Apartes de la columna de opinión de Luis Arturo Melo en el Diario La Opinión, de Cúcuta, sobre los silencios de las ministras Cecilia María Vélez y María Fernanda Campo ante situaciones como las de las universidades públicas.
Desde la nueva era a partir de 1991, solo dos ministros se han desempeñado por ocho años continuos en la misma cartera: Cecilia María Uribe en Educación y Andrés Uriel Gallego en Transporte y Vías. Circunstancia trascendental perdida para formular e iniciar la ejecución de una verdadera política pública en Infraestructura Vial y en Educación, esta última esencial en la llamada trilogía competitiva.
En Educación, Gaviria tuvo tres ministros: Alfonso Valdivieso, Carlos Holmes Trujillo y Maruja Pachón, ninguno de ellos experto en el área, ministros coyunturales. Samper tuvo cuatro ministros de un año cada uno: Arturo Saravia Better, María Emma Mejía, Olga Duque de Ospina (experta en fríjoles), y Jaime Niño Díez (un año) muy experto y muy calificado en Educación. Pastrana tuvo dos ministros de dos años: Germán Bula Escobar y Francisco José Lloreda ninguno especialista en educación. Solo el presidente Uribe tuvo dos ministros únicos para sus dos periodos (8 años): Cecilia María Uribe en Educación y el inefable Andrés Uriel Gallego, curiosamente en dos áreas que hoy estremecen al país, por la improvisación y la corrupción.
La idea es no seguir creando mitos, ni seguir promocionando iconos para la farsa en la procesión educativa. Ocho años en que la educación superior se desplomó con agravantes. La exministra no supo de la fatídicas gestiones rectorales de Córdoba y la UIS con corrupción y muertes de estudiantes y académicos, ni la paramilitarización académica de la Universidad del Magdalena adobada también por la muerte de los inconformistas, ni el despilfarro corrupto de la Universidad del Atlántico, ni la confabulación asociada para asaltar el erario público mediante la contratación, con la imaginación para delinquir a través de -Alma Mater-, de las universidades del Eje Cafetero y las academias imitadoras de la meseta cundiboyacense, ni que hablar de los escándalos de corrupción, nepotismo y contratación punible de la Universidad del Tolima. ¿Qué decir de lo que pasó en la Universidad de Pamplona, que pese a los esfuerzos, sigue en cuidados intensivos y de la UFPS en la cual todo está por investigar? ¿Y la ex ministra donde estaba?
¿Caben disculpas? Pues no. La ley (30) que se pretende reformar, ratifica la responsabilidad (Art 64), del señor Andrés Pastrana y del presidente Uribe en los últimos ocho años de locura académica, puesto que el Consejo Superior de la universidades públicas lo conforman: El ministro de Educación o su delegado quien lo presidirá en la universidades nacionales y el Gobernador quien lo presidirá en las departamentales como la UFPS y la de Pamplona y un miembro designado por el Presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario. Con este mandato legal, mal pueden eludir las responsabilidades en la crisis del sector. ¿No les informaron sus delegados personales al doctor Pastrana y al doctor Uribe y a la ministra de ocho años y a María Fernanda Campo de ahora, de la corrupción, del despilfarro, de la baja en la calidad, del nepotismo, de la desviación de las actividades misionales eminentemente educativas y del enriquecimiento ilícito de los rectores que llegaron a los cargos con solo la cédula de ciudadanía como patrimonio y ahora nuevos ricos? Por tal delegación deberían responder fiscal, disciplinaria y penalmente sus delegados politiqueros, pues así lo ordena la ley. Y en el fondo, casi todo por la reelección de rectores.
No he calumniado a las dos “Marías coyunturales”, simplemente señalamos cuan lejos que están del sueño del presidente Santos que dijo en Cartagena: “La educación debe ser el verdadero canal de ascenso social y económico en comunidades golpeadas por la inequitativa distribución del ingreso”.
