Los personajes, hechos y expectativas de las educación superior en 2018


BALANCE DEL 2018 EN LA EDUCACION SUPERIOR COLOMBIANA. El Observatorio trae los 10 personajes que, positiva o negativamente, incidieron en la educación superior colombiana. También menciona los temas en los que se espera que haya evolución en 2019 según lo anunciado el año que termina.

Los 10 personajes y hechos que más incidieron en el sector

1) El Movimiento Estudiantil: Haber puesto en jaque al nuevo gobierno y paralizar a 26 de las 32 universidades públicas por más de 60 días le da un sorpresivo y determinante impacto al grupo de estudiantes que, sin identificarse con una causa o movimiento político explícito, arrinconaron al Gobierno Duque y su minstra de Educación, María Victoria Angulo, a tal punto que lograron que el gobierno les prometiera más recursos de los que ni siquiera el lobby y la capacidad de negociación de los rectores habían alcanzado en todos los años de la vigencia de la Ley 30 de 1992.

Pese a la relevancia mediática que han alcanzado líderes universitarios como Jennifer Pedraza, Alexánder Flórez y Alejandro Palacio, quienes dicen que su “lucha” no ha terminado y que en 2019, “irán por más”, a juicio de este Observatorio, el acuerdo de estudiantes y profesores con el Gobierno Nacional  permitirá a los firmantes cerrar el año en paz, pero no da respuesta real al problema. Al contrario, apaga el fuego con agua.

Su aparente éxito político y acogida en los medios de comunicación, harán que -aún con acuerdo- sean “incómodos” y tengan aún muchos más minutos en su cuarto de hora de medios de comunicación para cuestionar las políticas del Gobierno en materia educativa.

2) El Gobierno Duque y sus funcionarios en el sector: El presidente y su gabinete no tuvieron tiempo de disfrutar la “luna de miel” propia de un nuevo jefe de Estado. En agosto, recién posesionado, se cocinaron los elementos para el paro estudiantil, que se oficializó en octubre. La ministra Angulo, con conocimiento y buena voluntad, no ha podido aún aterrizar y venderle al país una propuesta concreta de lo que desea para la educación superior; su viceministro del ramo, Luis Fernando Pérez, parece ausente, no refleja el liderazgo y conocimiento que se espera el sector, y tampoco ha expresado lineamientos claros que permitan describir qué es lo que quiere este gobierno en la materia.

Un gobierno que, a propósito, tampoco ha hecho de la educación superior un programa bandera, ni siquiera desde que Duque estaba en campaña (cuando prometió 300 mil cupos gratis al año) ni como presidente (cuando esa promesa la convirtió en Generación E, que bajó la promesa a 80 mil cupos gratis al año).

Las críticas derivadas de la protesta estudiantil contra el modelo de crédito educativo y el también bajo perfil en el sector del nuevo presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, han hecho que esta entidad, que tuvo gran protagonismo en los gobiernos de Santos, cierre el año opacada y con la sentencia política de que será reformada en 2019, si se atienden los acuerdos Gobierno-Estudiantes.

Finalmente, no se puede dejar pasar el rol, confuso y ambiguo, de Daniel Mera Villamizar, quien fue el coordinador del empalme entre los gobiernos Santos y Duque en materia educativa. A veces figuró como defensor del sector y otras como crítico. Sonó para ministro, pero no fue más allá de la coordinación de un informe de empalme del que no hubo consenso, que generó dudas y sobre el que la ministra y su nuevo equipo (que no trabajaron en él) tuvieron que llegar a matizar. Ahora, Mera sigue como columnista de prensa, en una posición política no del todo clara.

3) El Sistema Universitario Estatal: Si el acuerdo firmado el 26 de octubre entre el presidente Duque y los rectores del SUE hubiera sido definitivo para terminar el paro, seguramente el personaje del año en el sector sería el SUE y su presidente, Jairo Torres Oviedo. Pero no fue así, y los rectores de las universiddes públicas terminaron, como se dice popularmente, “pintados en la pared”, tras la posterior firma del presidente Duque con los voceros de estudiantes y profesores, y sin ningún vocero o rector del SUE en Palacio, el 14 de diciembre pasado.

Torres terminó siendo el adalid de la molestia de los rectores de las universidades publicas no grandes (en cuanto a recursos) en contra de estas tradicionales (Nacional, Antioquia, Valle, UTP, UIS, entre otras, que son de las que más recursos, por herencia de la Ley 30 de 1992, reciben), y siempre dominaban el SUE a su antojo.

El “nuevo” SUE, que nunca ha logrado consolidarse con objetivos distintos a los de “pedir más plata” al Gobierno, le dio la posibilidad a las “universidades pequeñas” de tener un juego político clave en importantes decisiones de política pública, pero…. el panorama ahora cambiará (para todos los rectores), con el protagonismo que el Gobierno le dio a los estudiantes y el desconocimiento de los rectores, que ahora les quedará difícil hablar por sí solos.

4) Ser Pilo Paga: El “más impactante programa de política pública en educación”, como le calificaron los analistas económicos en 2015, ideado por Roberto Zarama, de Uniandes, y acogido y promovido por la exministra de Educación, Gina Parody y su viceministra Natalia Ariza, terminó crucificado por parte de la misma opinión pública y los medios de comunicación (ya sin mermelada), luego que la universidad pública lo condenara por considerar que quitaba recursos a la misma para llevarlos a la universidad privada y no era equitativo en la asignación de recursos, asumiendo un costo mucho mayor del que originalmente el gobierno Santos señaló.

Dicho panorama terminó de consolidarse con la llegada del Gobierno Duque que, inocentemente, reveló que halló con sorpresa que el programa no estaba financiado para poder terminar de cumplir las cohortes iniciadas durante el gobierno Santos y que se necesitaban más de dos billones para ello.

Pese al esfuerzo de rectores de las más tradicionales y reconocidas universidades privadas de mayor costo de matrícula para que el programa se mantuviera, y reflejado por ejemplo en las conclusiones del Consejo Privado de Competitividad, la situación fiscal y la presión de la universidad pública no soportaban sostener este programa, que ante la ausencia de una política de Estado al respecto (tres veces anunciada y nunca concretada por el gobierno Santos), terminó naufragando. Su reemplazo es el componente de Excelencia del programa Generación E, que tiene una visibilidad y comprensión pública mínima comparada a la de Ser Pilo Paga, que da más protagonismo a las universidades públicas y pone a las privadas a “meterse la mano al bolsillo”.

Más allá de la buena voluntad del gobierno para dar educación gratuita, el problema de la Generación E es que no representa al gobierno el capital político que esperaba, ante el discurso del Movimiento Estudiantil, que termina cuestionando el mismo porque no constituye una extensión plena de la gratuidad. Como se dice popularmente, el Gobierno se quedará con el pecado y sin el género, en este tema.

5) Los gestores de los nuevos referentes de calidad y el Decreto 1280: El debate académico de 2018 giró en torno del afán-obsesión de la exministra Yaneth Giha y su viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz Rodgers, quienes, animadas por académicos y responsables de procesos de autoevaluación – acreditación de algunas de las IES más reconocidas del país (Alba Luz Muñoz Restrepo -UCC-, Ángel Facundo Díaz, Carlos Felipe Escobar -Bosque-, Fernando Cantor Rincón -CNA, Umilitar-, Fernando Chaparro Osorio -exCNA-, Jorge Celis Giraldo, Mauricio Alviar Ramírez -UdeAntioquia-, Mauricio Duque Escobar -Uniandes-, Miryam Ochoa Piedrahíta -U Externado- y Ximena Dueñas Herrera -Ex Icfes-), decidieron impulsar una inconsulta reforma del modelo de aseguramiento de la calidad a través del Decreto 1280 del 25 de julio.

El nuevo modelo, que se trabajó de espaldas al sistema, produjo un documento de “Referentes de calidad: Una propuesta para la evolución del sistema de aseguramiento de calidad”, que es el fundamento del Decreto, mismo que recibió más de 700 observaciones del sector, poco tenidas en cuenta por el anterior Ministerio en su afán de dejarlo firmado antes de salir. El nuevo ministerio, de María Victoria Angulo, por prudencia, respeto o desconocimiento decidió aceptar calladamente esa herencia, que fue mostrando sus brotes de inconformmidad e inconsistencias durante los últimos meses, a tal punto que el 24 de diciembre se firmó el decreto 2383, que aplaza el inicio del 2580 del 1 de enero al 1 de agosto de 2019.

El nuevo modelo parte de una premisa básica y necesitada en el sistema: Dar coherencia a la línea de acción entre los procesos de acreditación de programas e institucional y de registro calificado y de agreditación, así como del diálogo que debe haber entre Conaces y Colciencias, pero tiene fallos de procedimiento y concepto sobre la calidad deseada, que si no se corrigen adecuamente causarán serios dolores de cabeza en el sector, y esa será una de las principales áreas de discusión en 2019.

6) El Consejo Nacional de Educación Superior CESU: Si el CESU es el responsable, según la Ley 30, de ser un “organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría” por qué calla frente a temas decisivos como el Decreto 1280, la Generación E y el sistema de financiamiento de la educación superior, los graves fallos del sistema de aseguramiento de calidad, la desestructuración del sistema, los pobres resultados de inspección y vigilancia y el diseño de políticas en aspectos como virtualidad, internacionalización, bienestar, mediciones, rendición de cuentas…?

La respuesta es muy sencilla: Porque aunque aparenta ser un organismo independiente, sus integrantes terminan obedeciendo a lo que dice la ministra (o viceministro de Educación Superior), que son los que presiden el Consejo, por físico miedo a que haya represalias de parte del Estado hacia las IES o sectores que representan y, por ello, buscan ser beneficiarios de registros calificados, acreditaciones y la bondan del Ministerio hacia sus intereses (re-elección, viaticar, viajar a los consejos, programas de fomento y cercanía a la ministra).

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Dos de sus integrantes han tenido impacto mediático por sus acciones fuera del CESU y no como consejeros: El profesor Luis Orlando Aguirre, por su defensa de los intereses del profesorado y la recuperación de los beneficios tributarios, y el estudiante Alex Flórez, ya mencionado como uno de los líderes del paro estudiantil.

Dentro de los debates de reforma al sistema que han pedido los estudiantes y, en teoría, ha aceptado el Gobierno, debería estar la profunda revisión estructural del CESU, sus funciones e integrantes.

7) Ramses Vargas y la vergüenza de usar mal el poder académico: El hoy exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, encarcelado y en juicio por defraudación de cerca de 16 mil millones a esa IES, llegó en 2013 como redentor a salvar esa institución de la difícil situación que dejó la argentina Silvia Gette.

Vargas Lamadrid, hijo de Eduardo Vargas Osorio (primer secretario general de la Universidad) no fundador, aunque Ramses así lo presentaba, llegó a la rectoría como el gran intelectual proveniente de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Naciones Unidas y el Gobierno Británico, para salvar a la Uniautónoma, pero comenzó a repetir los lujos, esquemas de seguridad y protagonismo social que tenía Gette e invirtió mucho dinero en actividades de relaciones públicas y visibilidad de la Universidad, a tal punto que logró que el presidente Juan Manuel Santos participara en algunas condecoraciones y hasta el Congreso de la República le diera un reconocimiento por los 50 años de la Universidad.

Llegó a ser columnista de la Revista Semana, en donde incluso cuestionaba comportamientos morales de quienes se burlaban de la justicia (ver un ejemplo) y estuvo a punto de llegar a ser consejero del Consejo Nacional de Educación Superior CESU, en una elección que perdió con el rector de la Universidad Javeriana.

El retraso en el pago de la nómina de los docentes y del personal administrativo fue la piedra de escándalo que desató una serie de denuncias (especialmente desde la emisora W Radio) que mostraron la forma como los vínculos familiares y manejos irregulares de la administración fueron llevando poco a poco a la insolvencia económica de la Universidad, a tal punto que el Ministerio de Educación Nacional debió intervenir. Hoy la Autónoma trata de sobrevivir, sin las comodidades de antes y muchísimos menos estudiantes.

8) La intervención del sistema judicial en la autonomía universitaria: La forma como una juez de la República obligó, bajo amenaza de cárcel, a los miembros del Consejo Superior de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca a elegir rector(a) de una terna que ésta había desechado porque, en ejercicio de su autonomía, no satisfacía las expectativas, y la posterior confirmación de la elección -nada académica ni universitaria- por parte del Consejo de Estado-, son la expresión más clara, y peligrosa, de cómo los jueces de la república (de todo orden) están interviniendo en los destinos de la universidad pública.

El caso del mayor de Cundinamarca no es único. Las propuestas, el respaldo popular, la fortaleza académica y los resultados no son suficientes para llegar a la rectoría de una IES. Las universidades del Atlántico, Cesar, Guajira, Nacional, Tolima, Francisco de Paula Santander y Surcolombiana, entre otras, han experimentado y enfrentan, en carne propia, los dictámentes judiciales, que si bien buscan responder al orden normativo, afectan la estabilidad jurídica de las mismas y las construcción de proyectos de largo aliento.

Cuánta falta hace un diálogo entre el SUE, el Ministerio de Educación y los jueces de la República para crear una cartilla y evitar los continuos errores relacionados con impedimentos, requisitos, procedimientos, edad rectoral y periodos, entre otros aspectos.

9) Los rectores de las universidades públicas que han salido fortalecidos tras las dificultades: Cuando pocos apostaban por su elección, pues era la de menor favoritismo frente a sus contendores, la Universidad Nacional de Colombia eligió como rectora a Dolly Montoya, quien no la ha tenido fácil y tendrá un año 2019 con fuertes presiones internas. Por ser la primer mujer rectora en los 150 años de la Universidad, y por su hoja de vida, Dolly ha tenido un importante despliegue mediático, pero tiene que torearse frente a los retos de financiamiento, manejo interno, crecimiento de programas y sedes e internacionalización, en una compleja tarea.

De otro lado, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador logró re-elegirse nuevamente como rector y llegará, en 2023, a 19 años en el cargo, siendo el más recorrido en dicha tarea en el sector. Durante su gestión, Leal ha enfrentado muchas acusaciones, mas ninguna ha logrado derribarlo de su cargo, además de la andanada mediática y legal que le mandó la entonces ministra Gina Parody. Hoy la UNAD supera los 100 mil estudiantes, siendo la universidad pública más grande del país, lidera debates sobre su modalidad virtual y camina hacia la acreditación institucional, y aunque Leal cuenta con algunos opositores, nadie ha podido mostrar un modelo de gestión que supere el actual.

Adolfo León Atehortúa y Juan Carlos Yepes

Un tercer rector (hoy exrector) con gran incidencia en el sector ha sido, nuevamente, Adolfo León Atehortúa, por su modelo simbólico de protesta y voz muy escuchada entre estudiantes y profesores que participaron en el paro universitario, luego que éste enfrentara una huelga de hambre para presionar la mesa de diálogo con el gobierno (al igual que el profesor de la U. de Caldas, Juan Carlos Yepes). Al estilo de Leopoldo Múnera en la U. Nacional,  Atehortúa en la U. Pedagógica es un referente para hallar argumentos de protesta de parte de la universidad pública frente al gobierno nacional.

10) Iván Darío Agudelo: El hasta el mes de junio representante a la Cámara y hoy senador antioqueño por el partido liberal, no es un académico, pero sí un apasionado por la causa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a tal punto que logró contar con el aval del gobierno y la totalidad del Congreso para que su proyecto de ley se convierta en Ley de la República y en diciembre de 2019 el país tenga esta nueva figura en su organización institucional.

Agudelo supo canalizar el respaldo de académicos e investigadores que esperan que Colciencias tenga una mayor dignidad oficial. Habrá que ver si el actual director de Colciencias, Diego Hernández, llegará a finales de 2019 y será el ministero de Ciencia y Tecnología, pero antes, se presume que con el impulso del mismo Agudelo, se definirá claramente el alcance de la nueva entidad, su presupuesto y, lo más importante, rol en la definición del proyecto de país a construir desde la ciencia.

Los hechos que se espera que sean noticia en 2019

A partir de los anuncios hechos en 2018, de las expectativas creadas, de las tensiones y de las realidades de la educación superior, El Observatorio proyecta cuáles son los temas que, como mínimo, coparán parte de la agenda del sector el año entrante.

1) El movimiento estudianil seguirá siendo noticia en la medida en que el Gobierno Nacional cumpla o no sus promesas y su protesta pública sea eclipsada por otros temas de interés nacional. El acuerdo con el gobierno y la necesidad de culminar el segundo semestre de 2.018 le minará capacidad de movilización y respaldo de parte de la opinión pública, y hay que ver hasta dónde son capaces de incidir sobre el discurso no sobre dinero sino sobre reformas estructurales al sector, y de qué manera sea articularán con los rectores, y si a estos les interesa dicha alianza.

2) Una de las conclusiones que se deriva la protesta de 2018 y los compromisos del gobierno, será la necesaria organización, claridad y rigor, de que la universidad pública rinda cuentasy para ello deberán darse nuevos escenarios en los que la sociedad pueda entender cómo y en qué se invierten los recursos que se entregan a éstas, y por qué es necesario optimizar inversiones y alianzas entre las IES públicas.

3) La discusión sobre hasta dónde y cómo reformar la Ley 30 de 1992, o por lo menos los artículos 86 y 87, sin que caiga en los frustrados esfuerzos que ya hicieron, en su momentos, las exministras Cecilia María Vélez y Yaneth Giha. El miedo de tocar la Ley 30 de 1992, tras las protestas de 2011 parece haberse superado y este podría ser un tema de política pública que el gobierno podría liderar para lograr el liderazgo esperado en el sector, no sólo para revisar y modificar el modelo de financiamiento sino tamién la estructura general del sistema.

4) El debate sobre el rol de la educación superior en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Aún no es claro hacia dónde se dirige el Gobierno Nacional en este tema. El Ministerio ha convocado mesas de participación ciudadana más como un requisito procedimental que una convicción o definición precisa de un lineamiento expreso al respecto. ¿Saldrá por aquí una reforma a la Ley 30?, ¿saldrán a última hora sorpresas, como pasó con el Plan que actualmente está finalizando, cuando Gina Parody metió, a última hora, la acreditación obligatoria de las licenciaturas y el Icetex para acreditadas?. No se descartan sorpresas.

5) La entrada en vigencia del Decreto 1280 de 2018, el 1 de agosto de 2019, traerá más debates académicos, consideraciones sobre el impacto económico y procedimental del mismo, dudas sobre los intereses de algunos académicos o IES al respecto y no se descarta que antes el propio Ministerio de Educación se decida por acoger muchas de las recomendaciones de fondo sobre la norma y la re-evalúe.

6) La entrada en operación de la Generación E, en sus dos componentes (de Equidad -80 mil becas en las IES públicas, y Excelencia, la nueva versión de Ser Pilo Paga), llevará un proceso de comprensión del sistema sobre su funcionamiento y, posteriormente, de cuestionamientos sobre su impacto, costo, favorecimientos y resultados.

7) Los esfuerzos del Gobierno por garantizar los recursos comprometidos en el acuerdo con los estudiantes, así como de las tensiones que se darán entre las propias universidades públicas y éstas y el resto de IES oficiales por cuál debe ser la fórmula para distribuir los recursos que mejor responda a sus intereses. A propósito, las IES oficiales, reunidas en la Red TTU seguirán moviéndose ágilmente en el Congreso de la República para que se les reconozca, por un lado, la autonomía plena y, de otro, más recursos, bajo criterios de equidad.

8) La muy segura re-elección del rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, quien poca resistencia enfrenta en su Universidad luego de una rectoría en la que logró gestionar más recursos para la IES, y poner voceros claves de esa entidad en Ascun, CNA, Conaces, CESU y OCADs, entre otras entidades del sector.

9) La región (América Latina) seguirá sin un referente preciso de norte en su política pública de educación superior. No se aprecia en el panorama una entidad, gobierno o persona capaz de dar luces al respecto y la antesala de la Conferencia Mundial de Educación Superior, en París, en fecha aún no definida, poco despierta el interés del sector académico luego de que la Conferencia Regional CRES, realizada por IESALC -UNESCO, en Córdoba Argentina, en junio de 2018, se dejara coptar más por la agenda política de los académicos del sur del continente que de la realidad plena de lo que debe ser la educación superior en adelante.

10) La virtualidad seguirá ganando terrendo. La matrícula seguirá aumentando y restándole participación a la modalidad presencial. Se espera que el gobierno cumpla la promesa del presidente Duque de impulsarla más y que, por fin, después de muchos años, el sistema de educación superior colombiano logre consolidar un modelo pertinente de fomento y evaluación de esta modalidad.

11) La universidad privada, como gremio, seguirá callada, como ya se ha hecho de costumbre, lamentablemente. Aprisionada más por sus intereses de expansión de mercado y de matrícula, Colombia carece de una universidad privada dialogante, que dé línea y contribuya a dar luces en torno de los problemas cruciales del país. Mientras que las decisiones del Ministerio no les afecten su autonomía, inspección y vigilancia o finanzas, éstas no hablan, y siguen creciendo por la inestabilidad y fugas de procesos y recursos del sistema público.

12) La reforma al Icetex, al parecer, será una realidad, por el cúmulo de quejas, por los acuerdos del gobierno con los estudiantes, porque es el caballito de batalla del senador Rodrigo Lara, y porque las cifras de la manera como cobra los créditos y sus intereses es impresentable a la opinión pública. El tema es una necesidad, pero no es tan fácil, y pasará por el debate en torno de la gratuidad, de la responsabilidad del Estado, de qué pasará con los deudores actuales y de la posibilidad de perder o conservar una institución que para los analistas internacionales es un modelo de crédito educativo en el mundo.

13) La revisión del Decreto 1279 de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales. Es una tarea a la que el anterior gobierno intentó meterle el diente y el actual parece haber declinado luego de la negociación con estudiantes y profesores, pero que debe retomarse en el ejercicio de rendición de cuentas y análisis de efectividad de las finanzas de la universidad pública. Todos en el sector saben que debe revisarse, pero se necesita un “mártir” desde el Gobierno, dispuesto a sacarla adelante.

14) El lobby de rectores en el Congreso, Asambles y Concejos para obtener beneficios para sus IES. Aprobación de estampillas, donación de terrenos, leyes de honores y exenciones tributarias, son entre otras, las que se tramitan, de manera aislada, fuera del contexto de país, de la realidad del sector y que aumentan los recursos para unas y la inequidad entre todas, sin considerar la realidad fiscal del país, la forma como estos beneficios pueden aumentar el hueco fiscal y la disparidad en el sistema.

15) La articulación de la media con la superior, como resultado de la propuesta del gobierno del presidente Duque, que aún no se ha oficializado en una acción concreta, y sobre la cual hay IES, SENA y entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano, expectantes y haciendo lobby para obtener los beneficios de la esperada política de Estado -acompañada de recursos- para favorecer su matrícula.

16) La conversión de Colciencias en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que entrará a funcionar en diciembre de 2019, y el debate sobre si esto genera o no gastos adicionales al Estado pero, sobre todo, si va acompañada de un proyecto real que le dé la importancia política, institucional y estratégica a la ciencia y la tecnología en el contexto de país.

17) La pérdida de interés en los rankings continuará aumentándose. Los que sobrevivan lo harán, especialmente, por la manera como algunas IES caen en el juego, pagan por ello a empresas que les cobran por beneficiarlos y a medios de comunicación por pautar avisos por el estilo de que “somos la mejor universidad, del nivel tres, cuadrante cuatro, del sector C en la región Y del país”, sumado a la ignorancia de los periodistas de los medios masivos que erróneamente titulan como “la mejor universidad del país”. Ya son tantos los rankings y avisos de prensa de esta índole, que la opinión pública sencillamente ya no sabe distinguir y termina confirmando su imaginario sobre las universidades.

18) ¿El inicio de la Comisión de Sabios?. Recién elegido presidente, Iván Duque prometió en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas que reviviría una Comisión de Sabios como la de 1994. A la fecha no se ha escuchado nada, salvo al director de Colciencias, Diego Hernández, que en los primeros 100 días del nuevo Gobierno anunció, el 17 de noviembre pasado, que el 28 de ese mes “se realizará el lanzamiento de la nueva ‘misión de sabios’ que trazará una ruta importante para el desarrollo de nuestro País’”. A la fecha, nada de nada.

19) Inspección y Vigilancia que escasamente pasa del anuncio. Después de tener su cuarto de hora, con la Ley 1740 de 2014, y presentarse como la posibilidad del Estado que, por fin, tenía las herramientas o dientes para actuar, la función de inspección y vigilancia del Ministerio se apagó, y asusta más por el nombre que por su actuar, y no se percibe la autoridad ni la voluntad de parte del Ministerio para intervenir en casos que se reiteran y sobre los que no se entiende cómo no pasa nada (por ejemplo, situaciones como las de la Universidad Incca, IAFIC, Artes y Letras, la Autónoma de Colombia, entre otros, y las fusiones, compra-ventas disimuladas de IES y paso de éstas a terceros).

20) ¿Comenzará a funcionar el examen habilitante para abogados? La Corte Constitucional admitió una nueva demanda contra la totalidad de la Ley 1905 del 2018, que determinó un examen habilitante para el ejercicio del Derecho, por asuntos de forma. Se espera que esto se remedie y que la norma, aprobada por el Congreso más con silencio que con claridad crítica por parte de la universidad al respecto, comience a operar.

21) El Sistema Nacional de Educación Terciaria SNET, o más exactamente, el contexto que le dé vía, el Marco Nacional de Cualificaciones, va siendo hora que evolucione y se ponga al día como en muchos países del mundo. Más allá de los intereses gremiales, la educación superior moderna se mueve en estos campos, y el esperado análisis del sistema debe incorporar la forma como se articulen los niveles técnicos laboral con técnico profesional y estos con la formación universitaria.

22) La esperada entrada en operación de la ciudadela universitaria de Medellín, como ejemplo de integración de IES públicas, que debería replicar el SUE.

23) Las acostumbradas noticias de cada año:

  • Las demandas de profesores, impugnaciones y cuestionamientos al rector de turno en la Universidad del Atlántico
  • Las denuncias de ASPU por la situación de algunos de sus afiliados
  • El lobby de Asenof, y el silencio de ACIET, ante el Gobierno Nacional, los MInisterio de Trabajo y Educación, para potenciar la formación técnica
  • Las denuncias por costos de matrícula por encima del IPC, y el silencio del Ministerio del respecto
  • Protestas del sindicato del SENA y marchas de grupos de estudiantes por la supuesta privatización de la entidad
  • Las fracturas que derivan en inversión inadecuada de recursos por parte de las IES públicas de Antioquia y las de Medellín, como resultado de las diferencias políticas entre sus gobernantes.
  • Los líos del Colegio Mayor de Cundinamarca para obtener, finalmente, una sede propia
  • La contracción de la acreditación de alta calidad, por agotamiento del modelo, por pérdida de incentivos al desaparecer Ser Pilo Paga, porque la mayoría de las que se esperaba que estuvieran acreditadas ya lo lograron, y porque el CNA seguirá sin tener la autoridad inspiradora esperada.
  • La convalidación de títulos seguirá siendo un dolor de cabeza, pese a los esfuerzos del Ministerio. El volumen de trabajo y la falta de un sistema de información que dé claridad al respevto seguirá siendo un dolor de cabeza al respecto.

24) Las advertencias sobre la necesidad de que la Universidad, en general, cambie su concepto y modelo de gestión. La pérdida de estudiantes será el principal motivo que las llevará a cambiar y las que se atrevan, de manera temprana, a innovar (más virtualidad, formación en cualquier lugar, a diversos públicos, más flexible y corta, con otros sistemas de evaluación, con inteligencia artificial, en áreas hasta ahora desconocidas…) serán las que terminen siendo gananciosas.

Y, finalmente,

25) Que la ministra Angulo aún pueda sorprender al sistema, que sigue esperando positivamente por un liderazgo y anuncios técnicos esperanzadores. La educación superior no sólo necesita alguien que sepa capotear la crisis, como ella ya lo supo hacer con el paro de estudiantes, sino que lidere en medio de la crisis, que se atreva a romper paradigmas, que hable duro y sin miedo, que exija rendición de cuentas, que se atreva a poner los puntos sobre las IES y a hacer cambios estructurales en el sistema, y que si no aprovecha el fin de año para replantear estrategias y deja ir el primer semestre de 2019 con anuncios radicales de reforma y revisión del sistema, a partir del segundo semestre volverá a lidiar con los mismos problemas que encontró y entonces pasará el gobierno Duque sin lograr el objetivo de darle un norte de calidad al sistema de educación superior colombiano.