La Universidad colombiana sitiada y sin norte definido. Balance de la educación superior en 2017

Dic 22/17 El Observatorio presenta una síntesis de los hechos que marcaron la educación superior en 2017, caracterizados por la preocupación de rectores por acciones y silencios del Estado que afectan su autonomía, por importantes anuncios que no han pasado de ello, por el hundimiento de propuestas claves y la ausencia de orientaciones estratégicas para el desarrollo del sector. Todo a puertas de 2018, que poco promete, tanto por el estilo gris del actual Ministerio de Educación como de la parálisis y el oportunismo propio de la campaña presidencial que se avecina.

1. El Ministerio de Educación: De un huracán a una llovizna

Tras el agitado ministerio de Educación de Gina Parody y de sus viceministros (Ariza y Cardona), el sistema experimentó una relativa calma con la llegada, para 2017, de la ministra Janeth Giha y su viceministra Natalia Ruiz Rodgers. De los anuncios mediáticos, inconsultos y un estilo atropellador que habían hecho mucho daño al sector, Giha y Ruiz se caracterizaron por ser más conciliadoras, prudentes y hasta en extremo pasivas. Su gestión se ha basado en tratar de llevar de la menor manera traumática posible las difíciles herencias recibidas y al finalizar el año es difícil hallar la gran propuesta estratégica de su gestión para la educación superior. Uno que otro anuncio. Pero parece que el objetivo es no intentar cosas novedosas en un gobierno que está en su último año, con bajos niveles de popularidad y cuyo objetivo es llegar “vivo” al 7 de agosto de 2018.

El eslogan de “Colombia la más educada”, tan promocionado desde la llegada del Gobierno Santos 2, cada vez es menos usado, pues las cifras poco le ayudan, y en cambio todos los balances del sector se orientan a mostrar el salto en cifras del periodo 2010-2017, o los dos gobiernos Santos (vea "Colombia la más educada", del eslogan al engaño).

 

2. Un entierro de tercera para el SNET

Surgió como una obsesión de la exviceministra Natalia Ariza, que Parody logró “meter” para sorpresa del sistema y sin análisis previo ni consentimiento del mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015). El Ministerio quiso “imponerlo”, tras lograr el apoyo de algunos sectores de la producción, pero se chocó con la reacción de los académicos y las asociaciones. Su lanzamiento se aplazó varias veces y cuando llegaron

Giha y Ruiz encontraron un sistema con poco fundamento teórico, y equipos de trabajo del Ministerio divididos al respecto.

La importancia y necesidad del tema (buscar la articulación de los niveles educativos, soportados en un inexistente marco nacional de cualificaciones) fue eclipsada por el lobby de grupos de interés, la forma como se pretendió impulsar el tema y, sobre todo, porque -en medio de su inocencia, desconocimiento o lavado de manos (¿)- el Ministerio de Educación Nacional cedió el liderazgo del tema al Ministerio de Trabajo y el SENA, en momentos en que la euforia del postconflicto y la firma del acuerdo del paz le permitía al Gobierno crear una normatividad especial, vía fast track, para aprobar proyectos con fuerza de ley: Con ese argumento, se conoció por la opinión pública un proyecto que pretendía impulsar el SNET de esta manera, modificando la estructura del sistema y de la Ley 30, que finalmente fue engavetado tras la reacción del sector académico.

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3.    La incómoda acreditación de las licenciaturas

Otra de las herencias de Gina Parody fue la obligatoria acreditación de las licenciaturas (Ley 1753 de 2015), tema igualmente metido a última hora en el Plan Nacional de Desarrollo y ni siquiera con la consulta de la Universidad Pedagógica Nacional, que por Ley tiene la función de asesora al Ministerio en estos temas.

En 2017 el Ministerio se vio en medio de una situación incómoda: La necesidad de hacer cumplir la ley, pero sin la convicción sobre la necesidad e importancia de la norma. En medio de ello, el sistema (léase programas de licenciaturas y rectores) optó porque cada IES tratara de resolver el tema a su manera y el Ministerio logró inventarse una resolución para que los programas de IES en zonas de conflicto armado tuvieran un plazo adicional, que es otra forma de “tirar la pelota” al próximo gobierno.

Se cumplió el plazo y un buen número de programas e IES no han cumplido la acreditación obligatoria (en contravía de lo establecido por la Ley 30) -no se conoce el consolidado de cifras al respecto, y todo el sistema parece inclinado a tratar de olvidar el tema de la forma menos traumática posible.

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4. ¿Sobrevivirá Ser Pilo Paga?

El Gobierno Santos cumplió con su promesa, “vendida” por Roberto Zarama, de Uniandes, a Gina Parody, y por ésta al presidente Santos: 40 mil becas en sus 4 años de gobierno. El programa, que fue un boom mediático en sus dos primeros años, empezó a ser objeto de críticas, especialmente cuando se descubrió que estaba afectando los ingresos que debían llegar a las IES públicas, tras la reforma tributaria de diciembre de 2016. Incluso, no se sabe cómo se financiará exactamente, por parte del próximo gobierno, para lograr que esos 40 mil muchachos logren terminar sus estudios.

Fue la desviación de esos recursos los que llevaron a que, finalmente, los rectores de las universidades públicas se atrevieran a hablar, mientras que los rectores de las privadas grandes tradicionales y más beneficiadas con estos recursos también salieron a defender el programa.

Por ahora, los hechos parecen indicar que, por lo menos los bachilleres que se gradúen en 2018 no tendrán acceso a este programa, que claramente sufrirá un replanteamiento de parte del próximo presidente, sea cual sea.

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5. IES privadas intervenidas por el Estado ¿mal negocio?

La fortaleza normativa obtenida por el Ministerio de Educación con la Ley 1740 de 2014, de inspección y vigilancia, y el despliegue mediático derivado de la entonces identificada “lucha contra los mercaderes de la educación”, se desinfló en 2017.

La imprudencia y falta de conocimiento de la realidad del sector por parte de muchos de los funcionarios de la subdirección de Inspección y Vigilancia, la inestabilidad de un director en ese cargo, el “freno en seco” que puso el Consejo de Estado al propio Ministerio al advertir los errores de procedimiento y de fondo en la forma como se intervino en la UNAD, y la no solución efectiva de los problemas que llevaron a la intervención de la Fundación Universitaria San Martín (de la que aún hoy no se sabe exactamente su situación real y hasta dónde incide aún el Ministerio), llevaron a que el tema pasara a segundo y tercer plano en la agenda pública.

El caso de la Universidad Incca de Colombia es otra prueba del “fracaso” de la inspección y vigilancia de un Ministerio que llegó al extremo de levantarle medidas a esa IES bajo el argumento de que tenía condiciones de ofertar educación de calidad, cuando su situación económica escasamente le permite sobrevivir (mandó a vacaciones de final de año a sus empleados sin pagarles sueldos atrasados desde septiembre). Esa IES, sin ningún pregrado acreditado y hasta con problemas de pago a proveedores de seguridad y aseo, está a la espera de la autorización del Ministerio de Trabajo para despedir a 123 empleados. Por ahora, el panorama advierte la posibilidad de que esa IES difícilmente podrá sobrevivir a su situación económica, a los ojos del fracasado sistema de inspección y vigilancia.

Estas son solo dos muestras claras de lo que pasa en el sector, porque hay decenas de quejas de lo que pasa en otras IES, desatendidas por el Ministerio.

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6.    Ciencia sin conciencia.

En el Gobierno Santos, Colombia la más educada en vez de aumentar ha bajado significativamente los recursos para Colciencias; y quitó dinero de regalías de ciencia y tecnología para invertirlos en carreteras. Colciencias pierde peso político, estratégico y económico, y mientras su subdirector Alejandro Olaya se inventa una encuesta para que el país defina cuáles deben ser las prioridades en temas de ciencia y tecnología (con cada vez menos recursos), su director - César Ocampo- (con un perfil tan bajo que ni siquiera fue cuestionado públicamente por la incapacidad para defender recursos para su entidad) ve cómo se diluye el protagonismo de la entidad, e incluso el propio Gobierno, desde Mineducación y otras entidades, fomenta el programa Colombia Científica, que es una buena iniciativa para potenciar desarrollo de investigaciones de algunas IES, pero desarticulada a un proyecto de país y ajeno a Colciencias.

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7.    Oferta aumenta. Demanda cae.

Mientras la matrícula experimenta una contracción, como resultado de la situación económica del país, y la meta inicial del Gobierno Santos 2, en 2014, de llegar al 60% de tasa de cobertura en 2018 (y luego revaluada al 57%) difícilmente superaría el 55%, la oferta de programas, modalidades y alternativas de ingreso y pago se amplía, de tal manera que para muchas IES los esfuerzos para conquistar sus metas de matrícula cada vez se hacen más difíciles.

Por un lado, programas como Ser Pilo Paga, y los esfuerzos de gobiernos locales y departamentales por crear programas similares, así como los incentivos de Icetex, han inflado artificialmente la demanda, y por otro lado la aparición de nuevas IES y alianzas, más la recesión económica, han llevado a que los costos de matrícula de 2017 estén a los mismos niveles de 2014.

Habría que esperar los efectos colaterales, de gran impacto, de la entrada en vigencia, en 2018, de la norma del Plan Nacional de Desarrollo, que sólo permite créditos Icetex para programas e IES acreditadas, con lo que el compromiso del Estado con la financiación de la educación superior se vería afectado en más de 50% de los municipios en donde no existe esta oferta de alta calidad.

Mientras tanto, aumenta el número de IES que piden pista para ofertar programas.

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8. Prácticas no santas para la academia:

Si tradicionalmente se critica la falta de reconocimiento por parte de la sociedad colombiana de lo que puede aportar la Universidad para la orientación de país, los escándalos de algunos de sus directivos en naya ayudan a mejorar ese panorama.

Algunos casos ilustran esta lamentable situación: Las hermanas Bechara, de Unisinú, en líos con la justicia por manejo de dineros públicos, el rector de Unillanos se encuentra en la cárcel por actos de corrupción, el exdirector del Sena y mano derecha del presidente Santos es acusado en la Procuraduría por clientelismo en la institución; ante la misma Procuraduría está acusada la exministra Parody por contratos en el Ministerio, y la Universidad Incca tiene acusado al Ministerio por su actuación en esa IES; la Universidad Metropolitana continúa en líos y demandas entre sus fundadores, así como la Corporación Universitaria Rafael Núñez, y algunos medios cuestionan la integridad en la gestión de rectores como los de La Guajira y la Universidad Tecnológica del Chocó.

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9. Otro año más sin solución de fondo a las finanzas de la universidad pública:

La historia ya es conocida, porque el discurso es similar cada año: La universidad pública está desfinanciada, el modelo de financiamiento estatal de la Ley 30 es asincrónico y no reconoce la realidad actual, los recursos no son suficientes, el Estado no atiende el debate y periódicamente calma la protesta de los rectores con algunos pocos miles de millones de pesos, a través de asignaciones esporádicas y figuras jurídicas, pero el asunto de fondo (la responsabilidad del Estado con el financiamiento de la educación superior), no amerita desde hace muchos años, un debate serio de parte del alto gobierno, sobre cómo asumir el tema, y mientras que no haya un gobierno (no desgastado) que convoque el debate, el tema seguirá igual.

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10. La Universidad sitiada

El sistema de educación superior colombiano es un “agregado” en donde cada protagonista, especialmente las IES solo se reúnen para defender sus intereses, pero en donde cada una debe actuar individualmente para gestionar recursos, buscar aliados y defenderse de actuaciones del Ministerio.

Las restricciones presupuestales, la excesiva reglamentación de procedimientos de toda índole y las ambiguas interpretaciones de la norma por parte de funcionarios del Ministerio, CESU, CNA y Conaces, han generado estrés e incertidumbre entre los rectores. Sin recursos es difícil pensar en academia de calidad; sin reglas claras y permanentes, las apuestas estratégicas deben ser de corto y no de mediano plazo; y sin apertura de criterio y flexibilidad de parte de quienes deben definir el futuro de IES y programas (como los pares académicos y salas evaluadores de programas), el modelo educativo continúa apegado a defender los intereses de las IES “grandes”, a no innovador con esquemas modernos y a seguir condenando a aquellas IES que le apuestan al cambio, nuevos formatos, programas y públicos.

El diagnóstico ya está dado: Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad con muchos protagonistas pero sin articulación ni norte, falta de liderazgo en el sector, conflictos de intereses entre quienes participan en el mismo y falta de una visión de país desde la educación superior que permita tener una mirada de largo plazo y no pegada a la minucia y al pero…

Así mismo, la autonomía universitaria enfrenta un preocupante panorama de intervención foránea en las decisiones propias del ámbito interno de los consejos superiores. Las reiteradas acciones legales para evitar, dilatar y evadir responsabilidades y acciones en los procesos de elección rectoral (por ejemplo, lo que pasó en la U. del Atlántico), los consejos superiores arrodillados ante los jueces (como lo sucedido con la UPTC y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca) y la intención del Congreso de la República de afectar derechos adquiridos por las universidades como el caso de los de contratación con entidades del Estado, demuestran que no hay quién defienda a la universidad colombiana, que el Ministerio de Educación tampoco lo hace, y que cada día los jueces intervienen más en el ámbito de la autonomía.

Más allá de reformas cosméticas a los modelos de calidad, CNA, Conaces, convalidación, registros, financiamiento, rendición de cuentas, etc, lo que necesita el país es un rediseño completo de su sistema de educación superior.

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Promesas, promesas, promesas…

Finalmente, y a manera de recuerdo, se listan algunos de los muchos anuncios y promesas realizados a lo largo del 2017, especialmente por el gobierno nacional, relacionados con educación superior, y que se quedaron en el tintero, van muy lentamente en el camino o simplemente fueron usados como “cortinas de humo” para bajar la tensión y distraer la crítica de la opinión pública en algunos aspectos:

¿Qué pasó con…?

- La propuesta, en la reforma tributaria, para que la DIAN tenga su propia IES

- La elección, en propiedad, del rector de Unillanos

- El propuesto proyecto, de iniciativa del legislativo, de Ser Pilo Paga

- La posible demanda del SUE del desvío de recursos públicos para universidades privadas, por supuesta inconstitucionalidad

- El anuncio del presidente Santos de la creación de una Universidad del Ejército

- La propuesta, en el Concejo de Bogotá, de dar exención de impuestos para las universidades públicas de Bogotá

- La iniciativa de la ministra de Educación de modificar el articulado de la Ley 30 sobre financiamiento de la educación superior

- El proyecto de ley que busca que las IES oficiales no universidades tengan autonomía como las universidades

- El proyecto de Ley para que la Universidad Nacional tenga 500 mil millones adicionales

- La iniciativa de Minjusticia - IES para reformar los consultorios jurídicos

- Las promesas de Icetex para que IES del Caribe no acreditadas tengan créditos

- La propuesta, en Bogotá, para que megacolegios sirvan de sede para universidades

- La investigación de la Procuraduría, por contratación de Mineducación, en el periodo de Gina Parody

- La reglamentación de la Ley para que Icetex y Mineducación centralicen toda la oferta de becas y subsidios del país

- La propuesta de ASIESCA para crear fondo de financiación para sus IES

 

Información de referencia: Muchos anuncios mediáticos y pocas realizaciones. Balance del sector en 2016