Huelga y déficit financiero claman un S.O.S. para la U. Autónoma de Colombia


Mayo 13/19 Administrativos y profesores votaron sí a la huelga en una IES que no paga salarios hace meses, pierde estudiantes y docentes, no tiene acreditación de programas y su déficit es mayor cada año.

Desesperados porque la Universidad no paga a muchos profesores desde hace varios meses (incluso nada del semestre que está terminando), así como tampoco seguridad social, y luego de tres intentos y una fuerte polarización interna (incluso entre fundadores y herederos), los docentes y personal administrativo de esta tradicional universidad bogotana, de casi medio siglo de existencia, decidieron aprobar ir a la huelga (cuya hora cero está por definir), para presionar a las directivos a tomar una solución que les permita tener tranquilidad y estabilidad, así como el pago de sus salarios atrasados. 332 personas votaron sí a la huelga contra 129.

La Fundación Universidad Autónoma de Colombia FUAC entra en la misma situación de déficit financiero e incumplimiento de pagos -también a proveedores- que la Universidad Incca de Colombia.

La FUAC, que aún no logra acreditar ningún pregrado en alta calidad, pese a los reiterados intentos (especialmente con el programa de derecho) ha visto como en el último mes han renunciado más de 25 profesores y la matrícula del próximo semestre, que constituye la esperanza de los directivos para poder recaudar dinero y pagar deudas, corre riesgo también de disminuir por la situación que enfrentan. Hace cinco años la universidad tenía menos de 7 mil estudiantes y hoy está por debajo de los 5 mil.

Problemas financieros agravados

La delicada situación económica de la FUAC no es nueva, y viene de hace aproximadamente una década.

Desde hace años se han vuelto recurrentes las reclamaciones de estudiantes y profesores por más inversiones y condiciones de calidad, así como el enfrentamiento entre la presidencia de turno y el Sindicato de Profesores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Sintrafuac, que a su vez ha denunciado el despido de profesores.

Según sus estados financieros, el déficit neto fue de $9.412 millones en 2016, $9.100 en 2017 y $11.200 en 2018, mientras que su patrimonio se ha reducido de 60 mil a 40 mil millones.

Aunque, dicen los críticos de la administración del presidente y representante legal, Eduardo Enrique Hoyos Villamizar (quien no ha salido públicamente a responder por la situación, salvo de forma escrita), que el déficit es mucho mayor y que puede llegar a los 60 mil millones de pesos, y que por lo mismo los estados financieros no corresponden con la realidad. Hoyos, quien recibió el cargo en abril de 2018, dice explícitamente que recibió una universidad quebrada.

Resquebrajada gobernabilidad aumenta la dificultad

La Universidad fue fundada en 1971 por 59 personas, la mayoría de ellas profesores universitarios, mayoritariamente afines a los movimientos políticos de izquierda. Con el tiempo ellos y sus familias se fueron consolidando en distintas unidades de la universidad a tal punto que hoy muchas de ellas funcionan como feudos de determinados apellidos de los herederos y familias de los fundadores. Adicionalmente, la Asamblea cuenta con la participacion de 12 estudiantes, elegidos democráticamente, lo cual ha favorecido prácticas de clientelismo político para acceder a este “poder”.

A lo largo de su historia ha sido presa de la administración de los fundadores y sus familias, muchas de las cuales responden por departamentos y áreas de la Universidad, constituyendo feudos de difícil control.

Quien manda es el presidente de turno, pues el rector (que en este caso es el mismo vicerrector, Hernán José Romero Rincón, quien actúa como encargado de la rectoría) no tiene real poder. Romero llegó luego de las rectorías de dos académicos reconocidos, Ricardo Mosquera y Clemencia Bonilla, que tuvieron que enfrentar las rencillas internas entre fundadores y las dificultades económicas para impulsar procesos de calidad.

Los conflictos internos, el peso del sindicato, la baja en la matrícula y la crisis financiera, tampoco han dejado avanzar en la búsqueda de una solución unánime, y frente a la posibilidad de vender la Universidad (que técnica y legalmente tendría complicaciones por el carácter de entidad sin ánimo de lucro), fundadores y herederos se enfrentan por el debate ideológico de sacrificar un proyecto ideológico y entregar la IES a terceros.

La situación se ha agravado por la actitud de las directivas que, a juicio de los profesores, no da la cara y no parece preocuparse por la situación de sus trabajadores. El Observatorio consultó el tema con Presidencia, y ésta tampoco dio respuesta a la solicitud.

Lo triste en la posibilidad de vender la Institución (se especula de bancos, entidades religiosas, inversionistas y hasta conglomerados extranjeros), asumiendo que la operación se pudiera hacer sin levantar sospecha en el Ministerio de convertirse en una operación comercial, es que lo que en este momento más se valora no son sus activos ni programas académicos y logros, sino los metros cuadrados de propiedades que están ubicadas en el sector de La Candelaria, en Bogotá, con enorme costo y demanda inmobiliaria.

La FUAC ha aparecido en las listas del Ministerio de IES que tiene en la mira por denuncias de la comunidad educativa, pero -como ya es común- el MEN no se pronuncia ni interviene a tiempo.

Profesores se “disculpan” con los estudiantes

Ante la ya pública crisis, la semana pasada se presentó una carta abierta a los estudiantes, en la que -entre otras cosas- los docentes dicen:

“Lamentablemente, estamos pasando por momentos difíciles, nuestro proyecto educativo está en riesgo. En el último año y medio, las condiciones de la FUAC han cambiado diametralmente. Nunca tuvimos grandes salarios o beneficios extraordinarios, únicamente las condiciones dignas con las cuales se debe reconocer a cualquier trabajador.

Desde que la actual administración asumió el manejo de la FUAC, no hemos recibido nuestros salarios completos y puntuales. Nos adeudan tres meses de salarios, primas y seguridad social. Nuestras familias están desprotegidas desde hace más de 6 meses, debido a que no se han pagado los aportes de salud, aunque si los han descontado. No tenemos derecho a enfermarnos, nuestros niños y en algunos casos nuestros padres dependen de nosotros para ser atendidos en una EPS. Tampoco hemos podido pagar los colegios y las universidades de nuestros hijos, debemos dinero y en muchos casos no tenemos ni siquiera para el transporte.

A pesar de esta difícil situación, los profesores hemos cumplido con nuestras clases y obligaciones por que nos interesa el futuro de la universidad y la educación de nuestros estudiantes, pero el compromiso que tenemos no es suficiente frente a la desidia de una administración que nos ha respondido con agresiones y mentiras. Necesitamos una solución pronta y la solidaridad de los estudiantes es fundamental.

Esperamos que ustedes comprendan nuestras razones y nos acompañen en esta exigencia (de cese de actividades) que nos obligan a realizar. Muchos de ustedes y sus padres también son trabajadores y entienden lo que significa pasar tanto tiempo sin salarios y sin soluciones”.

Directivas se defienden

A través de un boletín institucionales, la Universidad ha expresado su opinión frente a la situación (clic para leer todo el boletín). Algunas de sus afirmaciones son:

– En el último año el equipo de trabajo Autónomo, tanto administrativo como académico, ha hecho sus mejores esfuerzos, haciendo gala de su espíritu creativo, y con menos recursos que en administraciones anteriores ha obtenido avances importantes.

– La actual administración con el Presidente, doctor Eduardo Hoyos a la cabeza, considera que el legado que hemos recibido de 47 años de existencia y de más de 47000 egresados trabajando con sentido social Autónomo por todo el país, exige de nosotros los mejores y mayores esfuerzos para sacar adelante la universidad.

– En el último año hemos obtenido el registro calificado de tres programas nuevos de maestría, lo que evidencia que existe confianza de los entes estatales educativos frente al Proyecto de la Universidad Autónoma. Fueron aprobadas la Maestría en Derecho Público, la Maestría en Derecho laboral y Seguridad Social y la Maestría en Relaciones Internacionales que acaba de obtener la aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional.

– Presidente Hoyos dice que “cuando se inició esta administración, el 16 abril de 2018, nos encontramos con dos situaciones estructurales por mejorar. La primera, por supuesto, la parte financiera de la Universidad. En términos técnicos financieros, recibimos una universidad quebrada, sin embargo, estamos buscándole la viabilidad a través de dos ejes que son: primero, la optimización de recursos y la reducción de costos, sin sacrificar la calidad académica, que es la esencia de la propuesta de servicios de una universidad. En eso nos ha ido bien”.

– Emprendimos la tarea titánica de acreditar simultáneamente cinco programas; eso no lo ha hecho ninguna universidad.

Frente a la pregunta de ¿qué mensaje enviaría a las personas que hoy sienten incertidumbre, que sienten temor ante la situación actual o porque han recibido mensajes negativos?, el presidente dise: “quisiera darles un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, la incertidumbre es algo que no puedo cambiar; si hablamos de la situación actual, principalmente de los entornos productivos, laborales, la situación es muy incierta para todos los colombianos y para todos los ciudadanos del mundo; este no es un problema solo de Colombia.

… hoy podemos acceder a información sobre otras universidades parecidas a la nuestra, podemos estar informados sobre los procesos de algunas de ellas que han sido intervenidas y sabemos que donde ha intervenido el Estado, no han salido resultados satisfactorios”.