El lamentable estado de la educación superior en Colombia

Creado en Viernes, 16 Junio 2017

La Asociación  de Profesores de la Universidad Industrial de Santander, Asprouis, cuestiona la forma como el gobierno nacional asume su responsabilidad frente a la educación pública.

Las imágenes del pasado 9 de junio de 2017, sobre la represión a las justas peticiones de los profesores por parte del Esmad, contrastan con los acuerdos alcanzados durante la misma semana por los trabajadores oficiales y el gobierno nacional, que lograron una concertación para un incremento salarial de 6.75 %, y evidencia cómo el sector de la educación no logra despertar las mismas preocupaciones o solidaridades por parte del mundo de lo político o de la sociedad civil. A pesar de los más de treinta días de paro éste no ha conmovido y ni ha generado una crisis como por ejemplo si lo pueden hacer los transportistas, los campesinos y medianamente el sector de la justicia. ¿Por qué la educación y el hecho de que los estudiantes no puedan asistir a las aulas públicas no generan los mismos sentimientos?
 
El 28 de febrero de 2017, la Federación Colombia de Educadores, Fecode, presentó su Pliego de Peticiones por medio del cual el gremio docente le exige al Estado que dignifique las condiciones laborales de los profesores que desde hace varios años comenzaron un proceso de estancamiento y retroceso, evidente en la congelación salarial, en la precarización del sistema de salud y en la ausencia de estímulos a una labor de tanta responsabilidad y compromiso. A pesar de la insistencia del gobierno en afirmar su interés de hacer de Colombia “la más educada en el 2025” -una meta con miras a cumplir las condiciones que le exigió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, en su informe de 2012 para que nuestro país pudiese ingresar a este grupo selecto- las imágenes de la indolencia ante la situación de los profesores pone en entredicho sus verdaderas intenciones. Hace mucho tiempo no veíamos como a los maestros les disolvían violentamente una justa protesta. Por cierto, la precarización de la función docente, la falta de inversión en la educación pública y en la investigación científica, ponen de manifiesto las ambigüedades del gobierno nacional a la hora de fortalecer una “locomotora de progreso”, tardíamente reconocida en los planes de desarrollo gubernamentales o en las agendas de los líderes políticos y gremiales.
 
En el campo de la educación superior también existen preocupaciones e interrogantes importantes que no son suficientemente visibilizados y sentidos por la sociedad colombiana, relacionados con su financiación y viabilidad financiera. Por ello, en los últimos años, cuando el tema de la educación superior logra sensibilizar a la opinión pública, las noticias giran en torno a tres temas centrales: las mediciones sobre la calidad educativa y los puestos ocupados por las universidades nacionales en los rankings internacionales que demostrarían su calidad y la capacidad del Estado para intervenir y controlar el sistema por medio de una política agresiva de control que cuestiona la autonomía universitaria; en segundo lugar, desde hace unos pocos años, las ventajas del Programa Ser Pilo Paga, que permite supuestamente acceder a los más pobres a la educación superior; y, por último, los temas relacionados con la producción científica de los profesores universitarios y su posible incidencia en el debilitamiento financiero del sistema, son recurrentemente tratados. En este último sentido, las causas estructurales de la desfinanciación de la educación no son noticia: el deterioro de las plantas físicas de las universidades públicas que hacen que la principal universidad del
país se caiga a pedazos; la congelación de la nómina profesoral y los bajos salarios de los profesores de cátedra sobre los cuales reposa la mayoría de las clases; el aumento de la cobertura de la educación superior con sus exiguos recursos permitió un crecimiento acelerado del número de estudiantes con la misma planta física, el mismo número de profesores y presupuesto, lo que ocasiona que las aulas no den abasto; la baja calidad de la educación relacionada con su jerarquización, segmentación, estratificación y la apuesta por una educación técnica o tecnológica;  y los altos índices de deserción estudiantil asociados a las dificultades económicas para mantenerse en el sistema, en uno de los países más inequitativos de la región. Todas estas problemáticas no merecen titulares.
 
Los tres temas privilegiados por la agenda informativa y el actual paro de los maestros no son hechos aislados. Ellos ocultan o más bien nos obligan a analizar con profundidad los problemas estructurales de la educación en Colombia, asociados con hacer de la educación un negocio centrado en el lucro y la legitimización del éxito individual, en contra de la función niveladora, de justicia social y democratización que se le atribuye a la educación pública. Tal vez, ello sea la consecuencia natural de un sistema educativo en el cual históricamente ha predominado la educación privada, liderada, inicialmente por un confesionalismo que le dio paso a los proyectos educativos bipartidistas, gremialistas y mercantilistas. Durante este último período, uno de los desarrollos más evidentes de esta política es la supremacía del mercado, manifiesta en el Programa Ser Pilo Paga. Un programa que está en sintonía con los lineamientos de la Ocde y el Banco Mundial, en este último caso vale la pena recordar como desde mediados de la década de 1980, las orientaciones de este organismo insisten en privatizar la educación y dejarle al mercado su regulación.
 
La filosofía del Programa Ser Pilo Paga es clara desde su propio nombre, dado que hace alusión a las ideas centrales de una educación pensada con ánimo de lucro, por medio de la cual los ganadores obtienen distinciones por sus capacidades para moverse adecuadamente en diversos escenarios sociales donde triunfar puede significar imponerse sobre otros. Así la función democratizadora de la educación se convierte en un mecanismo de selección natural que solo permite sobrevivir a los más aptos por su “pilera”, reforzando de paso una educación mercantilizada que solo reconoce el éxito individual a costa de lo público, ya que legitima los méritos personales reproduciendo la desigualdad y la exclusión social, segregando a los menos pilos, a los que no hicieron bien la tarea. En oposición a ello, la educación pública busca igualar las oportunidades que las sociedades tienden a jerarquizar. No discrimina. Por el contrario, Ser Pilo Paga convierte a la educación en un campo de disputa, donde unos jugadores luchan por los escasos recursos públicos y el acto educativo se supedita al reforzamiento de una ideología del éxito que le viene muy bien al “capitalismo cognitivo”.  
 
En la actualidad cursan varios proyectos de ley que buscan regular el Programa Ser Pilo Paga para convertirlo en una política oficial del Estado, a pesar de todas las críticas que se le han hecho desde diferentes campos de la sociedad. En un ejercicio sencillo de proyección  económica del programa se percibe que como está concebido favorece en gran medida a la educación privada y sí se continua ejecutando de la misma manera a mediano plazo contribuirá a la desfinanciación de la educación pública. Dado que establece una competencia desigual para las universidades públicas, puesto que las facilidades del sector privado cautivan mayoritariamente a los estudiantes.  Las universidades privadas se enfocan más en  estrategias de mercadeo que en el ofrecimiento de programas académicos de alta calidad,
soportados en una investigación científica continua, la cual requiere una infraestructura que solo unas cuantas universidades logran adquirir y utilizar eficientemente. Ello no quiere decir que se desconozcan los aportes del sector privado, no obstante, los recursos públicos deben estar dirigidos a equilibrar un sistema que se muestra injusto, segmentado, jerárquico y corporatizado.
 
En este panorama, la Asociación de Profesores de la Universidad Industrial de Santander, Asprouis, quiere, en primer lugar, solidarizarse con la justa causa de los profesores. Conminamos al gobierno nacional para que respete los derechos profesorales y busque salidas acordes con su interés de hacer de Colombia “la más educada”.
 
Por último, Asprouis suscribe el comunicado de la Universidad de Antioquia en el cual todos los estamentos de la Universidad ponen en cuestión las actuales políticas de desfinanciamiento de la Educación Superior, e invita a la comunidad de la UIS a propiciar escenarios de reflexión y debate en torno a la función social de la educación y su carácter democratizador, máxime si en la actualidad nos encontramos ad portas de nuevos retos asociados al post-conflicto.