Tras demanda de la UNAD, Consejo de Estado reivindica autonomía y deja herida la manera como Mineducación aplica Ley 1740

 

Mayo 11/17 El Consejo de Estado dio fin a la “cacería de brujas” que el Ministerio de Educación, -en administración Parody (foto) y Ariza, desató contra la UNAD (Jaime Alberto Leal -foto); sentó posición frente a la proporcionalidad que deben tener las medidas de inspección y vigilancia versus la autonomía universitaria, y demostró que en el Ministerio hubo negligencia, falta de prudencia y extralimitación de funciones con respecto a la UNAD. 

El fallo muestra la falta de coherencia del Ministerio, que se ensañó con la UNAD, pese a que esta IES demostró tener condiciones suficientes de calidad y operación, mientras que por otro lado levantó las medidas a la Universidad Incca, que objetivamente no tiene dichas condiciones. 

La sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ratificó en su totalidad la providencia de la magistrada María Elizabeth García González, que ordena al Ministerio de Educación Nacional suspender las medidas contra la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, impuestas mediante las Resoluciones 12010 de 2015 y 05156 de 2016. 

Tras analizar los argumentos de la UNAD, que consideró que el Ministerio de Educación se había extralimitado en la interpretación y aplicación de la Ley 1740 de 2014, de inspección y vigilancia, y los argumentos del Ministerio, que buscaba ratificarse en su decisión, el Consejo consideró que las situaciones halladas jamás afectaron la continuidad o calidad del servicio educativo de la Universidad ni se dio uso inadecuado de rentas o bienes de la Institución. 

Las medidas impuestas fueron ampliamente difundidas en los medios de comunicación por parte del Ministerio de Educación, produciendo gran daño a la imagen de la Universidad, afectando la demanda de estudiantes, ocasionando la disminución de contratos y convenios interadministrativos, y ocasionando una millonaria pérdida de ingresos para esta universidad pública. 

Para los magistrados, la actuación “desbordó la competencia atribuida por la Constitución Política y la Ley 1470 de 2014 al Ministerio de Educación Nacional, para efectos de ejercer la función de inspección y vigilancia de la educación superior”.

El Consejo de Estado considera que la actuación del Ministerio representó una “restricción de la autonomía universitaria de la UNAD”, y le cuestionó su intención de “promover, vía conminación o recomendación impositiva, la reforma de un estatuto interno que solo le compete a la respectiva Universidad, como garantía de su autonomía, independencia y auto-gobierno… con lo que se desconocieron los principios de autonomía universitaria y de auto – gobierno, como quiera que no se tuvo en cuenta la normativa existente sobre la materia”. 

El fallo confirma que el Ministerio no escuchó a la Universidad, impidiéndosele su defensa. 

Los hallazgos eran irregularidades ínfimas 

El Consejo de Estado confirmó que todos los hallazgos del Ministerio, en ningún momento comprometían la Universidad en la prestación de su servicio educativo con calidad y continuidad, ni tenían afectadas sus finanzas. 

Eran “irregularidades ínfimas y de fácil subsanación”, que fueron indebida o mal valoradas por parte de los funcionarios que investigaron, quienes desconocieron información de contexto y calificaron muy drásticamente los hechos. Además, se juzgó a la UNAD por actos previamente ya juzgados en otras instancias. 

Los hallazgos del Ministerio corresponden a temas administrativos – operativos (algunos mal investigados), y a procesos y documentos que debían ser ajustados sin necesidad de sanción. Los hallazgos se refirieron, por ejemplo, a la falta de organización de unas carpetas, la mora en la legalización de unos gastos particulares, la ausencia de un informe de una comisión, o la falta de una firma en un acta de comité de bienestar, entre otros.

Ninguna de las observaciones del Ministerio se relacionó con la calidad académica de la Institución. 

A la fecha todos los hallazgos se encuentran debidamente aclarados y solucionados. 

A juicio del Consejo de Estado “las medidas preventivas impuestas no se requerían para restablecer la continuidad o calidad del servicio”. 

Sede de La Florida, con total legalidad 

Pese a que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación habían confirmado la legalidad de la UNAD Florida, el Ministerio dijo que allí no se “desarrollan actividades académicas y administrativas ni se cumplen funciones de docencia, investigación y extensión”. 

Pero el Consejo de Estado fue enfático en señalar que las transferencias y directrices de la UNAD Colombia a la UNAD Florida son legales, y que el Ministerio de Educación omitió los pronunciamientos de los entes de control sobre el particular. “La Seccional Florida sí presta servicios educativos activamente y sí se encuentra debidamente integrada con la sede principal en Colombia”, ratificó el Consejo.

 

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