noviembre 16, 2018 7:49 am


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La irresponsable ausencia del CESU en los temas críticos de la ed. sup. colombiana

Nov 5/18 Si hay algo claro de las protestas de las últimas semanas es que el sistema de educación superior vive una crisis de identidad, estructura y norte. Todos coinciden que hay que ir al fondo (más allá del tema financiero) y el CESU brilla por su silencio.

¿Y por qué el Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, responsable según la Ley 30 de ser un “organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría” calla frente a temas decisivos como el Decreto 1280, la Generación E y el sistema de financiamiento de la educación superior, los graves fallos del sistema de aseguramiento de calidad, la desestructuración del sistema, los pobres resultados de inspección y vigilancia y el diseño de políticas en aspectos como virtualidad, internacionalización, bienestar, mediciones, rendición de cuentas…?

La respuesta es muy sencilla: Porque aunque aparenta ser un organismo independiente, sus integrantes terminan obedeciendo lo que dice la ministra (o viceministro de Educación Superior), que son los que presiden el Consejo, por físico miedo a que haya represalias de parte del Estado hacia las IES o sectores que representan y, por ello, buscan ser beneficiarios de registros calificados, acreditaciones y la bondan del Ministerio hacia sus intereses (re-elección, viaticar, viajar a los consejos, programas de fomento y cercanía a la ministra).

Generalmente son los representantes de los profesores y los estudiantes (uno por cada uno) los que demandan al Consejo pronunciamientos y análisis sobre temas críticos para el sector, pero son minoría y terminan siendo acallados.

El tercero que así debería actuar es el vocero de las comunidades académicas, pero su actual protagonismo es tan poco que no cuenta para el debate.

Si se hace una relación histórica entre los representantes del CESU y las IES a las que han pertenecido y representado, se explica por qué generalmente son las que mejor posicionamiento tienen en el sector.

Aunque la mayoría de rectores allí presentes (excepto el de la Universidad Nacional, que tiene asiento permanente, por Ley) son elegidos por las IES que representan, estos generalmente terminan actuando en beneficio propio y poco o nada rinden cuentas a sus representados.

Y curiosamente no existe un sólo vocero de las instituciones universitarias privadas (que en este momento son 102 de las 296 IES). Es decir, el sector mayoritario de IES no tiene un vocero en el CESU.

A su vez, los representantes del sector productivo básicamente son conocidos al interior del propio CESU, mas no es claro que realmente hablen por un sector estratégico, pero al que pareciera importarle poco lo que salga de ese Consejo.

Entre tanto, el Ministerio aprovecha este escenario para “lavar” algunas de sus decisiones y lograr la aprobación de algunas poco o nada discutidas, pero sobre las que los consejeros no se ponen de acuerdo o simplemente no les interesa enfrentar al “grande” (Mineducación) porque les afectaría sus intereses personales o gremiales.

El momento de mayor protagonismo del CESU lo tuvo en agosto de 2014, cuando presentó el Acuerdo por lo Superior 2034 (documento de política pública que reemplazó la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, presentada por al exministra María Fernanda Campo en 2011), documento que el entonces presidente Santos dijo acoger “como propio” días antes que nombrara como ministra a Gina Parody, quien enterró el documento y desconoció el trabajo colectivo del CESU.

Desde entonces el CESU agachó cabeza y ratificó su ausencia de liderazgo, a tal punto, que ahora que todos hablan de la necesidad de revisar el sistema, el modelo de funcionamiento y la Ley 30, no aparece. Ni siquiera su propioa presidente (la ministra de Educación, María Victoria Angulo) lo ha sugerido tras la reunión de los rectores de IES públicas con el presidente Duque.

Ahora que el Ministerio trata de iniciar una mesa de diálogo con estudiantes y profesores (en dónde sí estarían los respectivos voceros de estos en el CESU, actuando a nombre de sus agremiaciones, pero no del CESU), es tan gris la actuación del CESU que no siquiera el Gobierno ni columnistas de opinión han recomendado que sea ese organismo el que contribuya con este necesario espacio de concertación nacional.

Mientras tanto, el CESU se seguirá reuniendo con el Ministerio, con una agenda paralela, para tomar decisiones que favorezcan a unos pocos y validen actuaciones, no siempre técnicamente correctas, del Ministerio, y todos actúan como si nada pasara.