La tutela como solución a la convalidación de títulos: Styven Boyacá – mayo/19

Análisis de Styven Boyacá Calderón, de Moncada Abogados, en La Nota Económica, originalmente titulado “La convalidación de títulos obtenidos en el exterior: de un procedimiento administrativo a uno judicial”.

La convalidación es el reconocimiento que el Gobierno colombiano efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una institución extranjera o legalmente reconocida por la autoridad competente en el respectivo país. A este trámite están sometidos tanto los extranjeros como los nacionales que pretendan ejercer en el país con títulos obtenidos en el exterior. Para realizar el trámite de convalidación, además de que el peticionario cumpla con los requisitos de legalidad previstos en el artículo 4º de la Resolución MEN 20797 de 2017, el Ministerio de Educación verificará, como a bien lo tenga, el criterio procedente para evaluar el título que se pretende convalidar. Los criterios contenidos en el artículo 11º ibíd son: i) acreditación o reconocimiento de calidad; ii) precedente administrativo y iii) evaluación académica.

A diferencia de lo que se encontraba regulado en la derogada Resolución MEN 5547 de 2005, en la que el Ministerio debía verificar en su orden el criterio aplicable para cada título puesto a su consideración, en la norma actual se faculta a la entidad para que, de manera autónoma, decida cuál criterio aplicar, lo que implica cierta arbitrariedad en la elección.

Respecto del primer criterio de acreditación o reconocimiento de calidad, el artículo 11 de la Resolución 20797 establece que es aplicable cuando el título sometido a convalidación corresponda a un programa expedido por una institución acreditada por una entidad gubernamental u organización privada autorizada oficialmente en el país de origen del título. Así mismo, este criterio se aplica para los títulos otorgados por programas o instituciones que cuentan con un reconocimiento oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad gubernamental en el país de origen del título y que sean analizados por el Ministerio.

El segundo criterio, precedente administrativo, procede cuando el título que se somete a convalidación corresponde a un programa académico que hubiera sido evaluado académicamente con anterioridad por la CONACES, Salas de Evaluación de la Comisión Nacional lntersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En cuanto al tercer criterio, se debe realizar la evaluación académica si el título sometido a consideración no encuadra dentro de los anteriores criterios. Esto es, acreditación o reconocimiento de calidad o precedente administrativo. La evaluación académica es realizada por la CONACES.

Con la Resolución 20797 se buscaba agilizar los trámites de convalidación. Sin embargo, se crearon más exigencias de las contenidas en la Resolución 5547 de 2015. Por ejemplo, se creó una etapa previa de control de legalidad.

Adicional a ello, se endurecieron los criterios para aplicar el precedente administrativo, pues ahora se exige que sobre el programa en el cual versa el título a convalidar, deben haber existido al menos tres (3) evaluaciones académicas en el mismo sentido, en las que haya sido analizado el i) nivel de formación; ii) la carga de trabajo académico; iii) el perfil pretendido; iv) el propósito de formación o el resultado del aprendizaje y v) la correspondencia con el nivel de formación del producto que conlleve al otorgamiento del título.

Aunado a lo anterior, el criterio de evaluación académica se convirtió en un requisito adicional para los profesionales que, previamente, habían agotado todas las evaluaciones académicas, técnicas y científicas requeridas para obtener su título. Pues, además de superar la aprobación por parte de la entidad educativa en el exterior, que se entiende realizó la evaluación referida, una sala de profesionales del Ministerio, que en ciertos casos desconocen el nivel educativo de las instituciones que lo otorgan, evaluará dicho título.

Por otra parte, en el artículo 12 de la Resolución 20797 de 2017, se previó un término límite de cuatro meses para resolver las solicitudes de convalidación. Sin embargo, en la práctica, el proceso tarda entre uno y dos años desde que la solicitud es radicada, lo cual es inaceptable. Tal es la situación, que el presidente de la República ha referido en múltiples pronunciamientos el compromiso que su gobierno tiene con los colombianos que retornan al país y planteó agilizar los trámites de convalidación de títulos.

El Ministerio está estudiando la posibilidad de expedir una nueva reglamentación para solucionar el problema. Sin embargo, y de ser igual al ejercicio realizado con la Resolución 2079, imponiendo más requisitos para convalidar, es posible que no se logre la solución esperada. Por lo tanto, los solicitantes deberán seguir acudiendo a mecanismos judiciales, como la acción de tutela, para lograr la convalidación de sus títulos universitarios, cuando menos, para obtener alguna respuesta de las solicitudes radicadas en la entidad.