“El sector privado, a todo peso que invierte espera sacarle rentabilidad”. Análisis de Juan Alvaro Castellanos en El Nuevo Siglo.
Era de esperarse que el anunciado proyecto de inversión privada en universidades públicas, no fuera bien recibido. Dejó dudas sobre si la presencia de capitales privados es de manera exclusiva en financiación de programas, proyectos de investigación y becas, o si también alcanzará a llegar a presupuestos de funcionamiento y a la mesa de decisiones en instituciones públicas.
En cualquiera de los dos casos, hay medio paso para que se reduzca el margen de autonomía de los centros de educación pública, si se tiene en cuenta que el sector privado, a todo peso que invierte espera sacarle rentabilidad, por encima del objetivo social.
El proyecto fue mal presentado por el Gobierno, porque se interpretó como un hecho el ingreso de capital privado a universidades públicas y sonó como si se tratara de promover un negocio, y no un propósito con altura social.
Sin embargo, la ministra de Educación arregló las cargas en el camino, al precisar que se respetarán los terrenos y, en la mira, estará de manera esencial, la calidad de la educación superior, en procura de una mejor formación profesional hacia el futuro.
Distintos medios ciudadanos tienen interrogantes válidos: ¿por qué recibir inversión privada sólo en entidades públicas de educación?
Como lado bueno, no se desconoce que hay una balanza equilibrada, basada en que invertir en beneficio de la sociedad permite otorgar en compensación una rebaja tributaria a quienes aporten financiación.
En ese sentido el Instituto de Recursos Mundiales, organización privada de estudios económicos y sociales, recomendó en 2006, a países de Latinoamérica, tomar dineros privados para financiar subsidios en desarrollo público y luego compensar a los inversionistas con descuentos tributarios.
Por eso hoy es válida la opinión callejera: la inversión privada podría ir a salud, vivienda y agricultura, reviviendo el concepto “cinturones verdes”, para preservar riqueza ambiental y fomentar cultivos generadores de empleo, en ciudades grandes y pequeños municipios.
Un esquema, que como se ve, está inventado y puede funcionar, a los ojos de la ciudadanía, para eliminar temores de corrupción. Se convertiría en plataforma de la economía social. Y plata sí hay, según lo confirma el informe de la revista Forbes, al establecer que dos grupos colombianos están en el listado de los 150 más ricos del mundo. ¿Y qué? preguntará con razón el ciudadano común.
Hablando de plata, ahora que hay clima para el diálogo con derecho a disentir, es momento para un rápido sondeo que establezca la conveniencia de la inversión privada en todos los sectores públicos, sin que signifique que se conviertan en dueños de instituciones públicas.
