Horacio Brieva analiza en El Heraldo, de Barranquilla, la situación que ha vivido la paisa Ana Sofía Mesa, como rectora de Uniatlántico, su sanción por parte de la Procuraduría y su relación con el nuevo gobernador del Atlántico, que preside el Consejo Superior.

Como es de público conocimiento, la rectora de la Universidad del Atlántico, la ingeniera Ana Sofía Mesa, se encuentra cumpliendo una sanción disciplinaria de un mes que le impuso la Procuraduría Regional del Atlántico por la denuncia de un funcionario de carrera administrativa, posteriormente reintegrado, que, en el momento en que ella adelantó la reestructuración del Alma Máter, se encontraba en un puesto de libre nombramiento y remoción desde hacía cuatro años.

Cuando la Procuraduría informó al gobernador Eduardo Verano de la medida, este, en otra muestra del cariño que le profesó a la rectora durante su gobierno, expidió la Resolución 000221 del 20 de diciembre de 2011 ordenando la ejecución de la sanción. Los entendidos sostienen que se trató de un clásico abuso de funciones de parte del exgobernador –de una ‘alcaldada’–, pues como ex Constituyente y experimentado servidor público de muchos años tenía que saber que el jefe administrativo de la rectora es el Consejo Superior, y solo este, mediante resolución correspondiente al carácter de ese organismo, podía hacer la notificación a la funcionaria, como en efecto lo hizo el pasado 20 de enero.

Ilustra lo ocurrido las malas relaciones que tuvo Verano con la doctora Mesa, por quien no votó en la elección que hizo el Consejo Superior de rector, tras la consulta de estudiantes y profesores que dejó como finalistas a la actual rectora y al microbiólogo corozalero Salim Mattar Velilla. El exgobernador defendió su solitario voto por el distinguido académico sucreño aduciendo que la Universidad del Atlántico debía dirigirla alguien de estas tierras caribes y no una antioqueña. Pero la mayoría del Consejo Superior tuvo una opinión distinta.

Otra elocuente muestra de los desafectos de Verano fue haber adscrito a su despacho el manejo de los recursos Pro-Ciudadela Universitaria, con los cuales comprometió, me aseguran, vigencias futuras. La Junta de este organismo, me aseguran también, tiene previsto en su próxima reunión abordar este punto.

Con la llegada del gobernador José Antonio Segebre ha cambiado el clima de relaciones con la rectora Mesa. La autonomía universitaria no se podía seguir menoscabando. El Gobernador, como presidente del Consejo Superior, es una figura muy importante de esa instancia, pero es apenas un voto y no puede pretender imponer sus caprichos. Tampoco puede pasar por encima del Consejo Superior, como lo hizo el exgobernador al expedir la resolución mencionada.

El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, ha dicho que “la autonomía universitaria es el reconocimiento de la sociedad al hecho de que las universidades se equivocan menos que los gobiernos”. En el caso de la Universidad del Atlántico –como en el de todas las universidades públicas– cualquier intervención abusiva de un gobernador resulta además inaceptable por cuanto el sostenimiento financiero de esta institución corre fundamentalmente por cuenta de la Nación. La Gobernación poco aporta, de modo que esta es otra razón que concurre para que sus relaciones con la universidad sean más respetuosas de su autonomía.

En el marco del proyecto de reforma a la educación superior, este es un magnífico momento para que la comunidad de estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico formule sus propuestas referentes a la autonomía. ¡Las agresiones del Gobernador anterior no se deben volver a repetir!