Programas de Derecho deben replantearse para responder a lo que la sociedad espera de los abogados

Junio 30/19 Decanos y directores de derecho coinciden en que hay que hacer ajustes para que los egresados combatan la corrupción, sean más pertinentes frente a la realidad del país, así como más eficaces en sus relaciones con los clientes, entre otros aspectos.

“La academia ha promovido cambios importantes en la formación de los nuevos abogados, pero sigue esperando los lineamientos del Ministerio de Educación (MEN) para poder reformar sus pénsum y currículos al interior de las instituciones. Por ello es imperioso, y así lo ha manifestado reiteradamente la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho – Acofade, modernizar rápidamente la formación de los abogados por competencias, para una mejor lucha en contra de la corrupción”, señala Carlos Mario Molina, director Ejecutivo de Acofade.

El cuestionamiento se da en el mes de junio, cuando se reconoce la labor del abogado, y en momentos en que las universidades se cuestionan sus planes de estudio a raíz de la Ley 1905 del 2018, que define un examen de Estado para que los egresados puedan ejercer la profesión de derecho.

El medio espacializado de ese sector, Ambito Jurídico, realizó un informe denominado “Los desafíos que enfrentan los programas de Derecho en Colombia”. en el que, además de Molina, consultó a los 17 decanos y directores de programa, quienes -en alunos casos con diferencias y en otros mostrando los avances de sus IES- en general reconocen la necesidad de realizar cambios.

Los académicos consultados fueron:

Carlos Alberto Agudelo, Universidad de Caldas

Camilo Piedrahita Vargas, Universidad EAFIT

María Teresa Carreño Bustamante, Universidad de Manizales

Adolfo Jerónimo Botero, Universidad ICESI

Angela María Lora Echavarría, Universidad Católica Luis Amigó

José Alberto Gaitán Martínez, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Gloria Inés Quiceno Franco, Universidad La Gran Colombia

Adriana Zapata Giraldo, Universidad Externado de Colombia

Hernando Torres Corredor, Universidad Nacional

Luis Francisco Ramos, Universidad Libre Seccional Bogotá

Juan Sebastian Perilla, Universidad Sergio Arboleda

José Vicente Barreto Rodríguez, Universidad Central

Claudia Helena Forero, Universidad Militar Nueva Granada Sede Campus

Myriam Sepúlveda López, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Anthony Castellanos Carreño, Universidad Republicana

Luis Eduardo Martínez Gutiérrez, Universidad Incca de Colombia

Jinyola Blanco Rodríguez, Universidad Antonio Nariño

 

Las siguientes son las principales ideas relacionadas con el reto universitario y la necesidad de replantear los programas de estudio. Cada párrafo es una idea diferente, de uno de alguno de los académicos:

  • Los planes de estudio están en mora de transformarse radicalmente para hacer frente a un problema que no se le debe solo a los abogados, pero sí tienen una gran responsabilidad para ayudar a eliminar la corrupción o disminuirla”.
  • Con la inclusión de una o varias clases de ética profesional, los abogados no tendrán necesariamente mejores desempeños. Por el contrario, el primer paso puede ser la eliminación de los cursos de ética profesional, para hacer de estos debates un eje transversal en todas las asignaturas del programa, la formación ética debe dejar de ser competencia exclusiva de una sola materia.
  • Se debe incluir en los modelos de formación de abogados el estudio de la ética como la ciencia de las decisiones.
  • Si bien las universidades no pueden ofrecer fórmulas mágicas para erradicar las condiciones que favorecen y reproducen las prácticas corruptas, sí están en capacidad de promover acciones relacionadas con la prevención, la detección y el control de las mismas. Por ejemplo, a través de la consolidación de grupos de investigación y observatorios que hagan seguimiento a aspectos nodulares de la gestión pública.
  • Las universidades se han dedicado fuertemente a la formación cognitiva y en las habilidades necesarias que se deben obtener para el ejercicio profesional del Derecho y no se ha trabajado, de la forma esperada, en la formación moral y emocional de los futuros abogados
  • Deben existir cursos obligatorios, opcionales, diplomados, coloquios constantes que estén actualizando la enseñanza del Derecho en estos aspectos.
  • Hoy más que nunca se requieren materias obligatorias perfiladas en torno a la construcción de paz. Es necesario dentro del pénsum el reconocimiento de una vida jurídica distinta en el posconflicto. Los cursos sobre justicia transicional, restitución de tierras, reparación, perdón y verdad, reconciliación y no repetición se deben volver obligatorios en las carreras de Derecho.
  • Considerar dentro de los planes de estudio materias, opcionales, para estudiantes que terminarán en el litigio, relacionadas con marketing o coaching.
  • Las facultades de Derecho que apuesten por incluir en sus programas este tipo de contenidos, le apuestan a profesionales de revista, y no precisamente científica.
  • Toman fuerza las competencias transversales (mal llamadas blandas) de nuestros profesionales: abogados o no, todos los profesionales requieren hoy competencias y habilidades como el pensamiento computacional o digital, el liderazgo y el trabajo en equipos interdisciplinarios en entornos de incertidumbre y cambio, por solo mencionar algunas.
  • Es necesario integrar en los programas de estudio de Derecho las competencias digirales. Nuestros estudiantes son nativos de la tecnología, muchos de nuestros docentes ya no.
  • Las metodologías de enseñanza tradicionales tienen bajos niveles de apropiación por parte de los estudiantes, por lo cual los conceptos que se aprenden se olvidan con gran facilidad. Se requiere que la formación de los estudiantes vaya más allá de un salón de clase, que tienda puentes con la realidad y se deje de ver la sociedad como un objeto de estudio aislado.
  • En la medida que los planes de estudio respondan a otras necesidades sociales, el abogado sabrá a qué se enfrenta en su futuro profesional.
  • Los programas de Derecho debamos incluir en nuestros procesos formativos la exposición y reflexión permanente frente a dilemas éticos en la perspectiva profesional, pero también ciudadana.
  • La formación en clínicas de interés jurídico y la exposición de los estudiantes a modos de trabajo pro bono con firmas y abogados pueden ayudar a sensibilizar a los futuros egresados sobre la función social de su profesión.
  • En un mundo globalizado, debemos fomentar los seminarios y cursos en otros idiomas, con proyección internacional, para que los estudiantes y docentes creen redes de investigación que trasciendan fronteras, alianzas y proyectos que permitan dinamizar los conocimientos propios del Derecho y la Ciencia Política.
  • Los planes de estudio requieren mucho más la formación en valores que devuelvan a la profesión su importancia dentro del contexto político, económico y social. Hay que retornar, como profesores y abogados, a las verdaderas razones que nos llevaron a estudiar esta profesión: la voluntad, el deseo y la pasión por servir y ayudar a los demás.
  • El abogado hoy debe ser un jurista actual, capaz de reinventarse día a día en un escenario de competencias globales y cambiantes.
  • El abogado, independientemente de la esfera laboral en la que vaya a desplegar su actividad profesional, representa su propia marca, su propio nombre, y para ello requiere adquirir competencias de liderazgo, de inteligencia emocional y de habilidades interpersonales que le permitan con mayor facilidad empoderarse de su quehacer para dirigirlo con convencimiento.

 

Clic para conocer el informe detallado en Ambito Jurídico