. Parece más un problema generacional que de barrera estructural.

Para otros, la calidad de la formación a distancia y virtual es inferior a la presencial, lo que también es rebatible. Con el desarrollo de la tecnología, la mejora de la cobertura de la conectividad y la masificación en la comprensión del lenguaje de las TICs, por parte de los más variados públicos, hoy en día se considera que “la calidad de la formación a distancia es, al menos, similar a la de la educación presencial, y que el rendimiento depende más de los diseños pedagógicos de cada acción formativa que de los recursos para el aprendizaje”, como bien lo ha demostrado en sus estudios el experto mundial en educación a distancia, Lorenzo García Aretio, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España -UNED- (leer su escrito).

Gracias a la tecnología, al control de actividades, a la interacción exclusiva, al acceso a más y mejores bases de datos, y a los múltiples beneficios de la multimedia y la evaluación personalizada, entre otros aspectos, pueden augurar competencias y niveles de conocimiento superiores en muchos abogados formados a distancia. 

Y el argumento o crítica más común de quienes están en contra de esta posibilidad, se basa en que -según ellos- no es posible formar en oralidad -un muy fuerte componente del actual ejercicio del derecho- así como comprobar los escenarios de prácticas de quienes se aspiran a graduar como abogados. Si ese argumento fuera válido para desautorizar el modelo a distancia, entonces académicamente hablando también se deberían caer los registros y autorizaciones de funcionamiento de pregrados como psicología y comunicación, que igualmente demandan de un importante ejercicio práctico, laboratorios, interacción social y prácticas como requisito de grado. 

 

........................................................ Haga clic aquí para ver la intervención del rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, en la Universidad Santo Tomás, en la que destaca el gran protagonismo que está adquiriendo la virtualidad como elemento indiscutido de la formación profesional.

 

Incluso, según conoció El Observatorio al leer conceptos de distintos pares académicos, hay versiones encontradas entre estos y no hay unidad de criterio en torno de cuál debe ser el porcentaje de presencialidad mínima, o máxima, que debe tener el plan de estudios de un programa de derecho a distancia, para responder a la inquietud sobre las prácticas.

Impedir, soterradamente, que las IES que lo desean puedan ofertar ciertos programas a distancia o virtual es una forma de violentar su autonomía, así como se niega el derecho constitucional de escoger profesión u oficial a los colombianos que por diversas restricciones de acceso no pueden acceder a un programa presencial, señala un profesor de derecho constitucional de una universidad privada, presencial, de Bogotá.

Para Javier Duván Amado Acosta, rector de Universitaria Virtual Internacional, sí es posible que se den estos programas bajo esta modalidad. No se ha hecho porque impera la tradición política académica; ¿pero -sugiere - cómo saber si funcionan o no si ni siquiera se prueba? 

 

Necesidad y beneficio de ofertar programas de derecho en las modalidades de distancia tradicional y virtual

A juicio de expertos en e-learning, formación a distancia e incluso algunos pares académicos de derecho, si Colombia logra superar sus prejuicios y sesgos al respecto y logra impulsar estos programas, podrá -entre otros aspectos-: 

- Evitar el desarraigo de miles de bachilleres de provincia que deben abandonar sus municipios para ir a estudiar en las grandes capitales. Departamentos como Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada no cuentan con oferta académica oficial del programa de Derecho. Cerca del 90% de municipios del país, con menos de 50 mil habitantes, carecen de oferta académica de esta índole. 

- Favorecer la descentralización y descongestión de los procesos judiciales del país, apoyando una justicia pronta en regiones del país carentes de mecanismos de investigación, promoción y defensa de los derechos humanos. 

- Garantizar, desde las grandes capitales y centros de poder, la presencia de tutores a distancia con valiosas hojas de vida académica y profesional, incluso mejores que las de muchos profesores de programas presenciales en provincia.

- Contribuir a los nuevos escenarios del post-conflicto que demandan, necesariamente la adopción de nuevos mecanismos de paz, justicia y reparación.

- Impulsar áreas del derecho poco trabajadas a profundidad en los pregrados de IES tradicionales y de grandes capitales, y propias de la complejidad regional, de zonas de frontera, de conflictos de tierras, mineros, derechos humanos, agrario, hídricos, ambientales…

- Acceder a una más acertada comprensión de los fenómenos idiosincráticos de los problemas culturales regionales que derivan en procesos de necesaria intervención de parte de los profesionales del derecho.

- Contribuir a favorecer la presencia del Estado en regiones aisladas pro las distancias geográficas y el conflicto.

- Facilitar la mejor inclusión al sistema de educación superior de estudiantes con las más variadas discapacidades, que en el sistema tradicional difícilmente podrían acceder. Se llega a públicos que de otra manera no pueden.

- Permitir la no desvinculación de su proceso formativo de personas que por sus actividades o profesiones deben movilizarse permanentemente (miembros de las fuerzas armadas, agentes viajeros… y hasta personas en prisión). 

- Quitar a los grupos armados y la delincuencia común potenciales integrantes, al crear más opciones de formación superior en regiones apartadas.

- Favorecer el acercamiento y modernizar los procesos digitales y tecnológicos necesarios en el ejercicio profesional del derecho.

- Intervenir inmediatamente en conflictos y procesos de necesaria conciliación a la luz de las realidades territoriales e históricas de las diversas regiones del país.

- Impactar positivamente, en el mediano plazo, los costos profesionales de los abogados, que en la actualidad tienen tarifas (para personas de municipios lejanos a las capitales) que superan su capacidad adquisitiva.

- Y, finalmente, es la manera como las universidades tradicionales presenciales pueden tener presencia regional sin necesidad de tener presencia física.

Un programa de esta índole, sugiere el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador, IES que está tramitando el registro para el programa de derecho, en la modalidad de distancia tradicional (con un 30% de presencialidad), “contribuye a fortalecer la democracia, es decir, el tejido social en la interacción sociedad civil - Estado, como el ámbito de encuentro de intereses comunes, y respalda el verdadero significado y sentido de la formación de un abogado dispuesto desde su región para consolidar la justicia equitativa e incluyente para el país”.

A propósito de la UNAD, su propuesta de programa a distancia también busca responder otra crítica que se ha hecho a estas posibilidades: Involucrar en el diseño curricular un componente que dé respuesta a la sociedad del postconflicto que se demanda desde la educación superior, con la activa participación de los actores sociales que serán impactados por este tipo de "oferta académica y educativa". Los Ministerios de Justicia, Ministerio del Interior, Altas cortes, Magistrados y demás implicados en una posible reforma. Y para ello tiene un sólido convenio con el Ministerio de Justicia.

Lo único claro en este escenario, es que el sistema de educación superior está en mora de responderle al país, con argumentos claros por qué sí o por qué no a los programas profesionales de derecho, tanto a distancia como virtuales.