Vicente Durán Casas, Vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, celebra -en El Tiempo- la propuesta de reforma y la necesaria reflexión, seria, de toda la sociedad auncuando no concuerda plenamente con ella.
Nada más sano para el país que la actual discusión en torno al proyecto gubernamental para reformar la Ley 30 de Educación Superior. Lástima que llegue tan tarde, pero qué bueno que por fin haya llegado. La necesitábamos, la pedíamos, la esperábamos. No nos la consultaron, nos la escondieron un tiempo y, finalmente, nos permiten conocerla. Ahora esperamos que, al menos, tengan en cuenta las voces críticas que se levantan y que quieren aportar.
La primera impresión es que parece un proyecto de ley sin contexto. Eso explica, al menos en parte, la enorme diversidad de reacciones y temores, fundados e infundados, que ha suscitado.
El contexto nacional es definitivo: ante los límites de una cobertura que, si bien ha crecido, apenas si alcanza al 37 por ciento, el país no puede continuar negándoles educación superior a los cerca de 350.000 nuevos bachilleres que cada año culminan la secundaria y no tienen nada más interesante que hacer que sentarse en el parque de la esquina a ver pasar el tiempo.
Y a nivel global nos encontramos en medio de un contexto también irrebatible: la educación superior es cada vez más costosa, sobre todo si quiere ser de calidad mundial. Hoy, la docencia universitaria de calidad exige también investigación de calidad, profesores con título de doctor, importantes inversiones en tecnología y recursos suficientes para que la internacionalización, la innovación, el emprendimiento y el dominio científico y profesional de una segunda lengua sean algo más que meros deseos.
Ahora bien: ¿quién debe asumir el incremento creciente de los costos educativos en un país que quiere expandir la cobertura de la educación superior con calidad? Nada más estéril que responder con los simplismos ideológicos de la izquierda de los años 60 y 70, o con esa ideología neoliberal que confía en el mercado con fervorosa devoción. Sin negar que el Estado tiene que invertir cada vez más recursos en educación, no es una mala estrategia que, ante la escasez de recursos, el sector privado se sienta exigido en esta demanda de responsabilidad social. ¿Contamos, sin embargo, con una sociedad civil dispuesta a ello?
Miremos a nuestros vecinos. El caso de Brasil, muy cercano a la tradición europea, muestra un crecimiento equilibrado entre cobertura y calidad impulsado con fuertes dosis de recursos públicos. Sus mejores universidades en docencia y en investigación son casi todas públicas, y allá es claro que el Estado, más que los gobiernos de turno, se la juega invirtiendo en la formación profesional y en la investigación.
Los magníficos resultados socioeconómicos alcanzados en los últimos años tienen mucho que ver con eso. Pero el caso de Chile, más cercano al modelo norteamericano, también es exitoso.
Chile es uno de los países en los que el Estado menos invierte en educación; le traslada responsablemente la financiación de la mayoría de las universidades al sector privado, y tiene éxitos notables que vale la pena observar con atención. No en vano la Pontificia Universidad Católica de Chile aparece en varios escalafones como la mejor universidad privada de toda América Latina.
Las instituciones universitarias requieren siempre reformas: universitas semper reformanda. Pero en una sociedad verdaderamente democrática, estas reformas forman parte de la agenda política cotidiana porque afectan y modifican, en uno u otro sentido, un proyecto de sociedad que se quiere construir, promover o rechazar. Son, en última instancia, un elemento constitutivo del gran pacto social y objeto de consensos sociales y políticos.
Bienvenido el debate, y ojalá todos nuestros partidos políticos, tan ocupados en mezquinos cálculos de politiquería regional en este año electoral, se involucren de verdad en él.
