octubre 23, 2018 2:28 pm


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La plata para las universidades: Editorial – Sept 29

Editorial de El Tiempo – Sept 29/18

La estrechez presupuestal que por diversas vías han expuesto los rectores de las universidades públicas del país en los últimos días ha vuelto a poner los reflectores sobre las necesidades de estas instituciones educativas y, en general, sobre lo que está pasando con la educación superior en el país, en particular en lo relativo a su financiación.

Existe cierto grado de consenso respecto a que el origen de lo que hoy ocurre se remonta a la Ley 30 de 1992, que para estos centros educativos estableció, en su artículo 86, un modelo de financiamiento según el cual el monto destinado por el Gobierno central a cada universidad se debe incrementar anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Situación que entraña dos dificultades para nada despreciables: no permite contar con recursos para inversión en campos tan críticos como la infraestructura y desconoce transformaciones sociales que a largo plazo obligan a disponer de más financiación.

Es verdad, por ejemplo, que cada vez son más los profesores con estudios de posgrado que exigen mejor remuneración; también sucede que las profundas transformaciones que en estos tiempos se dan a un ritmo vertiginoso obligan a que los lugares donde se transmite el conocimiento tengan la posibilidad de estar tan actualizados como sea posible en todas sus herramientas pedagógicas. Con el modelo tal y como ha funcionado hasta hoy, resulta particularmente complejo atender estos dos frentes.

A la situación actual se llegó después de varios lustros de crecimiento de la cobertura de la educación superior, hasta alcanzar la cifra de 52,8 por ciento, correspondiente al 2017 en la población de 17 a 21 años. Con tal fin se crearon condiciones para tener una mayor oferta de carácter privado, se trabajó para que el Sena llegara con sus programas de educación técnica y tecnológica a más municipios y se aumentaron los cupos en la universidad pública. Sin embargo, este esfuerzo parece haberse quedado corto.

La universidad pública y la privada comparten hoy en partes iguales su participación en la cobertura. Pero, por motivos de costos, para un porcentaje muy alto de la población –que, según expertos, puede rondar el 80 por ciento–, la única alternativa es la pública. De ahí lo sensible del tema. La cantidad de estudiantes que se matriculan en instituciones privadas se ha estancado en los últimos años. Muchas de estas han debido hacer importantes inversiones, que se reflejan en un aumento del valor de sus servicios, para poder acceder a las acreditaciones o registros calificados que el mismo Estado, por medio del Icetex, les exige a fin de que puedan entregar créditos a los jóvenes que las eligen, incluidos los beneficiarios de Ser Pilo Paga. Una situación que solo vino a ser remediada con una ley de reciente aprobación.

Como se puede ver, el desafío es complejo, pues son muchos los que centran sus esperanzas en poder ingresar a la universidad estatal.

El reto ante este panorama va más allá de la definición del futuro del programa Ser Pilo Paga. En tiempos de inocultable estrechez fiscal urge una discusión franca, informada y abierta que evalúe de manera crítica el camino recorrido y, sobre todo, permita trazar una nueva hoja de ruta con un principio de realismo, en especial en materia presupuestal. Y es aquí donde, a la par con la necesidad de que el Gobierno encuentre la manera de reforzar su inversión en infraestructura y otros rubros, que evidentemente ha descuidado, surge la de que las universidades entiendan que en el marco de su autonomía también están obligadas a una óptima y responsable gestión de los recursos que no deje de lado, por ejemplo, indicadores de calidad ni el apego a ciertos estándares internacionales. En este orden de ideas, aunque la financiación estatal debe seguir siendo central, la tarea de encontrar otras fuentes de ingresos debe ser cada vez más prioritaria.

También conviene explorar alternativas en otros frentes. Por ejemplo, la posibilidad de darle mayor énfasis a la educación virtual, toda vez que esta opción puede permitir disminuir algunos costos. Es claro que junto a este esfuerzo en lo público hay que trabajar también para que los programas y opciones que se ofrecen desde el ámbito privado favorezcan la inserción laboral y estén al alcance de poblaciones que hoy no pueden acceder a ellos por costos a través de créditos del Icetex.

Se trata, entonces, de actuar en varias direcciones, abarcando la totalidad del sistema educativo. Labor que bien podría estar a cargo de una misión a semejanza de aquellas que en el pasado ya lejano trajeron nuevos aires a nuestros ámbitos universitarios. Un grupo de expertos que comience su tarea a fondo, a la luz de experiencias exitosas en otras latitudes y que siente los cimientos sólidos –aprendiendo de los errores y conservando los aciertos– de una nueva y mejor educación superior para los colombianos de las próximas generaciones.