Capturan a rectora y vice-financiera de Unisinú, en Montería

 

Mayo 25/17 Por posibles irregularidades en contratos de fondo de regalías suscritos entre la Universidad del Sinú y la Gobernación de Córdoba, que habrían causado una posible pérdida de 3 mil millones, la Fiscalía General de la Nación arrestó a la rectora general y representante legal, María Fátima Bechara (izq), y la Vicerrectora Financiera Mara Bechara Castilla (derecha), quienes fueron trasladadas a Bogotá para continuar el proceso.

También fueron capturados Carlos Quinto Cumplido e Isidro Elías Suarez Padrón, este último jefe de la Dirección de Investigación de la Universidad de Córdoba, Yolima Hernández, Álvaro Hernando Sua Carreño y Khalil José Petro Sakr.

Mara Bechara de Zuleta también es suegra del actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, el hermano del congresista Musa Besaile. Asimismo, en 2015, cuando se dio a conocer la condena de abril de 2015 contra miembros del Bloque Córdoba, se compulsaron copias para investigarla porque varios desmovilizados la señalaron de financiar, colaborar y promover la estructura paramilitar. En el expediente por el que fue capturada, la investigación por la corrupción en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, también está implicado el exgobernador del departamento, Alejandro Lyons, a quien le imputará 20 cargos por estos hechos.

Según la Fiscalía, se hallaron irregularidades en seis convenios firmados entre 2012 y 2015 (el periodo del gobernador Lyons) para generar inversión en temas de ciencia y tecnología en Córdoba se perdieron alrededor de $10.000 millones. Entre los hallazgos está un informe de la Contraloría en el que se establece que no hubo supervisión adecuada de la Gobernación para la ejecución de los contratos, en los que se terminó despilfarrando la plata y subcontratando a Ceniagroecológico para realizar la mayoría de actividades.

Entre los convenios firmados por la Gobernación y la Universidad del Sinú está la “Investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en el Departamento de Córdoba”, que tenía un valor de $7.882 millones. En este negocio, en el que también participaba la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal, se descubrió que $4.300 millones terminaron en manos de Ceniagroecológico para supuestamente ejecutar 18 líneas de investigación.

Otro de los proyectos que se pagó a la Universidad del Sinú con recursos de regalías fue el del “Diseño de un programa de estudios en infecciones y salud tropical para el Departamento de Córdoba”. Tenía un valor de $10.172 millones y un plazo de ejecución de 37 meses a partir del 4 de febrero de 2014. Sin embargo, a comienzos de 2017 se habían invertido más del 56% de los recursos y solo se había avanzado en un 37% en la investigación.  

El tercer convenio estructurado con $3.063 millones de regalías que adelantó la Universidad del Sinú fue para el “Desarrollo e investigación aplicada de un modelo experimental sostenible e innovador en la cadena productiva de artesanías derivada de la caña flecha en el Departamento de Córdoba”.  El objetivo era que se produjeran cinco ecotipos de caña flecha -utilizada para la elaboración del sobrero vueltiao-, pero no se encontró ni una sola de las 20 hectáreas que debían estar sembradas. Según la Contraloría, de ese contrato se perdió el 60% de los recursos.

La hipótesis de la Fiscalía es que el desvío de recursos se logró a través de la subcontratación de servicios por un valor menor al que pagó la Gobernación de Córdoba, a pesar de que la Universidad del Sinú tenía la capacidad técnica para ejecutar la totalidad del contrato. Es decir, recibieron recursos para realizar investigaciones que finalmente terminaron siendo adelantadas por terceros a los que les pagaron un valor inferior.

La Presidencia de la República había designado un gobernador ad hoc en Córdoba, Gustavo Enrique García Figueroa, funcionario del Ministerio del Interior, para que hiciera un seguimiento minucioso a esos contratos, luego que el gobernador, Besaile, manifestara ante la Procuraduría General de la Nación que se declaraba impedido para conocer sobre dichos convenios porque está casado con Roxana Zuleta, hija de Mara Graciela Bechara de Zuleta.

Según informó la prensa, las directivas han prestado colaboración en el proceso, en el que dicen tener las pruebas documentales para comprobar su inocencia.

Adaptación: El Universal, El Meridiano y El Espectador