Icetex reconoce que créditos solo para acreditados son un fallo

Marzo 11/18 El presidente del ICETEX, Alejandro Venegas, señaló que si bien el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de dar crédito sólo a estudiantes que se matricularan en programas o IES acreditados era incentivar la acreditación, reconoce que “fallamos al no hacer una revisión un poco más detallada de la realidad regional y no mirar la medida de una forma general sino de una forma particular”.

Frente a las críticas a la entidad, Venegas señala que "terminar con el Icetex no es la mejor salida para un Colombia que busca acceder sin tantas restricciones a un crédito educativo".

Según un informe de El Tiempo, a raíz de la medida, la demanda de créditos ha bajado en el país. El nuevo presidente del Icetex llegó a aplicar una ley que, en el fondo, no comparte, pero que legalmente debe hacerlo. El problema, como recuerda El Tiempo, se remonta al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Juan Manuel Santos y puntualmente a un parágrafo transitorio del artículo 61 de la Ley 1753 de 2015 que dictamina la decisión de dejar de entregar créditos a programas y universidades no acreditadas. El Icetex, bajo este mandato legislativo, está cumpliendo y efectivamente dejó de entregarlos.

¿Cuál es el problema? Que hasta el momento tan solo existen 49 universidades en el país (de 289) y 1.056 programas (de 11.652) acreditados en alta calidad, según cifras del Ministerio de Educación. De las acreditadas, 27 son privadas y 22 son oficiales.

Y según el Icetex, el 89 por ciento de sus créditos se dirigen a las privadas; es decir, que la gran mayoría de recursos de esa entidad se destinan a las pocas privadas acreditadas. Además, solo el 10% de los pregrados están acreditados.

El mismo director reconoce que falló el cálculo que se hizo en el PND, pues la oferta acreditada en el país es muy heterogénea si se mira en todo el territorio nacional. “Uno no puede asumir que la oferta es igual en Bogotá a la que tiene un departamento como Arauca. De manera que se puede encontrar de todo, una muy buena oferta acreditada, y una muy buena oferta que no lo está”, aseguró.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) y/o programas no acreditados están en todos los departamentos del país; sin embargo, las regiones más afectadas –según el Icetex- son las que no cuentan con oferta de calidad, principalmente en zonas apartadas como Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada.

Ante la pregunta de por qué no se sabe a cuántos jóvenes afecta la medida, la vicepresidenta de Crédito del Icetex, Ana Clemencia Silva, aseguró que los créditos de la convocatoria del primer semestre del 2018 todavía se encuentran en proceso de legalización, por lo que no es posible dimensionar el número de estudiantes ni de universidades a las que se les van a girar recursos este semestre. La cifra que entregaron, para la vigencia 2017, tiene que ver con los recursos que se giraron a 262 instituciones.

Como una chambonada y una locura definieron el punto del artículo 61 del PND Francisco Cajiao, experto en educación y rector de la Fundación Universitaria Cafám, y Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y actual presidente de la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Nucleares.

Cajiao aseguró que “es una de las locuras más grandes que ha hecho este gobierno porque demuestra el desconocimiento que se tiene sobre la realidad del país”. Explicó que quienes van a las universidades privadas no acreditadas son aquellos jóvenes que no lograron los resultados suficientes para entrar a las públicas, que no tienen los recursos suficientes para pagar ni una universidad privada acreditada ni una no acreditada. Por eso recurren al Icetex como la única herramienta para poder estudiar, pero eligen una no tan costosa porque no tienen la capacidad económica para endeudarse demasiado. Es decir, afecta a la clase media baja del país.

El experto asegura que, según sus cálculos, podrían ser entre 30.000 y 35.000 jóvenes los que se quedarían sin estudiar “por un Plan de Desarrollo improvisado y descontextualizado del país”.

“Además, a esta decisión del PND se suma que la matrícula se ha reducido porque la gente no tiene plata, hay incertidumbre sobre el empleo, porque cuando tienes que elegir entre comer y mandar a los niños a la universidad, las familias dicen muchas veces que no a lo segundo. Que es mejor que el hijo mayor salga y trabaje y ayude en la casa”, explicó Cajiao.

Wasserman coincide con la opinión de Cajiao y expresa: “el Plan Nacional fue una ley que introdujo varias chambonadas, una de ellas y muy seria fue esta”. Según el experto, es incoherente que por un lado el Gobierno prohíbe entregar créditos a las universidades no acreditadas y por otro lado, el mismo PND estableció como meta que para el 2018 solo el 20 por ciento de los programas del país estuvieran acreditados.

“Me parece que la chambonada radica en tomar una medida teniendo en cuenta una sola medida y no considerando los efectos colaterales. Esto es solamente una ocurrencia, obligar a que todos se acrediten. Y lo que hacen es generar un problema social muy grave. Miles de jóvenes quedarán sin qué hacer”, concluye el experto.

Alberto Roa, vicerrector académico de la Universidad del Norte y exmiembro del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), es un tanto más mediador. Sin embargo, coincide con dichos expertos en que la acreditación de las universidades no puede ser una herramienta excluyente.

“Considero que la acreditación tanto como de proceso institucional como de programas ha sido un fomento para mejorar la calidad de la educación. Es positivo incentivar la acreditación. Pero no podemos caer en una cosa excluyente y que existan regiones que no tengan universidades de calidad. Hay que planear estrategias, acompañar a las instituciones. Que la cobertura vaya acompañada de calidad”, añadió Roa.

Posibles salidasAunque son pocas las medidas que se han tomado para el efecto tan grande que tiene este punto del PND, el Icetex decidió crear líneas especiales para la convocatoria 2018-1 para zonas especiales y de protección constitucional, que benefician a la población de 11 departamentos de zonas apartadas, con mejores oportunidades para que los jóvenes de estas regiones, a través de tasa subsidiada y estipendios puedan acceder a programas de educación superior.

También, de la mano con autoridades locales y departamentales, se están implementando fondos y alianzas que permitirán ampliar la oferta educativa en las regiones para que, a través de programas con pertinencia, los jóvenes puedan acceder a educación superior, sin salir de sus territorios. “Buscamos que la medida tenga el menor impacto posible”, aseguró Venegas. Por su parte, la respuesta del Ministerio de Educación Nacional fue que su postura es la misma que la del Icetex.

Entre las posibles soluciones está un proyecto de ley de la representante a la Cámara Martha Villalba. Por medio de esta iniciativa se busca postergar esta decisión y dar más plazos, principalmente para las regiones apartadas, y que más instituciones se puedan acreditar. Sin embargo, el proyecto está en la primera instancia y, al parecer, se demorará en salir adelante.