Así evalúa el investigador Adrián Vásquez la situación que generaría la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, del MEN, en su análisis en el portal Plano-Sur.
Los cuatro objetivos: calidad, cobertura, regionalización-internacionalización y “buen gobierno”
Los móviles señalados por el ejecutivo obedecen a los cuatro indicadores señalados en el subtítulo. El gobierno argumenta, grosso modo, que para insertarse positivamente en el mercado mundial (globalización), Colombia debe mejorar en dichos ítems, particularmente los de cobertura y calidad, y presenta datos al respecto.
Respecto a la cobertura, este tema debe desagregarse en dos apartados: acceso a la educación superior (técnica, tecnológica y profesional), y permanencia en la misma. En ambos la situación colombiana es preocupante: si el porcentaje de cobertura de la educación superior es del 37% (y téngase en cuenta el sentido amplio del término “educación superior”), el porcentaje de deserción es igual o aún peor en cuanto ha significado: el 45% de los estudiantes que ingresan a la educación superior abandonan sus estudios antes de terminarlos, esto es, que sólo uno de cada dos estudiantes que ingresan culminan satisfactoriamente sus estudios; lo que se agrava por el hecho de la tasa de desempleo nacional, cuyo subíndice juvenil es trágico: el desempleo entre las personas entre 17 y 24 años de edad es del 20.3%, o lo que es lo mismo: el 47% de los desempleados son jóvenes. Como se ve, la cosa se resume como sigue: más de la mitad de los jóvenes están por fuera de la educación superior, de estos sólo la mitad se gradúa, y ni qué decir del desempleo aún entre estos. Resolver este problema aparece como móvil de la propuesta de Santos.
Respecto a la calidad, esta se divide, a su vez, en los temas de la acreditación de programas e instituciones académicas y de formación de los profesores, que en la jerga de las teorías del management, que son las cifras que entiende la tecnocracia en el poder, se denominan “capital humano”. En este orden, sólo el 13% de los programas de pregrado cuenta con acreditación de alta calidad, mientras sólo 21 de las 283 Instituciones de Educación Superior (en lo adelante IES) cuentan con acreditación institucional (8 públicas). De los profesores de tiempo completo, tan sólo el 13.5% cuenta con doctorado. Si se cruzan estas cifras, sumadas a las de grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS y el número de revistas indexadas, podemos vislumbrar el por qué ninguna universidad colombiana logra estar entre las 15 primeras de Latinoamérica (la UdeA está en el puesto 27) ni entre las primeras 500 del mundo (la UdeA aparece en el puesto 631) Esto, obviando la discusión necesaria sobre los indicadores para el ranking mundial, y otros temas correlacionados, como el de las pruebas PISA, que no vienen al caso ad hoc. En síntesis, la calidad, medida por los indicadores de acreditación y por el nivel de formación de la planta docente, sigue siendo baja, más si se compara con países como Brasil, Chile o México, para citar tres casos regionales.
Respecto a la pertinencia de los programas para la economía nacional, la regionalización de la educación superior y la internacionalización, no se dan muchas precisiones, pero podemos entresacarlas de los claroscuros del discurso del MEN. Existen serios problemas o asimetrías en el nivel de formación de las IES en las regiones, lo que no es difícil de explicar: la UdeA, la Nacional o la UIS, por ejemplo, tienen indicadores de calidad muy superiores a los de la Universidad del Atlántico, la Tecnológica del Chocó o la Surcolombiana en Neiva (sin ánimo difamatorio, valga aclarar). Las instituciones se concentran en buena medida en las grandes ciudades, dejando el campo colombiano en estado de atraso y pobreza, obligando al éxodo constante y, lo que más le interesa al gobierno y a la empresa privada (nos atrevemos a decir: lo único que les interesa): sin inserción de la educación superior en las regiones para fortalecer los proyectos productivos de las empresas nacionales y multinacionales. Obviamente esto con sus desagregados: la UdeA, por ejemplo, tiene una línea de regionalización muy fuerte, lo que no quiere decir que sea por principios de “solidaridad” o “equidad”, sino por otros, que discutiremos en una serie de artículos que dedicaremos a estos temas en las semanas que siguen. Por último, en términos de internacionalización, la movilidad de estudiantes y profesores, las relaciones de las IES colombianas con pares extranjeras y los proyectos de investigación conjunta siguen en estado de atraso problemático.
Basten estos datos sobre tres de los cuatro objetivos del gobierno, pues sobre el cuarto, el de buen gobierno, sólo basta mencionar el concepto anglosajón por el MEN usado: accountability, rendición de cuentas, en el sentido más financiero, tecnocrático y econométrico de la palabra (lo que no quiere decir que nos opongamos a la “transparencia” en el manejo de los recursos públicos, en las IES y en otras entidades, tales como el DAS, el INCO, FONDELIBERTAD, la SNR, y tantas otras instituciones que brillan por sus altos niveles de corrupción).
El contexto global
Estos cuatro puntos, que constituyen tanto la exposición de motivos de la propuesta de reforma por parte del gobierno como la formulación de sus objetivos, es que se levanta el entramado de artículos que pretenden modificar la ley 30/92. Para comentar los aspectos esenciales de esta vamos, no obstante, a mencionar otros aspectos.
El mundo actual, globalizado, es un mundo donde la producción está regida por la ciencia, la tecnología y la innovación. La competencia empresarial se basa cada vez más en la capacidad de las firmas para innovar o en los procesos de producción para abaratar los costos, o en el diseño o mejoramiento de los productos. Ambos aspectos se definen como Innovación, y es esta la palabrita mágica en nombre de la cual se vienen sucediendo los cambios a que asistimos en las IES a nivel mundial y del país. Las empresas necesitan innovar para competir, y esa innovación implica un proceso de producción y transferencia de conocimientos, que puede ser realizados por laboratorios propios de las empresas (cuando tienen mucho capital, generalmente multinacionales), en Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs) financiados con capital público-privado, y preferentemente en las universidades, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, donde las empresas no cuentan con enormes recursos para hacer ingentes inversiones (de ahí que un cuarto actor de este tablero lo sean los “fondos de inversión” del sistema financiero, que contribuyen con su “capital de riesgo”).
La automatización de los procesos de producción, el papel preponderante de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), la guerra industrial de los empresarios a nivel mundial, la lucha de las naciones desarrolladas por mantener sus status de privilegio o de los países emergentes por encaramarse al club de los más ricos, impulsan la tendencia a invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) y a reconfigurar los sistemas de educación superior de los países en función de estas nuevas realidades, bajo dos objetivos específicos: mejorar la competitividad y la productividad de las naciones, para aumentar los índices de crecimiento económico (Colombia, en el Índice de Competitividad Mundial aparece en el puesto 68, siendo uno de sus puntos débiles, de los doce indicadores desagregados, precisamente el de innovación, atado a las variables de calidad y cobertura en educación superior). Lo que no nos dicen los economistas que fomentan estas transformaciones, los gurúes del capitalismo global y rapaz, es cómo el crecimiento genera bienestar, o cómo el beneficio privado genera justicia social, o lo que es lo mismo en otras palabras: cómo los vicios privados se convierten en virtudes públicas (La Rochefoucauld).
El tema es mucho más relevante de lo que, desafortunadamente, ha sido tratado por los estudiantes y la sociedad en su conjunto. Para citar algunos casos: en el discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado por Obama en enero del presente año, señaló tres factores para que USA saliese de la crisis económica y retomase su “liderazgo” (¿o imperio del terrorismo “humanitario”?) mundial: la educación, la innovación y la infraestructura. En Moscú, la capital rusa, y con un presupuesto de 190.000 millones de rublos, se está construyendo la ciudadela Skolkova, todo un entramado científico-tecnológico donde convivirán unos 40.000 investigadores dedicados a ciencia, tecnología e innovación, siguiendo el ejemplo de Sillicon Valley, en California, con el objeto de recuperar el puesto de la nación rusa en el concierto geopolítico y económico mundial. Así sucesivamente, todos los países desarrollan estrategias institucionales y de inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), todo para el mercado capitalista, se sobreentiende, que es el que manda, chorreando sangre por todos sus poros, en todos los dominios de la vida, el académico-científico incluido.
Este es, en pocas palabras, el panorama mundial en que se lleva a cabo la propuesta de reforma: la burguesía nacional necesitan mejorar sus índices de productividad y competitividad para insertarse como jugador con posibilidades en el mercado mundial, y para ello necesita de las IES. Es, digámoslo de una vez, una política de genuflexión del conocimiento frente al poder económico y político.
La propuesta del gobierno
Con este contexto internacional de fondo, y bajo estas realidades expresadas en cifras, es que el gobierno presenta su propuesta, que persigue mejorar la calidad, pertinencia, financiación y prácticas de “buen gobierno” de las IES. A falta de espacio, presentamos algunas de sus propuestas, dejando el resto para próximos artículos.
En materia de cobertura y permanencia, el gobierno propone un aumento porcentual durante el periodo 2011-2014, hasta llegar a tres puntos porcentuales al finalizar el periodo. Esto con el fin de mejorar la financiación de las IES. Además, se sumará entre el 30 y el 50 por ciento del aumento del PIB en dicho periodo, según las cifras de crecimiento. Esto, sumado al 10% de las regalías que se contempla en el proyecto de reforma a las mismas, más los aportes del sector privado, significarían, según el MEN, un aumento total de recursos por 2.2 billones de pesos, y un aumento de la cobertura del 37 al 50 por ciento de la población juvenil (16-21 años), hasta llegar a los 2.180.000 estudiantes.
Propone, además, aumentar el fondo de subsidio a la demanda, esto es, los créditos del ICETEX, además de crear un “fondo de permanencia” para los estudiantes de bajos recursos, con vistas a reducir la altísima deserción, y un fondo de “becas” para estudiantes de bajos recursos. A esto se añade el no cobro de intereses reales para estudiantes durante el periodo de estudios, y el no cobro de lo adeudado hasta tanto no tenga colocación laboral y un determinado monto. El monto total del subsidio a la demanda sería de 774.000 millones de pesos, mientras el monto del aumento en concepto de subsidio a la oferta (presupuesto para las IES) sería de 410.000 millones.
Igualmente, propone la creación de IES con ánimo de lucro, compuestas de capital público-privado, o la transformación de IES en Sociedades de Educación Superior (SES), con ánimo de lucro. Asimismo, establece indicadores de asignación de recursos a las IES basados en cobertura, calidad de los programas, investigación, regionalización e internacionalización.
Por último, propone la creación y fortalecimiento de un “fondo de garantías”, con capital privado, para que las IES accedan a créditos para ampliación de infraestructura.
Estos son los puntos de la propuesta económico-financiera del gobierno. Como veremos a continuación, no hay nada nuevo bajo el sol.
Corriendo hacia adelante
La propuesta de reforma del gobierno es, cuando menos, ingenua, y cuando más, una salida hacia adelante, directo al precipicio, respecto al déficit estructural de las IES.
En primer lugar, el gobierno dice que no se trata de privatización, sino de inversión. Y lleva razón en ello. Pero con eso no lo dice todo, porque, ¿Qué significa invertir? Ningún empresario invierte un peso sin (esperar) obtener, como mínimo, dos a cambio: la solidaridad no es un valor de la burguesía, al contrario: en virtud de la avaricia millones de campesinos han sido asesinados, desplazados y expropiados de sus tierras, y no es que ahora hayan abrazado el camino de la bienaventuranza y deseen “donar” algo de sus arcas obtenidas entre charcos de sangre para mejorar la educación de los pobres.
Además, la propuesta no tiene nada nuevo porque no hace más que sancionar una situación de hecho: la relación (sumisión) de la universidad a las pretensiones de acumulación de la empresa privada, conocida como “triángulo de Sábato” o “Comité Universidad Empresa Estado” (CUEE). Se trata de una convergencia de los tres actores fundamentales del Sistema Nacional de Innovación (SIN) con el objeto de producir y transferir conocimiento a la industria con fines de beneficio privado, en un modelo conocido como “circuito innovativo” o “relación usuario-productor”. Un modelo en que, para decirlo de manera simple y tajante: la universidad es la concubina de la empresa privada. Estos comités existen desde el año 2000 en ciudades como Medellín, y actualmente funcionan en casi todo el país. Respecto a esto, la propuesta lo único que hace es legalizar, es decir, sacralizar en los altos tribunales de jueces y demás payasos, una situación que existe con anterioridad y de hecho concreto y duro, muy duro.
En tercer lugar, en cuanto a la asignación de presupuesto, claramente este aumento es muy ínfimo al que necesitan, por ejemplo, sólo las 32 universidades que componen el Sistema Universitario Estatal (SUE). El aumento es de 410.000 millones, cuando en 2009, al momento de estallar la crisis financiera de las universidades, el monto de la deuda sumaba 500.000 millones. Esto, sumado a que los nuevos recursos no son sólo para universidades, sino también instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Es decir, ¡es una ridiculez! Una miserable limosna para la que, se supone, será la clave de la competitividad colombiana. A día de hoy la deuda es muy superior a dicho medio billón, y sobre esto, empero, el gobierno calla con un silencio cómplice y cínico.
En cuarto lugar, el gobierno pretende atacar el problema vía subsidio a la demanda, y esta salida no es una opción viable para la realidad de la mitad de la población, pobre y sin recursos. Lo que propone el gobierno es asignar 774.000 millones al ICETEX, para créditos estudiantiles. Esta propuesta se parece, y no coincidencialmente, con el principio de “corresponsabilidad” que establece la ley 1438, que fortalece el sistema de salud (de mercado capitalista): el pobre debe cofinanciar su educación, de la misma manera que el enfermo, porque la educación es un “servicio” y “una responsabilidad de la persona”. En principio, esta visión oculta la de la educación como derecho fundamental, ratificada por los tratados internacionales firmados por Colombia, y que entran dentro del bloque de constitucionalidad (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Además, los trámites burocráticos constituyen un suplicio de Tántalo, un castillo de tipo kafkiano que atrapa a los estudiantes pobres, imposibilitándoles el acceso a lo mismo. Igualmente, los intereses serían congelados “durante” la carrera, pero luego de ella se cernirían como cadenas sobre un egresado que, dadas las condiciones de la economía colombiana, no tiene sobre seguro el tiquete de acceso a un empleo formal y bien remunerado.
Además, los “fondos de subsidios” no resuelven el problema de la deserción, porque esta no tiene sólo causas económicas, tiene también como causas la falta de preparación de los estudiantes de educación básica, y esto, nuevamente, compromete al Estado como responsable; igualmente, obedece a los problemas vocacionales del estudiante, que muchas veces no conoce de primer plumazo lo que realmente desea estudiar, y deserta; otro punto son los problemas sociofamiliares de los alumnos, que tienen origen por fuera de los claustros, pero repercuten en ellos, de la misma manera en que la pobreza y la violencia generan aquellos problemas. La propuesta del gobierno es, a este respecto, por tanto, demasiado estrecha, con un agravante serio: la política de subsidios no genera autonomía, sino asistencialismo, que recuerda mucho a programas clientelares tipo “familias en acción”. De lo que se trata, frente a los problemas económicos de los estudiantes, es de mejorar las condiciones de vida de sus familias, no de convertirlos en parias y mendigos de limosnas estatales: pero esto, lastimosamente, conlleva cambios estructurales de política económica, lo que no podemos esperar de este gobierno.
En sexto lugar, el modelo de “subsidio a la demanda” se sustenta en afirmaciones o falsas o improbables. El gobierno cita como ejemplos a Brasil, China y Corea, entre otros. En estos países, la ampliación de la oferta por la vía privada significó un aumento sustancial de la población estudiantil superior. Pero ello fue posible sólo porque anterior a esas reformas el sistema de educación superior era público, y la apertura pudo captar un amplio espectro de las clases medias de esos países. Empero, para el caso de las universidades en Colombia la relación se invierte: el 70% de la oferta educativa universitaria se concentra en las universidades privadas, y su población es, mayoritariamente, de clase media. ¿Quién puede pagar educación privada, con o sin ánimo de lucro, cuando la clase media, “cliente” natural de este tipo de universidades, ya tiene sus espacios desde hace décadas? La propuesta del gobierno se sustenta implícitamente en que existe todavía una amplia franja de población en capacidad de costearse educación de alto costo, y esta idea es, cuando menos dudosa, en un país que tiene un 45% de su población en situación de pobreza, un 16% en extrema pobreza, un índice de gini de 0.58 y es, de hecho, el país más desigual de Latinoamérica y el cuarto del mundo. La salida del gobierno a la crisis de la educación, una salida al problema de mercado con más mercado, es un salto hacia adelante, directo al fondo del abismo. China no es Colombia, señores del MEN. Incluso si existiese tal clase media con capacidad de endeudamiento, esto sólo acentuaría las desigualdades entre ellos, los que pueden acceder a créditos, y los más pobres, que sólo pueden aspirar a pasar, en condiciones muy desventajosas, los exámenes de admisión de las universidades públicas.
En séptimo lugar, el sistema de asignación de recursos en base a indicadores no suprime, sino que refuerza, las asimetrías entre las universidades, y es de hecho ponerlas a competir cual si fuesen empresas privadas. Las universidades públicas más avanzadas, como la UdeA o la Nacional, que tienen mejores estándares de calidad, cobertura e investigación, tendrán mejores recursos, pero esto a costa de las universidades en situación de crisis financiera y de calidad, lo que reforzará las asimetrías y un tema derivado: el éxodo de estudiantes de regiones a las grandes ciudades, lo que repercute en las posibilidades de desarrollo de las regiones atrasadas. En el mejor de los casos, por tanto, las universidades competirían por migajas del presupuesto nacional como si fuesen burgueses con sed de capitales, y en el peor, las universidades en desventaja perderían recursos, un año sí y el otro también.
En octavo lugar, el Estado no responde positivamente a las asimetrías de las IES regionales: si su papel es, entre otros, el de vigilar e inspeccionar la calidad de la educación superior, debería también intervenir activamente en la reestructuración de las mismas. El Estado tiene el derecho y la OBLLIGACIÓN de intervenir en las universidades públicas con peores índices de calidad y financiación, asignando más recursos, mejorando las condiciones salariales de los profesores y estableciendo metas de mejoramiento de la calidad y la cobertura; así como el Estado debe dar más dinero, debe exigir a cambio mejoras sustanciales, pero se trata de eso: debe dar para exigir, no exigir para luego liquidar, cuando las IES entren en quiebra financiera. Como la propuesta no trata este tema, sino el de los indicadores de asignación de recursos, no aparece como un actor proactivo en la superación de las asimetrías, sino que las fomenta y reproduce, en beneficio del capital privado, que se adueñaría de ellas luego de liquidarlas.
El gobierno, como siempre, aduce la falta de presupuesto para evadir su responsabilidad frente a la financiación de la educación, se escuda siempre en la “sostenibilidad fiscal”. Empero, lo que no dice es que la plata la hay, pero que se desvía fraudulentamente: por cuenta de la corrupción, se pierden al año 4 billones de pesos, dinero que remediaría en buena medida el déficit de financiación de las universidades y demás instituciones de educación superior públicas. Pero los recursos de la educación terminan en los bolsillos de los (para)políticos corruptos, en programas como AIS, en las toldas del partido conservador, en los Nule de toda laya, en las redes clientelares, en el consejo superior de la judicatura, en el DAS, las zonas francas de los hijos de Uribe y así un largo etcétera…¡Ah!, y claro, terminan también en manos de paramilitares, que gustan de usar los dineros de la salud y la educación para financiar su empresa terrorista anticampesina y antisindical.
Conclusión
La propuesta de reforma de la educación superior del gobierno de Santos no tiene nada nuevo, antes bien, es la misma política de superar las crisis corriendo hacia adelante, de superar el problema de mercado con más mercado, siguiendo la línea de su ley 1438 de “fortalecimiento” del sector salud. Lo que hace esta ley es legalizar una situación de hecho, incoada durante dos décadas de abandono sistemático de la educación superior púbica por parte del Estado. De lo que se trata ahora es de mitigar la situación mediante la sumisión de las IES al capital privado a través de los programas de ciencia, tecnología e innovación, según el modelo de los circuitos innovativos (Lundvall). Se trata, para decirlo con una metáfora trágicamente exacta, de convertir a la universidad pública en la concubina de la empresa privada. Ya lo están haciendo, y no se piensan detener en este empeño.
La tarea, entonces, es la información, formación, crítica, debate y organización de la protesta estudiantil y social en defensa de la educación pública, sin renunciar a la ciencia y la tecnología, pero impugnando el papel del capital privado en ella.
En las próximas semanas trataremos los demás temas que aquí, por espacio (que ya hemos abusado de él), no hemos podido desarrollar. La invitación, mientras tanto, es a abrir las mesas de discusión y a prepararse para una lucha larga y difícil por el derecho a la educación de los millones de niños, jóvenes y actuales estudiantes que, en condiciones de pobreza que colindan en la ignominia, añoran empezar y completar sus estudios, para salir adelante aún contra un gobierno y Estado que les niegan toda posibilidad de vivir dignamente.
