Análisis de Carlos Mario Lopera Palacio, director de El Observatorio de La Universidad Colombiana, de las características que podrían tener las universidades con ánimo de lucro, publicado en el diario La República.
A riesgo de ser desterrado de escenarios académicos por decirlo, los académicos deben superar el apasionamiento y revisar la posibilidad de tener universidades con ánimo de lucro, como propone la reforma del Gobierno a la Ley 30 de 1992.
Esto no significa avalar toda la propuesta del Gobierno, pues tiene erróneos planteamientos sobre la organización y rol del sistema de educación superior.
Reconocer el lucro es destapar una verdad a gritos. La educación superior privada -salvo pocas excepciones- es un negocio para muchos presidentes, cancilleres, fundadores y rectores de instituciones, que saben jugar con el sistema contable para desviar a su favor excedentes operacionales -que es como eufemísticamente se llama a las utilidades de las corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Es decir, actúan como entidades sin ánimo de lucro, pero en la práctica se lucran, desviando los ingresos que deberían reinvertir en la misma institución y no tributando.
El problema no está en la propuesta, sino en la capacidad del Estado, concretamente del MEN, de garantizar que las IES con ánimo de lucro cumplan estándares básicos y que, más allá del negocio, no sacrifiquen docencia, investigación ni extensión.
Tampoco es ceder al argumento de sus opositores en el sentido de que es una delegación de la responsabilidad del Estado con la educación superior.
El punto está en las condiciones que defina el gobierno, entre las que deberían obligarse algunas como:
a) Contar con un mínimo número de profesores de planta, con altos niveles de formación posgradual y un control del máximo de horas de clase, para que no sean profesores de tiempo repleto y puedan realizar actividades de tutoría y acompañamiento.
b) Tener, con investigadores propios, grupos reconocidos en Colciencias con proyectos directamente relacionados en cada uno de los programas académicos ofertados.
c) Llevar las prácticas de responsabilidad social empresarial a la universidad, que se audite que cada estudiante participe en ellas antes de su grado, y no esperar a que éstas queden a la buena voluntad de la institución, como pasa actualmente.
d) Asegurar las condiciones de operación, que comprueben la propiedad de las instalaciones, especificando que no pueden ser las mismas edificaciones de la empresa las que se usen en la actividad académica, salvo en casos como laboratorios o escenarios de práctica.
e) Mantener, o por qué no, subir el 2% del presupuesto que hoy refiere la Ley 30 para bienestar, contablemente justificado en actividades propias para estudiantes y docentes, y no en cocteles y reuniones sociales de los directivos.
f) Hacer públicos los nombres, hojas de vida y participación accionaria de los miembros de los órganos de dirección, así como las actas de los cuerpos colegiados y un manual de ética con efectos legales para quienes violen dichas normas.
Otras ideas: 1) Obligar a tener un pregrado “no rentable” por cada X programas rentables; por ejemplo, un programa de Física, frente a programas de Ingeniería Industrial y Derecho. 2) Obligar becas a estudiantes que no puedan acceder a IES públicas. 3) Implementar pruebas obligatorias de inglés, para egresados de universidades extranjeras en Colombia. 4) Someter la aprobación de los programas a contenidos de formación humanística, investigativa y de competencias no relacionadas directamente con el perfil profesional, y que contribuyan a formar integralmente. 5) Prohibir que una misma persona actúe como “inversionista” en dos o más universidades.
Si condiciones como éstas se dan, ¿por qué temer?. Habría profesionales en laboratorios de última tecnología, con posibilidades de engancharse laboralmente y dentro del sector productivo. ¿No es esto lo que se ha pedido a la educación superior?, ¿no es pertinencia?, y ¿no sería una forma para que el Gobierno recaude impuestos y redistribuya recursos adicionales entre las universidades públicas?
