Ser pilo no paga si lo público se acaba

Creado en Viernes, 10 Noviembre 2017

El rector de la U. Pedagógica Nacional, Adolfo León Atehortúa, reitera sus críticas a Ser Pilo Paga y menciona sesgos en la información dada por el presidente Santos en la presentación de la cuarta versión del programa. Tomado de El Espectador

Debatibles y desinformados los argumentos con que el presidente Santos lanzó la cuarta versión del Programa Ser Pilo Paga (PSPP). Por razones de espacio, analizaré solo tres.

Dice, por ejemplo, que gracias al programa se han aumentado de manera progresiva los resultados de la prueba Saber 11. La afirmación no es compartida por especialistas de la Universidad de Los Andes que han realizado ejercicios econométricos sin hallar diferencias significativas en las características observables reportadas en las pruebas Saber 11 de beneficiarios y no beneficiarios del programa y que excluyen, por tanto, cualquier argumentación concluyente1.

Cabe recordar, además, que entre el primer y segundo año de la implementación del programa no se presentaron variaciones sustanciales en los resultados de la prueba Saber 11, y que ello ocurrió únicamente entre el segundo y tercer año con incrementos en matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas y lectura crítica, cercanos al 6,8 en  total, para un promedio de 1,7 que, hasta nuevos análisis y comparaciones, sigue siendo marginal2.

Con todo, debe tenerse en cuenta que, simultáneamente, otras políticas públicas y programas han buscado este propósito: Jornada Única, Alimentación Escolar, Todos a Aprender, Aliados 10, Siempre Día E, ISCE, ONDAS y 40x40, para mencionar solo algunos con alcance local, regional y nacional. Dado que la mejoría en los resultados de las pruebas se ha presentado con mayor incremento en los puntajes obtenidos por grados inferiores, 3º, 5º y 9º, y no en 11º, la incidencia de estas políticas podría considerarse más relevante que la alcanzada por el PSPP.

Si bien la línea de corte para el programa se ha incrementado, las razones hay que buscarlas, también, en la información y promoción que el programa no tuvo en sus primeras versiones y que, como era previsible, limitaron la participación de un gran número de aspirantes: razón suficiente para ampliar la base concursable en aquellos momentos y que ya hoy debe reducirse por que se ofrece además para 8.000 y no 10.000 elegibles como en las anteriores.

Afirma también el presidente Santos que, gracias al programa, la probabilidad de que un joven de bajos recursos económicos ingrese a una institución acreditada pasó del 36 al 69%. La conclusión es apenas obvia e ilógico sería que no presentara variaciones. El Crédito ACCES, por ejemplo, también aumentó el acceso a la educación superior, disminuyó la deserción y mejoró el desempeño académico de los beneficiarios3. Situaciones análogas han ocurrido en toda América Latina e incluso en Estados Unidos con este tipo de programas4.

Por supuesto, el PSPP ha transformado la cifra de los estudiantes de bajos ingresos inscritos y admitidos en universidades de élite, pero no por ello debe atribuírsele la reducción directa de brechas en las tasas de matrícula. La relación de causalidad no ha sido demostrada. Otros programas, como los impulsados desde el año 2015 por la Secretaría de Educación de Bogotá y que cobijan a estudiantes egresados de colegios oficiales del Distrito, suman para este resultado. Los esfuerzos de universidades oficiales, de comunidades populares organizadas y de cabildos indígenas en regiones apartadas del país contribuyen con la estadística. La Universidad Pedagógica Nacional, por cierto, ofrece un importante aporte: solo tiene 2 estudiantes del PSPP, pero ha abierto 386 nuevos cupos-beca, para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.  

Finalmente, espera el presidente acercar las preferencias entre universidades públicas y privadas de los estudiantes pilos, con medidas que no apuntan a la solución del auténtico problema. Entre estas universidades, vale aclarar, no existen contradicciones insalvables por calidad o saberes, ni tampoco se censura al estudiante por su predilección. De ninguna manera se rechaza el derecho a la educación para bachilleres de Mocoa o el Pacífico.

Lo que ocurre es que, por su concepción, diseño y calendario, el programa ha descartado de entrada a las IES públicas. Diseñado en instituciones no oficiales, el PSPP se estructuró con una ostensible ventaja para la recepción de los recursos por parte de las universidades privadas en Colombia. La primera versión se lanzó cuando la prueba de admisión en la gran mayoría de las universidades públicas se había realizado. La versión “Ser Pilo Profe” se adelantó sin la participación de la Universidad Pedagógica Nacional, reconocida por la Ley 30 de 1992 como “educadora de educadores” y “asesora del MEN en formación de docentes”.

Ideado en universidad privada, el PSPP jamás se socializó siquiera con las universidades estatales antes de convertirlo en política, y no se contó nunca con su aval. Más allá de la improvisación o descuido en la planeación, que también perjudicó a los bachilleres del calendario B, puede colegirse la intencionalidad del programa: empezó cuando no existía posibilidad de inscripción en las estatales y se utilizó un corte en pruebas Saber 11 inferior al exigido por las mismas; además, solo se les reconoció el valor neto de la matrícula, de suyo subsidiado. Esta evidencia pone de presente en el tiempo que el propósito que hoy se esgrime, beneficiar a los estudiantes, tuvo un real trasfondo: favorecer a instituciones no oficiales. La nueva propuesta del presidente no resuelve la situación. Se vuelve a lanzar cuando las pruebas de admisión ya pasaron en las universidades estatales y a sabiendas de que aplazar el ingreso no resulta tampoco opción de preferencia para los estudiantes. 

El auténtico problema, por otra parte, es que el PSPP les está quitando recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas. Afirmar lo contrario es falso y resulta incoherente con el propósito gubernamental de “hacer de Colombia la más educada”. Una y otra vez se ha explicado hasta la saciedad que, en el año 2015, el 0,4 % del punto adicional recaudado por el tributo CREE se destinaba en su totalidad a las IES Públicas. Pero, en 2016, solo les fue entregado el 46,4% de este valor, mientras en 2017 se recibió el 33,1% de lo correspondiente en el Impuesto a la Renta y Complementarios que sustituyó al CREE. La suma que dejaron de recibir las IES Públicas supera los $ 808.000 millones, que es la que hoy se entrega al PSPP.

Lo más grave es que, para el 2018, no se asignará cifra alguna para las IES Públicas por este concepto. Tan solo se habla de los $ 100.000 millones que las movilizaciones estudiantiles lograron. ¿Hacia dónde irán los recursos? He allí la respuesta: el problema es que ser pilo no paga, si lo público se acaba.

1Contrato de Consultoría DNP No 656-2015: Informe de resultado del levantamiento de línea de base, evaluación de impacto de corto plazo y tercera entrega de la documentación de las bases de datos, PSPP, Centro Nacional de Consultoría, CEDE, Uniandes, pagina iii.

2ICFES-MEN, 2016.

3Melguizo, T., Sanchez, F. y Velasco, T. (2016). Credit for low-income students and access to and academic performance in higher education in Colombia: A regression discontinuity approach. World Development, 80, 61-77. (https://ideas.repec.org/p/col/000089/012854.html).

4Angrist, J., et.al. Leveling up: Early results from a randomized evaluation of post-secondary aid. Harvard University and NBER, 2015 (https://economics.mit.edu/files/11608). Cáceres-Delpiano, et.al. Early impacts of college aid. IZA discussion paper 9238, 2015 (https://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp9238.html).