Jorge Yarce, presidente del Instituto Latinoamericano de Desarrollo -ILL-, invita a no estigmatizar el asunto de ingreso de dineros privados, sugerido por la reforma, pues señala que debemos partir de nuestra realidad educativa así como de la necesidad de insertarnos, desde la universidad, en un mundo global y competitivo.
Se ha presentado un proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, máxima norma que orienta a la universidad colombiana, que en diecinueve años ha demostrado algunas bondades y muchas falencias. Los gobiernos se han dedicado a ponerle parches para cambiar algunos puntos y reglamentar otros, en lugar de coger el toro por los cuernos y abordar la elaboración de una ley marco que de estabilidad al sistema de educación superior, dejando para las leyes corrientes hacerle los ajustes que se requieran con el tiempo.
El gobierno actual presenta el proyecto y lo somete a un tímido debate porque renunció al camino de la concertación, al menos con algunos sectores básicos, puesto que no es nada fácil convocar a un consenso nacional sobre el tema, entre otras cosas porque los universitarios (directivos, profesores y alumnos) son un público casi imposible de poner de acuerdo. Cada uno se aferra a sus intereses de grupo y hasta ahí se llega. Como lo plantea Oppenheimer en su reciente libro sobre la educación en América Latina hay demasiada prepotencia y falta de humildad en el sector para decirse la verdad.
El temor sobre este Proyecto es que la discusión pública lleve a maquillarlo un poco y que luego en los debates parlamentarios se le coloquen los consabidos micos y salga otra ley 30 con algunos remiendos, pero no un marco legal de largo alcance que ayude a construir la futuro universidad colombiana, que sería lo deseable, o al menos una ley mejor estructurada, no sometidas a las presiones de los gobernantes de turno llevados del afán de mostrar resultados legislativos a corto plazo.
Uno de los primeros temas que salta al ruedo es la introducción de universidades privadas con ánimo de lucro, como si se tratara de una novedad radical. Todos sabemos que esa figura legal no existe, pero se da una real encubierta en ocasiones bajo las asociaciones sin fin de lucro. Quienes vengan de fuera a participar en este nuevo mercado de la educación muchas veces son sociedades comerciales que operan así en sus respectivos países y tienen que llegar a competir con las de acá que están exentas de impuesto a la renta y otros. Estarían en desventaja, pero esas son las reglas de la economía de mercado y de los TLC en los que andamos embarcados. No hay por qué satanizar esta fórmula y la búsqueda de recursos en el sector privado para fortalecer la inversión en educación.
Otra cosa es analizar si los recursos que se buscan son suficientes o si los fiscales darían para mejorar la situación de la universidad estatal, de modo preferente la regional. Pero que no vengan las universidades oficiales ahora a sacar el trapo rojo de que lo que está en juego es su privatización, cosa que nadie está planteando. Al contrario hay que buscar más recursos para que pueda competir en número de cupos y en calidad con la privada. En el campo de la economía pasan cosas parecidas y nadie protesta. Otros sectores dentro de la universidad sienten temor a que el incontenible progreso de la educación virtual vuelva obsoleto el sistema tradicional de enseñanza y obligue a cambios más sustanciales. Ahí tampoco hay nada qué alegar.
En Colombia vivimos muy contentos de tener un gran número de universidades y hablamos de la educación como si estuviéramos dando pasos agigantados cercanos a los de los países más desarrollados del mundo. Se trata de una tremenda falta de perspectiva Hay un gran número de instituciones reconocidas y muchas de ellas de educación superior tienen muy poco. Predomina la producción de diplomas en serie, la falta de investigación, la baja calidad y el atraso científico y tecnológico. No figuramos en las encuestas mundiales más reconocidas, por falta de materia. Allí figuran los países que se toman en serio la educación y le dan prioridades a la inversión en ella que colocan como política prioritaria. En cualquier caso, con mayores recursos privados, con o sin ánimo de lucro, con mayor inversión en las oficiales, lo que importa en modernizar la universidad, transformarla a fondo para que pueda responder a las exigencias del momento. No se trata de excluir a nadie o de entablar estériles debates sobre la autonomía universitaria, trasnochados a más no poder.
No podemos seguir teniendo una universidad cuya máxima aspiración es llenar cupos de estudiantes, cubrir déficits, aumentar el presupuesto público, encubrir negocio privados a costa de la calidad, y mantener el rango de universidad a instituciones que miradas con lupa –parte de ellas- no sólo son ni actúan como tales. Ni seguir permitiendo que las familias colombianas sueñen con que todos sus hijos tienen que ser “doctores”, por el orgullo de esgrimir un cartón así pasen a engrosar las huestes de los desempleados.
Es posible que hayamos dado pasos cuantitativos de cierta importancia. No así los cualitativos, que nos dicen a las claras que vamos muy atrasados en calidad, en investigación y en transformación tecnológica. Estamos dedicados en cambio a graduar profesionales para ser buenos agentes de la sociedad del consumo, de ninguna manera agentes de cambio social, constructores de sociedad o de comunidades solidarias y siempre muy a la zaga o muy desconectados de las necesidades profundas del país.
Si queremos progresar en un mundo global, competitivo y de grandes retos para los países, hace falta salir de la universidad acartonada, nivelada, que hace de la autonomía un estéril trofeo del gueto académico, y pasar a una universidad dinámica, flexible, en la que la innovación, la creatividad, las ciencias, las humanidades y la tecnología se centren en formas los líderes que harán avanzar al país hacia el futuro para poder emular con los países más avanzados. Y esto no se logra con batallas por el inciso en los conciliábulos parlamentarios.
Digámonos la verdad: No es sólo un problema de financiación de la universidad, pública o privada. Es ante todo definir cuál es el puesto que debe ocupar la educación como palanca del desarrollo del país. Pensemos primero en qué educación queremos, cuál necesitamos para ser verdaderamente competitivos en el mundo actual y hagamos las normas de acuerdo a un consenso básico de los sectores comprometidos, no a pupitrazo limpio en el Congreso. Sería una oportunidad excelente para trabajar por una universidad en la que las nuevas generaciones pasen por ella y ésta les cambie su vida para que de verdad puedan cambiar a Colombia.
