noviembre 16, 2018 7:34 am


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Sobre la supuesta deuda de 18 billones del Estado con la Universidad Pública

Nov 8/18 Líderes estudiantiles y rectores del SUE insisten que el Estado “les debe” entre 18 y 19 billones de pesos (15 para infraestructura), y por ello “se justifica” la protesta. Técnicamente, dicha deuda “no existe”, y ha sido un imaginario creado desde las propias universidades públicas.

Según los acuerdos de política pública que comprometen al Estado a transferir a la educación superior pública, el gobierno nacional no tiene obligación de transferir más recursos de los que se definen en la Ley 30 de 1992. Es decir, todos los gobiernos, desde 1992, han cumplido con su obligación fiscal con la universidad pública.

Esto tampoco significa que el panorama sea el ideal, pues las protestas de las universidades públicas indican que los recursos estatales no son suficientes y que reflejan un estado de crítica necesidad: De más calidad, mejor infraestructura, mayor cobertura, posicionamiento internacional y visibilidad en su producción intelectual, entre otros aspectos.

La cifra de los 18 billones, que los medios de comunicación han repetido acríticamente sin cesar, haciendo eco a las peticiones de las universidades públicas, nació a comienzos de la presente década (por aquel entonces bordeaba los 11 billones) y fue producto del trabajo de un grupo de vicerrectores administrativos y financieros del SUE, liderados -entre otros- por el de la Universidad Tecnológica de Pereira un  Pereira -UTP, Fernando Noreña Jaramillo, y corresponde al monto proyectado de cuánto estimaban las universidades públicas que valdría poner a todo el sistema (las 32 IES) en las mismas condiciones de calidad de la Universidad Nacional de Colombia, asumiendo que ésta respondía al ideal de universidad.

Noreña y el entonces rector de la UTP, Luis Enrique Arango Jiménez, tuvieron un muy importante reconocimiento en el sector, por su defensa de la universidad pública, y luego que el SUE cambió de presidencia (pasó a Luis Fernando Gaviria Trujillo -también de la UTP, y ahora Jairo Torres Oviedo -de la Universidad de Córdoba), el estudio de Noreña y los otros vicerrectores se ha mantenido con un ejercicio de indexación de la deuda; es decir el incremento anualizado de la misma, mismo que ya va por los 18-19 billones que se mencionan.

18 billones no solucionan el problema

Pero, ¿18 billones aseguran un óptimo modelo público de educación superior en Colombia?. La respuesta es no.

En el hipotético caso que el Gobierno legitimara el reclamo y entregara esos recursos, no está respondiendo a las necesidades de gratuidad derivada de la educación superior entendida como un derecho; no respondería a las necesidades de las IES públicas que no son universidades; y no asegura que -como aspiraba el anterior gobierno- Colombia sea la nación más o mejor educada de la región.

Es más, no es claro si destinar 18 o más billones de pesos garantiza que la universidad pública colombiana se posicione en el lugar que el imaginario social quisiera, porque sencillamente el país no ha definido cuál es modelo de universidad que debe tener. ¿Todas deben ser como la Universidad Nacional?, ¿es la Universidad Nacional la IES ideal?, ¿y sus problemas internos de gobernabilidad, dificultades financieras, aprobación de programas no necesariamente alineados con apuestas estratégicas y productivas de país?, ¿su modelo de proyectar sedes es el requerido en las otras regiones?, ¿su esquema de investigación es el que deben tener todas las IES?…

Estas y más son las preguntas que se derivan de una reflexión, necesaria y no convocada, sobre si la universidad pública colombiana tiene que ser como la Nacional y, a partir de allí, muchas otras consideraciones relacionadas con cobertura, pertinencia, desarrollo regional, investigación de punta vs. Reconocimiento de los saberes propios…

Mientras rectores, estudiantes y Estado (pero también las IES privadas, los investigadores, analistas, medios y sectores especializados) no se sienten a definir el hacia dónde queremos crecer como país con el apoyo de la universidad, cualquier recurso financiero que se asigne será insuficiente y no necesariamente bien invertido.