Se cayó la acreditación obligatoria de licenciaturas

Con la sanción del Plan Nacional de Desarrolló entró en vigencia la derogatoria del artículo del anterior Plan que obligaba esta acreditación obligatoria, y que causó más daño que bien a las IES.

 

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, sancionado el fin de semana por el persidente Duque, , deroga explícitamente el artículo 222 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (Ley 1753 de 2015) que obligaba la acreditación de las licenciaturas.

 

La iniciativa de entonces fue liderada por la ministra Gina Parody y su viceministra Natalia Ariza.

 

El ahora derogado artículo decía:

 

Los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que tengan como mínimo cuatro (4) cohortes de egresados y que no se encuentren acreditados en alta calidad, deberán obtener dicho reconocimiento en un plazo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

 

Los programas de licenciaturas a nivel de pregrado que no cuenten con el requisito de cohortes antes mencionado deberán adelantar el trámite de acreditación en alta calidad en un plazo de dos (2) años, una vez cumplido el mismo.

 

La no obtención de dicha acreditación en los términos anteriormente descritos, traerá consigo la pérdida de vigencia del registro calificado otorgado para el funcionamiento del mismo.

 

PARÁGRAFO. El otorgamiento del registro calificado para licenciaturas y programas académicos enfocados a la educación, deberá cumplir unos parámetros mínimos de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional mediante estudios técnicos, sin perjuicio de la autonomía universitaria. Para ello, el Gobierno nacional deberá nivelar los criterios del registro calificado a los de alta calidad establecidos para estos programas, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto Ley 892 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que son ofrecidos en los departamentos donde se localizan los municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que a la entrada en vigencia del presente decreto ley no estén acreditados en alta calidad de acuerdo con lo establecido en los incisos 1o y 2o del presente artículo, tendrán treinta y dos (32) meses de plazo a partir de la expedición del presente decreto ley para obtener dicho reconocimiento; cumplido este plazo, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3o del presente artículo.

 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> En todo caso, el Ministerio de Educación Nacional, a partir de la expedición del decreto, adelantará acciones de fomento y promoción para que los programas de licenciaturas señalados en el inciso anterior avancen en el proceso de fortalecimiento institucional que los conduzca a la acreditación en alta calidad. Estas acciones deberán responder a las particularidades de las instituciones y programas.

 

Reacción positiva en el sector

 

Desde que la derogatoria apareció en las bases del plan, hace varios meses, nadie del sector salió públicamente a cuestionar la decisión gubernamental y, por contrario, calladamente han aplaudido la misma,por considerar que el polémico artículo 222 no sólo afectó a un buen número de IES (se calcula que el 30 % de los pregrados fueron afectados), sino que se aprobó, en 2015, por presión del Ministerio de Educación, pero a espaldas de la realidad del sector y desconociendo, entre otros, la opinión de las facultades de educación e, inclusive, de la propia Universidad Pedagógica Nacional que, por Ley 30, debe ser asesora del Estado en materias de formación de docentes.

 

Además, porque dicho Plan contrariaba abiertamente el espíritu y lo definido en la Ley 30 de 1992, que definió la acreditación como un proceso voluntario y temporal, y nunca obligatorio.

 

“El Ministerio quiso curar la infidelidad cambiando las sábanas”, es la metáfora que algunos han usado para explicar, entonces, la aparición de esta medida que, se suponía, iba a ayudar a mejorar la formación de los profesores tras los malos resultados del país en las pruebas Pisa.

 

“En la formación docente hay una deuda grande del Estado”

 

Así lo afirma Olga Ramírez Torres, presidenta del Capítulo Centro de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE) y decana nacional de la Fundación Universitaria del Area Andina, quien señala que la norma derogada “generó un vacío de formación en las regiones”.

 

Para Ramírez, la norma “no mejoró la calidad, pues se creó una obligatoriedad sin tener en cuenta la particularidad contextual”. Es decir, “se aplicó la norma a raja tabla, desconociendo las particularidades de las IES y las regiones”, desconociendo queni siquiera las IES oficiales tenían la fuerza necesaria para cubrir la formación de calidad requerida.

 

Cuando se diseñó la norma, considera Ramírez, “se supuso, de entrada, que todos losprogramas eran malos” y, para rematar, no se tuvo en cuenta a los protagonistas del sector y se decidió contratar a asesores externos para diseñar una norma ajena a la realidad del sector.

 

Además, vale recordar, los licenciados han perdido mucho valor en el mercado y motivación para estudiar, porque ahora se permite que cualquier profesional pueda ser docente, una vez justifique un curso de pedagogía de un año.

 

Por ahora, se espera que la calidad de las licenciaturas sea parte del nuevo decreto que se está trabajando por parte del Ministerio de Educación, en reemplazo del también infructuoso y nunca entrado en vigencia decreto 1288 de 2018.

 

La idea es que en la nueva norma se proyecte una acreditación previa, pero no con las características obligatorias.

 

Mientras tanto, el marco legal de los programas de licenciatura es la resolución 18583, de 2017, que define las características de estos programas para fines de registro calificado.