La exministra Cecilia López Montaño cuestiona, en varios periódicos nacionales, el riesgo de que el Ministerio de Educación Nacional no intervenga decididamente sobre los hechos que se presentan en la Universidad Autónoma del Caribe.
¿Dónde están las autoridades que tienen la obligación de responder por la educación universitaria? Y no solo se trata de los secretarios de educación de departamentos y municipios sino del mismo Ministerio de Educación. Que el país está lleno de universidades piratas, de garaje, muchas empresas familiares para hacer dinero, no es una hipótesis sino una realidad. Sin embargo, todo el mundo se hace el loco mientras Colombia se llena de profesionales mediocres, que a pesar de sus esfuerzos y los de sus familias, salen a ocupar puestos de técnicos, si les va bien. Como generalmente estos estudiantes no son de la “élite” pareciera que al Estado no le importa.
Lo que ha venido sucediendo con la Universidad Autónoma del Caribe no tiene nombre, y el último episodio, ya desbordó la situación. Se sabía que si el nuevo rector, Ramsés Vargas, que ahora resulta que solo estaba encargado, empezaba a tratar de limpiar una administración llena de pecados, lo iban a sacar. La pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque no en vano su anterior rectora y dueña está en la cárcel por acusaciones tan graves como un asesinato, entre muchas más, y eso, no pudo hacerlo sin la complacencia o alcahuetería de muchas de las directivas. Y ahora resulta que esas directivas se valen de una excusa para sacar a Ramsés Vargas para nombrar a alguien que seguramente, por lo menos creen, no le va a causar problemas a aquellos que tienen responsabilidad con lo que ha sucedido en ese claustro.
Pobres estudiantes y pobres los profesores decentes que tiene esa Universidad. Los estudiantes porque no todo es academia sino también principios morales de los cuales poco tienen que aprender, especialmente de su ex rectora. Y los buenos profesores porque con seguridad, se deben sentir acorralados.
Ministra, por favor actúe que lo de esta universidad ya se pasó de castaño oscuro, y por razones difíciles de comprender, las autoridades del Atlántico no parecen dispuestas a actuar. Es la oportunidad de dar una señal a aquellas universidades que no lo son o que creen que se pueden manejar a su antojo. Se trata de las nuevas generaciones y en este caso, de jóvenes de la Región Caribe, de escasos recursos, que deberían ser parte de esa renovación social que necesita esta parte del país.
El Viceministerio de Educación Superior está ocupado por una brillante mujer de esta región, así que esperamos que tomen ya decisiones que ayuden a los estudiantes, que son miles, y al buen profesorado que existe para que no pierdan sus esfuerzos. Obvio que se debe respetar la autonomía universitaria, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dejar que unas directivas, que tienen mucho que explicar por la crisis de liderazgo que tiene ese centro educativo, sigan manejándole el futuro a mucha gente?
Si ya ha sido inexplicable que cuando la justicia actuó, las autoridades educativas no dijeron nada, sería inaceptable ahora cuando es evidente que los problemas siguen, que el Ministerio de Educación continúe en silencio. Barranquilla necesita que este grave problema de la Universidad Autónoma se resuelva porque se trata de muchísimos jóvenes que creen que están invirtiendo bien su tiempo para tener una vida mejor que la de sus padres. No es una responsabilidad menor.
