Para el exdirector de Colciencias y rector de la UDES, Jaime Restrepo Cuartas, en el portal Periódico Debate, la propuesta de los estudiantes tiene exigencias que no son propias de este contexto.
La propuesta de Ley que hoy se conoce de la “Mesa Amplia, Nacional Estudiantil, MANE”, con la que se busca una alternativa a la reforma de la Ley 30 de 1993, parece escrita para un país inexistente, en donde los requisitos son la soberanía, la democracia y la paz. Si bien en todos esos aspectos se debe avanzar, porque la soberanía no es plena ni la democracia es completa, en lo que sí parece que ellos tienen esperanza es en el logro rápido de la paz, quizás por los diálogos que hoy adelanta el Gobierno con el grupo terrorista de las FARC -que ha sembrado de miseria la geografía nacional, no sólo por la guerra que han declarado desde hace más de cincuenta años, sino porque sus actos bélicos, en muy buena medida no permiten que el país avance en su desarrollo productivo y social, ni se pueda adquirir la necesaria capacidad competitiva-.
El enfoque del proyecto, a más de auto-considerarse anti-patriarcal -tal vez porque aún creen que prevalece la hegemonía de los hombres en la formación universitaria-, es sustancialmente de tipo social, pues todo se dirige a considerar que el conocimiento debe construirse en un diálogo con la sociedad y al servicio, al parecer de manera exclusiva, con la solución de lo que consideran los problemas “nacionales y populares”. En el enfoque prevalecen los aspectos del pensamiento crítico, el debate sobre todos los temas sociales y políticos del país y la necesidad de aprovechar los espacios, dentro y fuera de los claustros para la movilización (el tropel). Es decir, no radica en fortalecer un centro de creación, apropiación y reproducción del conocimiento, sino en tener una institución para la discusión y la movilización sobre los acontecimientos nacionales, dizque en aras de la autonomía y la libertad, y en donde la noción de responsabilidad no se considera necesaria.
También llama la atención la poca importancia que se le da a la educación privada, como si no existiera ni fuera un componente esencial, a sabiendas de que hoy en día asume la responsabilidad sobre casi el 50% de la educación. Su propuesta tiene un enfoque casi exclusivo de lo público, en donde la educación privada sólo sería sujeta de inspección, vigilancia y control, que por lo demás está ausente en la pública, en virtud de que las autoridades no pueden tener injerencia ni siquiera en situaciones de criminalización, pues gozarían los claustros de una autonomía extrema y estarían libres de cualquier intervención de la fuerza pública, bajo cualquier circunstancia.
La utopía ronda cuando se insiste en la universalidad total, con oferta plena y libertad en el acceso, gratuidad completa para cualquier persona, independientemente de su situación económica, lo cual obligaría al Estado a financiar incluso la educación de los más pudientes, en el caso de que buscaran acceso a la universidad pública, lo cual también parecería utópico en una universidad que viviría en un estado de movilización permanente, sin control, sin indicadores de gestión, sin garantía de calidad, sin exigencia sobre resultados pues no podrían ser condiciones ni para otorgar recursos ni para ofrecer incentivos.
Bueno, y volveríamos a la idea del cogobierno de docentes, estudiantes y trabajadores, quienes serían protagonistas de todas las decisiones, eso sí en un permanente diálogo con los sectores populares, con procesos de autoevaluación y evaluación solo para saber si se están cumpliendo los fines misionales, que son limitados sólo a las necesidades de los sectores populares, y si se están recibiendo de parte del Estado los recursos necesarios para garantizar la infraestructura y las dotaciones de última generación que serían exigidas.
Lástima que el debate no sea posible, pues no parece haber interés por este tema, para el fin de este periodo presidencial, ni de parte del Gobierno ni de los congresistas, que están más preocupados en cómo financiar su próxima campaña electoral, seguramente a costa de recursos como los de la salud, y con el empeño del Gobierno en no dejar enredar la reelección.
