Editorial del diario El País, de Cali, sobre lo nocivo que, a su juicio, salen las protestas universitarias por la reforma.
Tres semanas después de iniciado, el movimiento que tiene a 32 universidades públicas en paro continúa sin cambio alguno, causando daños a los propios estudiantes y sin que se conozcan los motivos reales de la protesta. Ni siquiera los destrozos que ocasionan algunas de las manifestaciones han servido para lograr que la gente del común se interese o se solidarice con la causa.
Y la razón está clara: mientras los líderes del paro insisten en exigir que no se privatice la educación en Colombia, el Gobierno Nacional ya retiró su propuesta de autorizar universidades con ánimo de lucro. De otra parte, las explicaciones que ha venido dando de manera amplia y constante la señora Ministra de Educación indican a las claras la intención de mantener un diálogo amplio sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 que orienta el manejo de la educación pública de nivel superior.
De todo lo que ha estado sucediendo, lo único claro es que tanto los estamentos universitarios como el gobierno reconocen la necesidad de cambiar ese régimen. Todos coinciden en que con él se han creado cuellos de botella en la financiación de las universidades públicas, a la vez que exigen mejores resultados en materia de cubrimiento y calidad en la educación universitaria.
Así mismo, de todos es conocida la eterna falta de recursos del Estado, no obstante lo cual el Gobierno se ha comprometido a aumentar de manera importante su aporte a la educación superior. Para ello reclama compromisos de las universidades a fin de lograr un cambio que redunde en beneficio de la educación que se brinda a la juventud colombiana. Frente a esa posición pueden existir diferentes puntos de vista e incluso posiciones que sean opuestas a la iniciativa presentada ante el Congreso de la República.
Pero lo que no está claro ni parece aceptable es la razón por la cual los líderes del movimiento insisten en que el proyecto sea retirado. Decir que no se han abierto los canales de diálogo o que los voceros estudiantiles no han tenido oportunidad de participar en la discusión es faltar a la verdad. Otra cosa es que se pretenda usar el debate para crear consecuencias de orden distinto, por el estilo de lo que ocurre en Chile y en otros países latinoamericanos.
Lo que Colombia está presenciando hoy ya no es una protesta estudiantil sino un movimiento político. Y lo que es visto con simpatía cuando defiende el derecho a la educación, ahora es rechazado y recibido con indiferencia por la inmensa mayoría de colombianos. Entre tanto, miles de estudiantes son perjudicados y las universidades empiezan a anunciar la posibilidad de clausurar los semestres.
Sin duda, la radicalización que pretenden los líderes del movimiento le está causando perjuicios irreparables a la comunidad universitaria, generando el rechazo a métodos absolutistas que cierran cualquier posibilidad de diálogo. Por eso es necesario llamar a la reflexión y recordar que el espacio para debatir la reforma está abierto para que los estudiantes participen con argumentos, en vez de usar medidas de fuerza que desconocen el carácter democrático de la universidad colombiana.
