Profesores y rectores recuperan beneficio tributario de exención en renta

Dic 24/18 El Gobierno Nacional cumplió su promesa a estudiantes y profesores de no grabar demás los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas.

La ley tributaria 75 de 1986 había consagrado que el 50% del salario de los profesores -y rectores- provenía de gastos de representación que, de acuerdo con el artículo 206 del Estatuto Tributario, son rentas laborales exentas, lo que quiere decir que estos ingresos no se tienen en cuenta para cobrar el impuesto de renta.

Este beneficio fue afectado con la reforma tributaria de diciembre de 2016, o Ley 1819 de Reforma Tributaria, que eliminó dicho beneficio (art. 336) y que, a juicio de los profesores universitarios, liderados desde la Asamblea Nacional de Representantes de Profesores ante Consejos Superiores y Académicos de Universidades Públicas – ARPUP, representó hasta un 800 % en el pago del impuesto de renta con relación al año anterior.

Esto detonó la molestia de los profesores (que ayudó a incentivar la protestas posterior de los estudiantes).

Por un lado, hubo la gestión y el lobby de Luis Orlando Aguirre, representante de ARPUP, de los profesores en el CESU y profesor de la UIS, con el apoyo de su rector, Luis Hernán Porras, quien contribuyó con las gestiones ante congresistas como la senadora María del Rosario Guerra y el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón.

A través del congresista Chacón se tramitó el proyecto de Ley 218 “Por medio del cual se modifica el artículo 336 del estatuto tributario, modificado por el artículo 1° de la ley 1819 de 2016”, que finalmente no prosperó como tal, pero su contenido fue aceptado finalmente en la Ley de Financiamiento.

De otro lado, ASPU con la Mesa de Diálogo de estudiante sy profesores buscaron otras gestiones, con David Barguil, aunque no se logró los mismos resultados de la gestión de ARPUP.

Finalmente, tras los acuerdos del 14 de diciembre, entre el gobierno Duque y los profesores y estudiantes, el Ejecutivo logró que el Congreso de la República reversara la decisión de 2016 y volviera el estado anterior.

El nuevo articulado de la Ley de Financiamiento indica que se mantendrá el beneficio de que “los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no podrán exceder del cincuenta (50%) de su salario”.

Respaldo jurisprudencial

Como fundamento del beneficio, los defensores de la norma recordaron cómo la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del citado beneficio fiscal mediante sentencia C – 461 DE 2004, señaló que:

“La institucionalización de los gastos de representación que consagra la norma bajo análisis a favor de profesores y rectores de universidades oficiales encuentra una justificación que está acorde con los mandatos superiores, pues consiste básicamente en una medida de estímulo y fomento tendiente a dignificar la actividad que desarrollan dichos servidores, como reconocimiento a su misión de formadores de futuros profesionales e investigadores, a las calidades que exigen esos cargos, y al status que ocupan en la sociedad quienes los desempeñan. La medida no solo persigue una finalidad valida a la luz del Ordenamiento Superior, sino que además resulta adecuada para alcanzar el objetivo fundamental de dignificar la actividad docente que desarrollan profesores y rectores de universidades oficiales, y reconocer el valioso aporte al progreso y a la identidad nacionales”.

Finalmente, en una comunicación al Congreso de la República, ASCUN recordó cómo “los rectores y profesores de Universidades oficiales, además del beneficio especial que tienen de tratar como renta exenta lo que reciben como gastos de representación en un valor que puede representar hasta el 50% de su salario, también tienen derecho a otros beneficios establecidos para los asalariados contribuyentes del impuesto de renta, de los cuales se enuncian algunos a título de ejemplo:

– 25% de los pagos laborales como renta exenta

–  Deducción de los intereses pagados por adquisición de vivienda

– Deducción por concepto de dependientes”