agosto 18, 2018 5:46 pm


E-mail: universidad@universidad.edu.co

Bogotá - Calle 73 Nro. 9 - 42 (Of. 301).

Telefono: 704 43 81 / Whatsapp: 3182529035

Información
  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

  • Educación, Calidad, información - seguimiento diario al desempeño de nuestro sistema de educación superior

Mineducación firmó decreto del SAC. Entrará en vigencia en 2019

Julio 27/18 Con fecha 25 de julio se firmó el decreto 1280 por parte de la ministra Yaneth Giha, que reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y establece un proceso unificado entre registro calificado y acreditación. El sector comienza a estudiarlo para entender los cambios, pues es una versión diferente de la que se puso a consideración del mismo en marzo pasado.

Su vigencia comenzará a regir desde el primero de enero de 2019. Es decir, la saliente ministra Yaneth Giha, le deja de “herencia” a María Victoria Angulo, toda la compleja tarea de trabajar intensamente durante los 5 meses que quedan de 2018 para empezar su implementación. Se presume que el nuevo equipo ya es consciente de lo que se le viene, pues su comisión de empalme había hablado de sacar el decreto. ¿Lo harán los mismos asesores e IES que estuvieron detrás del saliente viceministerio de Educación Superior?

Es posible, pues el decreto señala que la puesta en marcha del mismo responderá a las acciones que al respecto realice el Ministerio de Educación Nacional, y tal vez la más importante de ellas son los llamados “referentes de calidad” que el propio MEN ya daba por un hecho y las capacitaciones que viene haciendo, así como el CNA, los incluyen en las agendas.

La versión final tiene un estilo de redacción y de giros técnicos que son nuevos para el sector, y debe leerse con detenimiento para comprender lo que cambió y no cambió. Hay que estar atentos a las reacciones.

¿Mineducación “embaucó” al CESU?

El texto de la norma señala, en los considerandos, que “el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), atendiendo lo ordenado por el artículo 36 de la Ley 30 de 1992, en sesión del 20 de marzo de 2018, propuso al Gobierno nacional la presente reglamentación”.

Pero incluso en el CESU que se realizó el 24 de julio, un día antes de la firma del decreto, los consejeros no conocían el texto final; y cuando se les preguntó por la versión inicial, que circuló en marzo, señalaron que ellos lo que habían autorizado era que se sometiera a discusión pública, pero que eso no significaba que ya era política del Consejo. Alguien miente.

Aspectos significativos

Aún no se entiende por qué el capricho del Ministerio de no permitir que el sector conociera y debatiera los cambios. Aparentemente la versión final es “más blanda” que la primera, pero como hubo tanto misterio y estuvo escondido, los académicos dicen que debe revisarse muy bien para tratar de entender qué interés puede haber oculto para el misterio.

Lea: … y Mineducación hace lo que se le da la gana con decreto que modifica el SAC

En general, el principal aspecto -positivo- es el de dar una sola línea de acción a los procesos de calidad, llámense estos registro o acreditación, con lo que superaría un problema estructural en el sector, que es la dispersión de criterios y acciones entre las salas de Conaces y el CNA.

Se mantiene la vigencia del registro calificado en 7 años, y no queda gradual como estaba en la propuesta inicial, y crea un proceso de evaluación de parte del Estado de las IES y sus programas en dos grandes momentos: Condiciones institucionales y de programa.

Ahora, la solicitud de registro calificado debe hacerse mínimo con un año de anticipación (12 meses), y los tiempos que hay entre notificaciones y aclaraciones no se cuentan.

También se soluciona una dificultad que había y era la doble gestión de los programas acreditados de tramitar, también, el registro calificado. Si  hay acreditación, automáticamente hay registro.

También se avanza en el desarrollo y oferta de programas en convenio y se amplía el detalle de lo que se entiende por formación a distancia y virtual, en la que se aumentó del 15% al 25% los créditos virtuales totalmente desarrollados que se deben presentar para solicitar el registro.

¿Un instrumento para liquidar IES pequeñas?

Tal vez el tema de mayor advertencia tiene que ver con la prohibición que hacen a las IES, que no aprueben condiciones institucionales, de continuar sus procesos antes de un año, con lo que se afectaría su oferta educativa y capacidad de funcionamiento. Aquí podría estarse dando un golpe real a la supervivencia de IES con dificultades de estructura. Además, porque dentro de las condiciones institucionales  que ahora se evaluarán están, entre otras, aquellas relacionadas con “Gobierno Institucional”, que contempla -entre otros- “un sistema de políticas, estrategias, decisiones, estructuras y procesos, encaminadas al cumplimiento de su misión y proyecto institucional, bajo criterios de ética, eficiencia, eficacia, calidad, integridad, transparencia, inclusión, equidad y un enfoque participativo de sus actores”; es decir, una serie de valoraciones que son nuevas para el sistema y que se dejan en manos de la subjetiva interpretación del Ministerio de Educación.

¿IES que no son IES?

Llama la atención que, a lo largo de toda la norma, se habla de las “instituciones educación superior y aquellas habilitadas por la ley para ofrecer y desarrollar programas de educación superior”, como si fueran diferentes, cuando hasta ahora siempre se ha señalado que los únicos que pueden ofertar programas de educación superior son las IES, debidamente aprobadas a la luz de la Ley 30.

Dice la nueva norma que “La evaluación de las condiciones institucionales de las instituciones y entidades enunciadas en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 y de aquellas habilitadas por la ley para ofrecer y desarrollar programas de educación superior, se realizará conforme a los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional para tal fin y, en todo caso, se realizará teniendo en cuenta su naturaleza jurídica particular”.

Las instituciones a las que refiere el artículo 137 de la Ley 30 de 1992, son: La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Es decir, el SENA y las hasta ahora identificadas como IES de las Fuerzas Militares, o de Régimen Especial, tendrán sus propios lineamientos para registro y acreditación. Habrá que esperar a ver cómo se entiende esto, pues, por ejemplo, algunas de éstas ya tienen acreditación.

Por la magnitud del SENA, el artículo que le da unas particularidades a esta Institución, podría terminar catapultándolo en cobertura y sacrificando la vida institucional de pequeñas IES técnicas profesionales y tecnológicas.

Dice el nuevo decreto que “en los procesos de evaluación que se adelantan en el marco del Sistema de Aseguramiento se tendrá en cuenta la particularidad del modelo de enseñanza utilizado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el cual corresponde al Sistema de Formación por Competencias, cuyo diseño curricular se fundamenta principalmente en las normas de competencias laborales. De igual forma, se tendrá en cuenta que el SENA desarrolla sus programas a través de la ampliación de lugares de desarrollo, dada su naturaleza de establecimiento público del orden nacional y su estructura regional, así como la demanda de formación que legalmente debe atender en los niveles formación técnico profesional y tecnológico”.

Finalmente, sigue la duda sobre si las IES y “aquellas habilitadas por la ley para ofrecer y desarrollar programas de educación superior” se restrinje únicamente a las del artículo 137 de la Ley 30 o está es una compuerta para nuevas formas de oferta educativa, por ejemplo vía Congreso o de Institutos que no son IES.

Dos comentarios finales

¿Por qué se incluyen como considerandos decisiones técnicas nunca antes oficializadas. Por ejemplo, los 4 niveles o grados de desarrollo de las condiciones de calidad? No es esto un fallo de técnica jurídica?

Finalmente, ojalá llegue al nuevo Ministerio de Educación un funcionario que, con sentido común, ayude a compilar adecuadamente la normativa del sector, pues la buena intención de hacerlo en el Decreto Unico del Sector terminó enredando aún más las normas, sus denominaciones y nomenclaturas.

Clic para acceder al texto completo del Decreto 1280 del 25 de julio de 2018