Ministra: un inspector para la U. del Chocó, por favor

Creado en Sábado, 28 Octubre 2017

Daniel Mera Villamizar, columnista de El Espectador, pide una intervención decidida del Ministerio de Educación para controlar las irregulares situaciones que se presentan en la Universidad Tecnológica del Chocó.

El 14 de septiembre pasado, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, le anunció para los días 20 a 22 del mismo mes una visita institucional a la Universidad Tecnológica del Chocó, UTCH. Ya era hora. La UTCH es una muestra fehaciente de las fallas del Gobierno Nacional en la ejecución de una política pública de educación superior (prácticamente inexistente).

Los cerca de 50 requerimientos de información de los últimos tres años que hace el MEN indicarían que se ocupa por primera vez de la UTCH. Pero, como se sabe, el Gobierno Nacional tiene dos asientos (de nueve) en los consejos superiores de las universidades públicas, CSU. No es posible que diga que lo toma por sorpresa la crisis.

(Como anoté en “Gobierno, cómplice de corrupción universitaria”, a propósito de un hecho en UniCauca, hay que profesionalizar  la representación del presidente de la República y del MEN en los CSU; es decir, cero amigotes políticos y clientelistas).

El cese de actividades académicas, por decisión del sindicato de profesores, avanza por el tercer mes y amenaza la pérdida del semestre. El rector, tras 14 años en el cargo (gracias a reelecciones que envilecieron el ethos de la universidad), ha perdido la credibilidad y la gobernabilidad. Los intereses creados pugnan por la sucesión en marzo, cuando el rector saldrá para lanzarse a la Gobernación (quieren que se vaya ya).

El presupuesto de ingresos efectivo de la UTCH en 2016 fue de $103.000 millones (64%, funcionamiento; 35%, inversión), con una ejecución de gasto del 87%, esto es, casi $14.000 millones en bancos. Estos cuantiosos recursos no son administrados por líderes transparentes de una comunidad educativa empoderada por un proyecto de universidad. No. Son manejados a la manera de una camarilla sin controles, ante el desánimo de una comunidad que parece resignada a la politiquería.

En un sondeo de opinión en línea que 219 personas (43%, estudiantes; 26%, egresados; 19%, ciudadanos preocupados) respondieron para esta columna, el 90% consideró justificada la visita de inspección y vigilancia del MEN a la UTCH. El 51% expresó tener una confianza mediana en la independencia y rigurosidad de los resultados de la visita del MEN; y un 20%, una confianza alta o muy alta. Valioso activo de confianza ciudadana en el MEN, que un mes después no ha entregado resultados de la visita.

El 74% cree que el componente administrativo y financiero es el que presenta más irregularidades, y el 67%, que el principal problema de la UTCH es la corrupción. En este orden clasificaron los hechos más dicientes de la crisis: las reelecciones del rector, la venta de (numerosos) títulos falsos, el atraso en los pagos a los docentes, las notorias inversiones de dinero en campañas para llegar al CSU, el tráfico con notas y el prolongado cese académico. El 49% calificó la gestión del rector con 1 sobre 5, y el 30%, con 2.

Digamos que el Gobierno Nacional no tiene por qué saber la percepción de la comunidad, pero sí la obligación de leer los indicadores objetivos. La nación le transfirió a la UTCH en 2016 alrededor de $60.000 millones y esta les cobra a sus estudiantes por matrícula (con unos criterios mal diseñados) cerca de $10.000 millones. Son aproximadamente 10.000 alumnos: si descontamos el rubro del pasivo pensional, la inversión anual por cada estudiante de UTCH sería de $6.500.000, en una universidad de 45 años sin ningún programa acreditado y sí tres programas sin registro calificado que no pueden recibir estudiantes nuevos (Enfermería, Arquitectura y Lic. en Música y Danza).

En el MEN saben que con esta composición del cuerpo profesoral es más fácil hacer un feudo que una buena universidad: 600 de cátedra, 101 ocasionales, 450 de tiempo completo equivalente y solamente 220 de planta (¡en 2015 eran 94!). La tasa de deserción estudiantil por periodo en casi 11%. En fin. El Ministerio de Educación ciertamente ha faltado a sus funciones de codirección, e inspección y vigilancia.

Una visita de tres días no basta. De acuerdo con la Ley 1740 de 2014, artículo 13, el MEN puede “designar un inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación que origina la medida, la gestión administrativa o financiera de la entidad, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad”.

Un inspector no es un interventor. Aunque en el sondeo el 69% dijo que respaldaría medidas más drásticas del MEN sobre UTCH, no pocas voces expresaron desacuerdo con una intervención, por ingrata experiencia de los chocoanos con los interventores del nivel central.

Un inspector de alto nivel y reconocimiento nacional —y conseguirlo resultaría bastante difícil—, con soporte técnico del MEN, sería garantía para los chocoanos que aspiran a que la UTCH se libere de los intereses ilegales y antiéticos y sea un verdadero motor del desarrollo regional. No es mucho pedir.