Luis Ángel Martínez Ángel escribe en el portal de Yumbovalle.com que “rechazar la reforma a la Ley 30, es tanto como pedirle al gobierno nacional que no haga nada por la educación superior”.
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Desde el año pasado, cuando el gobierno nacional a través de la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, anunció que reformaría la Ley 30 de 1992, los estudiantes, docentes, sindicatos y líderes sociales, han adelantado en todo el país diversas protestas en contra de dicha reforma.
La Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, en el artículo 96, al hablar de las instituciones de educación superior de carácter privado y de economía solidaria, advierte que, “Las personas naturales o jurídicas de derecho privado pueden, crear Instituciones de Educación Superior”. Es decir, es la Ley 30 la que permite la “privatización” de la educación superior en el país. En el Valle del Cauca, por ejemplo, sólo hay una Universidad Pública, la Universidad del Valle, las demás universidades del Departamento, 20 aproximadamente, son privadas y existen desde hace varios años.
Luego no es cierto, que el proyecto “Por el cual se modifica el esquema de financiación de la educación superior, definido en la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”, motivo por el cual hoy muchas universidades del país todavía se encuentren en paro, sea el que vaya a privatizar la educación superior en Colombia.
Antes que oponerse al proyecto que pretende reformar la Ley 30, el cual seguramente será presentado nuevamente por el gobierno nacional en la próxima legislatura del Congreso, lo que deberían hacer quienes se oponen es exigirle al gobierno nacional que se haga una buena reforma, discutida y concertada con todos los actores que intervienen en el proceso de la educación superior; una reforma a través de la cual, el gobierno nacional incremente sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje superior al señalado en el artículo 87 de dicha ley, por mencionar tan solo uno de los aspectos que debería contemplar la reforma.
Rechazar la reforma a la Ley 30, es tanto como pedirle al gobierno nacional que no haga nada por la educación superior; sería decirle, que la Ley 30 es suficiente para garantizar en Colombia la cobertura de la educación superior, la calidad y la investigación, lo cual no es cierto; o sería estar de acuerdo con la respuesta que sobre el tema dio al jurado, la semana pasada, una de las candidatas al reinado de belleza en Colombia.
