Análisis del académico Juan José García Posada, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en El Colombiano.
La verdadera superioridad de la educación superior se demuestra, para las instituciones universitarias, mediante la asunción de la responsabilidad social de exponer sus programas al escrutinio público, la aceptación de estándares nacionales y mundiales de calidad y excelencia y el desarrollo de procesos de autoevaluación y acreditación de acuerdo con las normas legales.
Invocar autonomía universitaria sin límites para eludir esas condiciones no tiene sentido. La educación superior es un servicio público. No puede estar de espaldas a la sociedad. El Estado tiene la atribución constitucional de ejercer “suprema inspección y vigilancia”. Aunque en el cumplimiento de este deber ha solido ser indulgente y tolerante, en los años y meses recientes ha venido apretando clavijas. Por el conocimiento que tengo del entorno universitario, desde el Ministerio está procediéndose con rigor y seriedad que ojalá no disminuyan.
A estas alturas, si hubiera habido mayor compromiso de las corporaciones y mayor exigencia ministerial, ya deberían tener acreditación institucional de alta calidad las más de 250 instituciones universitarias de educación superior que funcionan en el país. Pero sólo 28 han hecho ese esfuerzo y han acogido con disciplina, convicción y paciencia las estrictas pesquisas de los pares académicos en nombre del Consejo Nacional de Acreditación.
No tengo pruebas para decir que las universidades no acreditadas sean piratas o de garaje o que en ellas prime el ánimo de lucro. Sería temerario. Tampoco sería justo cubrirlas con el manto de la sospecha o desacreditarlas, ni concluir que el Ministerio sea infalible al aplicar sanciones y cerrar programas, o negar el derecho que tienen las penalizadas a defenderse con los recursos legales y adoptar planes de contingencia y estrategias correctivas y de mejoramiento. Este es un deber que asumen ante miles de estudiantes y padres de familia y el mismo Gobierno debe facilitarles los medios para que rectifiquen.
El rezago de las universidades colombianas en materia de visibilidad internacional podría explicarse en parte por esa reticencia mayoritaria a la acreditación y por la longanimidad tradicional del Estado, que ahora sí parece en trance de rectificación. Mucho más reveladores que las cuestionadas Pruebas Saber Pro son los procesos internos de evaluación continua y los exámenes y audiencias que realiza el CNA para la acreditación institucional y de programas específicos, que sí miden gran complejidad de criterios y objetivos y cubren todos los fines docentes, investigativos y de extensión y la presencia eficiente de todos los estamentos, no sólo el aparente rendimiento de los estudiantes.
Sí pone a pensar que haya dos rectores tras las rejas, muchos políticos y funcionarios con títulos universitarios detenidos por corrupción, reprobación de programas por mala calidad, etc. Son señales graves de alerta. La educación superior no puede caer a grados inferiores.
