Ley de inspección y vigilancia debe aplicarse a casos de mala gestión

Junio 6/19 La opinión pública relaciona la Ley 1740 con corrupción (p.e. San Martín y UAC), pero el reconocimiento de la crisis de la U. Autónoma de Colombia por su mala gestion, también debe ser objeto de la ley.

Y, según todos los testimonios recolectados de parte de fundadores, sindicato, directivos y comunidad académica, esta situación fue una crónica anunciada en la que no sólo hubo un muy mal manejo directivo sino también una explícita negligencia de parte del Ministerio de Educación, que no fue diligente en su responsabilidad de intervenir a tiempo.

Pasan los días, el semestre se termina, el campamento de la huelga sigue instalado, las directivas no han hecho una sola propuesta concreta de solución, el presidente de la Universidad no se atreve a citar la Asamblea de Fundadores de miedo a que lo destituyan, los estudiantes siguen sin terminar su semestre académico y los ministerios de Educación y de Trabajo dicen que hacen lo que pueden (que parece poco) y se contentan con ello.

El debate realizado para analizar esta situación en la Comisión Sexta de la Cámara (ver el video) no llegó a una conclusión concreta para orientar la salida a la crisis, ratificó que no hay alternativa posible -por ahora- y dejó una lección clara de cómo evadir las responsabilidades. La comunidad académica de la FUAC terminó más desesperanzada tras el debate.

Se reconfirmó que la Universidad, creada por 59 fundadores, se convirtió en la caja menor de estos y sus familias; que la contratación ha sido descontrolada y que los beneficios sindicales, vía convención colectiva (prima de vacaciones de 11 días al año; prima extralegal de 37 días al fin de cada año, entre otros, y becas de estudio), han contribuido a agravar el déficit. Según se conoció, el 45% del patrimonio es improductivo desde hace más de 10 años y, por ejemplo, que se tiene un lote en la zona franca de 22 mil metros cuadrados, sin finalidad clara.

El presidente de la FUAC, Hernán José Romero Rincón, defiende a toda costa su gestión de los últimos 13 meses y, al igual que su rector, Hernán José Romero Rincón, intentan presentarse como redentores y echan toda el agua sucia a sus antecesores, confirmando que el problema de esa Universidad no es reciente, que en la última década era reconocido en el sector, que los pares académicos lo habían registrado en sus visitas, que el Ministerio ya había atendido otros casos de inspección y vigilancia, y que pese a eso se dejó llegar hasta esta situación.

Las explicaciones del viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, en el citado debate, dejaron mucho que desear y poco optimismo dan sobre lo que puede pasar con esta Universidad. Ni se inmutó frente a la oleada de críticas de congresistas, voceros de la FUAC y hasta del sindicato de la U. Autónoma del Caribe, que también cuestionó la intervención del MEN en esa IES.

Pérez intentó mostrar como un logro de gestión, la llegada de un inspector in situ a la Universidad Incca, con el detalle de que posiblemente esta fue una decisión demasiado tardía, porque también era una tragedia anunciada y conocida de varios viceministerios de Educación Superior atrás.

Entonces, ¿quién defiende al sistema del silencio, negligencia o falta de acción del Ministerio de Educación?, podría ser la Superintendencia de Educación, misma que el propio Ministerio dejó morir sin nacer, pese a que la Ley 1740 le obligaba a ello.

“La FUAC está dentro de las mejores 30 universidades del país”

La Autónoma de Colombia está en déficit, hace varios meses no paga salarios, tiene comprometidas todas sus propiedades y no tiene ningún pregrado acreditado, pero su rector dice que es una de las mejores universidades del país. Difícil de creer.

Amparado en que tiene la experiencia suficiente para hablar, tras haber ocupado cargos en cinco IES previas, Romero habló de que “Es hora de hacer gestión”, y destaca el esfuerzo por buscar la acreditación del programa de derecho (misma no lograda y de la que los estudiantes dicen que ha costado cerca de 50 mil millones el esfuerzo en la última década).

Sugiere que la crisis financiera fue el escollo que ha impedido la acreditación, pero que la FUAC “viene demostrando su calidad”, pese -según Romero- a que “los rectores anteriores no le pusieron atención y aumentaron gastos, a que todo el dinero invertido en investigación ha dado resultados pobres y a que hay profesores actualmente que no responden con su función y vocación docente”.