Los dilemas de la acreditación de IES

Creado en Miércoles, 02 Agosto 2017

Para Carlos Arturo Soto Lombana, profesor de la U. de Antioquia y columnista de El Mundo, de Medellín, si la acreditación institucional es un objetivo para las IES oficiales, esto llevará a una disminución de la oferta en regiones con débil presencia del Estado.

A partir de enero de 2019, las instituciones de educación superior (IES) que aspiren obtener la acreditación de alta calidad, o acceder a la reacreditación, deberán tener acreditados al menos el 40% de sus programas de pregrado y de posgrado. Si bien es cierto la acreditación de alta calidad tiene un carácter voluntario y el Estado no obliga a las IES a que se sometan a la evaluación por pares y a la revisión de sus procesos misionales bajo el lente de indicadores de excelencia institucional, lo que se ha visto es que una IES que no tenga acreditación de alta calidad no puede acceder a recursos estatales como el Programa Ser Pilo Paga. 

Para las universidades de élite, públicas y privadas, tener al menos 40% de sus programas de pregrado y de posgrado acreditados, no es algo que esté por fuera de sus posibilidades; siempre y cuando se trate de los programas que tienen registros calificados en sus sedes principales. El problema surge cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) asume que dentro de las cuentas de los programas para establecer el porcentaje se debe contar las extensiones que ofrece la IES en sedes alternas; la mayoría de estos programas no cuentan con las condiciones de excelencia para ofrecer el servicio educativo. 

En un informe presentado por el CNA con corte 15 de marzo de 2015, este organismo rector dependiente del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), ubicó a la Universidad Nacional de Colombia como la institución con mayor número de programas de pregrados acreditados de alta calidad con 62 programas, le sigue la UdeA con 39 programas, en tercer lugar está la Universidad del Valle con 29 programas, en cuarto lugar la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) con 25 programas y en el quinto puesto la Pontificia Universidad Javeriana con 22 programas. Como un dato de referencia la Universidad de los Andes aparece en el octavo puesto con 19 programas de pregrado acreditados de alta calidad. Para la fecha de corte del informe del CNA en Colombia sólo había 819 programas de pregrado con acreditación de alta calidad. 

La disposición emitida por el CESU (acuerdo 03 de 2014) señala que en el año 2019 las IES que quieran someterse a la acreditación institucional de alta calidad deben tener al menos el 40% de sus programas de pregrado y posgrado acreditados con “independencia de su metodología presencial o a distancia (tradicional o virtual) o si se trata de una extensión.” Lo anterior significa que para el caso de la UdeA las extensiones de los programas de pregrado y posgrado que tiene en las diferentes Sedes y Seccionales (Orienta, Occidente, Norte, Magdalena Medio, Urabá) harán parte del cálculo del porcentaje que tendrá en cuenta el CNA como requisito inicial para valorar si una IES merece realizar el proceso de acreditación de alta calidad. 

Resulta paradójico que una IES como la UdeA que inicio su proceso de regionalización desde mediados de los años 70 del siglo pasado y que hoy cuenta con importantes avances y aportes en el contexto regional del Departamento de Antioquia, se vea castigada en su futura reacreditación, la cual deberá iniciar en el 2020, por tener extensiones de programas de pregrado y posgrado las cuales no podrán tener acreditación de alta calidad. Por más esfuerzos institucionales que se hagan en estos pocos años, lo cierto es que las Sedes y Seccionales de la UdeA no podrán tener las condiciones de infraestructura, talento humano, recursos de inversión que tienen las Sedes que están ubicadas en la ciudad de Medellín. 

El caso de la UdeA se puede replicar a otras IES oficiales que tienen un fuerte compromiso con sus regiones pero que corren el peligro de perder su acreditación institucional, lo que traerá como consecuencia no poder acceder a recursos oficiales distintos al giro anual establecido en la ley 30. 

Si el objetivo es la acreditación institucional de las IES oficiales el camino a seguir está señalado, lo que traerá como consecuencia una disminución de la oferta educativa en regiones en donde existe una presencia débil del Estado.