septiembre 23, 2018 5:37 am


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Unibagué acepta orden de la Corte Constitucional y reintegra profesora

Julio 10/18 Mediante sentencia T-239 de 2018, la Corte Constitucional consideró que la Universidad de Ibagué violó derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación al despedir a una profesora que denunció abusos sexuales y laborales contra personal del plantel.

En un comunicado público, el rector de la IES, Hans-Peter Knudsen Quevedo, señaló que efectivamente la docente había sido despedida, por asuntos de crarácter laboral, pero sin una mirada de discriminación o de menoscabo de sus derechos fundamentales y anunció que acata en su integridad la decisión de reintegrar de manera inmediata a la profesora Mónica Godoy Ferro, así como reconocer el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta el momento de su reintegro.

Esta es la historia

Mónica Godoy Ferro, profesora de la Universidad de Ibagué, se había convertido en defensora de los derechos de mujeres ante el mismo plantel por supuestos abusos sexuales y laborales cometidos por personal de la Institución.

El 9 de marzo de 2017 una integrante del cuerpo de vigilancia de la Universidad, buscó su ayuda al afirmar que ella y otras de sus compañeras de trabajo habían sido víctimas de episodios de acoso laboral y sexual presuntamente causados por sus jefes directos y algunos de sus compañeros. La profesora Mónica Godoy informó a las directivas y por petición de la rectoría lideró varias reuniones de sensibilización sobre en las que le comentaron casos de acoso sexual y laboral, poniendo en conocimiento de esas denuncias a las directivas de la Institución educativa.

La profesora Godoy agregó en la tutela que, antes de que culminaran los referidos talleres de sensibilización, programados en el marco de la estrategia de prevención contra el acoso laboral y sexual, la Universidad de Ibagué despidió a algunos miembros del cuerpo de seguridad presuntamente vinculados a los casos de acoso laboral y sexual, así como a presuntas víctimas. Ella manifestó sus reparos a los funcionarios competentes de la institución educativa, relató la importancia de adelantar un debido proceso que garantizara los derechos de todos los involucrados y expresó que, en los casos de acoso sexual, debía denunciarse ante las autoridades competentes por tratarse de la comisión de un posible delito. 

El 9 de agosto de 2017, la accionante remitió, a través de un mensaje de correo electrónico, el documento denominado “Informe sobre violencia de género y acoso laboral en la Universidad de Ibagué” a la decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y a la ex rectora, en el que informó 10 casos de despidos de trabajadores que integraban el cuerpo de seguridad, incluida una de las presuntas víctimas.

El 17 de agosto de 2017, antes de entrar a una reunión con las directivas de la Universidad para tratar el tema, a la profesora Godoy le informaron verbalmente sobre la cancelación de su contrato laboral “y que,(…) la causa de dicha decisión era que “[su] estilo no encajaba con la institución”.

La Sala Sexta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, luego de estudiar el expediente y los elementos de prueba, estableció que “la Universidad de Ibagué desvinculó a la accionante en razón de sus actuaciones y denuncias sobre violencia de género y acoso laboral en contra de trabajadoras de la institución educativa”. Entonces, el ejercicio de la autonomía administrativa de la universidad desbordó los límites del respeto a los derechos fundamentales al despedirla con fundamento en motivos discriminatorios al pretender “suprimir del ámbito educativo un discurso de defensa de los derechos de las mujeres, específicamente del derecho a vivir una vida libre de violencia”.

El fallo, con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, ordena reintegrar a la accionante a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba al momento de su desvinculación, el reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenga derecho, e instó a la Universidad de Ibagué para que, si aún no lo ha hecho y en el marco de sus funciones, “implemente un protocolo de actuación para los casos de violencia de género en la institución, así como rutas y procedimientos claros y efectivos para el trámite de las posibles denuncias de acoso laboral”.

En el mismo sentido, exhortó al Ministerio de Educación para que establezca lineamientos y estándares para las IES en relación con los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas. 

En la decisión, se compulsan copias para que la Fiscalía General valore el material probatorio y evalúe la pertinencia de iniciar investigaciones.

La respuesta de la universidad

Amparada en las disposiciones nacionales que regulan las relaciones de trabajo, la Universidad de Ibagué tomó la decisión de culminar unilateralmente y sin justa causa el contrato laboral de la profesora Mónica Godoy Ferro, el 17 de agosto de 2017, cancelándole la indemnización a que tenía derecho. El manejo dado por la Universidad al caso se dio desde la óptica laboral, mediada de manera exclusiva por el vínculo laboral de la profesora con la institución y en el marco de las atribuciones que establece la ley; sin nunca pretender menoscabar sus derechos fundamentales.

La decisión de la Universidad generó diferencias entre las partes, por lo que la profesora Godoy hizo uso de las instancias judiciales para dirimir tales discrepancias.

El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué (Tolima), en fallo de primera instancia resolvió denegar el amparo de los derechos fundamentales reclamados por la profesora Godoy por estimar que aquella “tenía a su disposición la acción de reintegro para la protección de sus derechos, por lo que no resultaba procedente acudir a la acción de tutela para satisfacer dicha pretensión”. De igual forma, en fallo de segunda instancia, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué (Tolima) confirmó el fallo objeto de impugnación. En criterio del fallador, no se demostró que la accionante fuera víctima de acoso laboral, ni que hubiera sido obligada a renunciar. De esta forma, los dos fallos de tutela coincidían con la visión de la Universidad.

No obstante, la Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela entablada por la profesora Godoy, y en fallo del 26 de junio de 2018 tomó la decisión de revocar la sentencia de segunda instancia del Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué, que a su vez confirmó la decisión de primera instancia, y en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de expresión de la docente.

La Universidad de Ibagué conocedora del orden jurídico y respetuosa de los fallos judiciales, acata en su integridad la decisión tomada por la Corte Constitucional de reintegrar de manera inmediata a la profesora Mónica Godoy, así como reconocer el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta el momento de su reintegro.

En la medida en que desde el punto de vista de la Universidad de Ibagué no ha habido confrontación personal sino diferencia de visiones, la Universidad acoge a la profesora Godoy sin prevención y con el ánimo de construir conjuntamente para bien de la comunidad universitaria y de las instituciones de educación superior en general.

La Universidad de Ibagué reconoce la importancia de continuar trabajando en la adopción de políticas, estrategias o rutas de prevención y mitigación de las actuaciones que constituyan violencia de cualquier tipo al interior de la institución, estableciendo una especial estrategia, para la atención de casos de violencia de género que puedan ocurrir.

La Universidad continuará comprometida con su valor fundacional de compromiso con el desarrollo permanente de la Ciudad, el Departamento y la Región como lo ha venido haciendo comprobadamente en sus 38 años de existencia.