“No hay duda de que el proyecto puede mejorarse en varios aspectos. Pero tampoco queda duda de que está bien estudiado y bien orientado”, afirma el exministro y economista Guillermo Perry, en El Tiempo, a propósito de la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, presentada por el MEN.
El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para ampliar, modernizar y mejorar la calidad de la educación superior y ha invitado a una discusión pública que permita mejorarlo y lo convierta en un propósito nacional. El tema es crucial, dado el papel que juegan hoy las universidades en las sociedades y las economías modernas basadas en el conocimiento.
Todos los milagros económicos recientes se han basado en el fortalecimiento de la educación y la capacidad de innovar. La economía gringa logró alcanzar y superar a la europea gracias a que los EE. UU. universalizaron primero la educación básica y convirtieron la alianza entre la universidad y el sector privado en el eje de un poderoso sistema de innovación. El milagro económico asiático se debe a la combinación de una estrategia de crecimiento orientada a la exportación con un impulso decidido a la universalización de la educación de calidad y con la promoción de la innovación. Estos dos factores han jugado también un papel central en los éxitos de los países escandinavos, de Finlandia, de Irlanda, de Israel y de Australia. En nuestra región, Chile y Costa Rica y más recientemente Brasil y Colombia están buscando reproducir estos éxitos con recetas similares.
En Colombia hemos alcanzado logros importantes en cobertura de educación básica y universitaria, especialmente en los últimos ocho años, y se ha comenzado a articular un sistema que promueva mejoras en calidad. Pero falta mucho y el proyecto de ley propone acelerar el paso a través de la incorporación de mayores recursos públicos y privados a la educación superior y del fortalecimiento de un sistema de incentivos a la calidad y la investigación.
En cuanto a recursos, siguiendo el ejemplo de los países exitosos, propone combinar un aumento importante de las partidas presupuestales a favor de la educación superior y becas para universitarios pobres, con diversos mecanismos financieros que permitan alianzas público/privadas y una expansión considerable del crédito educativo. Quienes han protestado por la supuesta “privatización” de la universidad pública simplemente no se han tomado el trabajo de leer el proyecto y su exposición de motivos. Se calcula que con estos nuevos recursos aumentará la cobertura de la educación superior del 37 por ciento actual al 50 en el 2014, una cifra similar a la que ya alcanzó Chile con reformas parecidas.
Las mejoras en calidad e investigación se conseguirían a través de cuatro grupos de incentivos: 1) las partidas presupuestales adicionales se asignarán según el desempeño de las universidades; 2) se generalizarán los procedimientos de acreditación y de exámenes de Estado que hasta ahora cubren a pocas universidades y programas; 3) se exigirán prácticas de buen gobierno y “rendición de cuentas” a la sociedad; 4) se estimulará la homologación e internacionalización de los programas universitarios. Además, la investigación universitaria se beneficiará del acceso mediante concurso a una parte del 10 por ciento de las regalías mineropetroleras que se destinarán a la investigación, según la reforma en curso del régimen de regalías.
Algunos rectores de universidades públicas protestan dizque porque la exigencia de prácticas de buen gobierno y de rendir cuentas a la sociedad estaría limitando su autonomía. ¿Desean poder disponer libremente de recursos públicos cuantiosos con prácticas de mal gobierno y sin informar a la sociedad? ¿Acaso le resta autonomía al Banco de la República someterse a buenas prácticas y rendir cuentas al Congreso y a la opinión pública?
No hay duda de que el proyecto puede mejorarse en varios aspectos. Pero tampoco queda duda de que está bien estudiado y bien orientado. Aprobarlo, con cambios que lo mejoren, será un paso necesario para que la universidad colombiana cumpla a cabalidad el rol que le compete en contribuir a modernizar nuestra sociedad y a hacer más productiva la economía.
