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El abogado Juan Sebastián Noriega Cárdenas hace un fuerte cuestionamiento, en el portal pulzo.com, a cómo “el problema de la San Martin es culpa de los movimientos estudiantiles, gremios de profesores y políticos que no han permitido una reforma que regule el sector educativo y permita la entrada de sociedades comerciales con una normatividad especial y estricta”. |
El problema de la San Martin es culpa precisamente de los movimientos estudiantiles, gremios de profesores y políticos que no han permitido una reforma que regule el sector educativo y permita la entrada de sociedades comerciales con una normatividad especial y estricta. Bajo la bandera de no a la privatización, la educación ya se privatizó con cientos de fundaciones de mentiras que por no ser sociedades, no podemos vigilar adecuadamente. Antes de apedrearme vean mis argumentos.
La designación Fundación Universitaria San Martín S.A.S es un error conciente. Las fundaciones o corporaciones no hacen parte de las sociedades comerciales sino que se ubican en las entidades sin animo de lucro, se fundamentan no en la obtención de beneficios sino en la solidaridad con terceros. Una mentira enorme que no se cree nadie en el país, por lo menos en lo que a educación se refiere.
La ley solo permite que el servicio de educación formal se preste por instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro, es decir que está prohibido que una SAS o cualquier otro tipo de sociedad cree una universidad. Y este es el inicio de la trampa y también el inicio del problema.
Debido a que se les prohíbe acceder mediante una figura empresarial comercial, quienes quieren participar en esta actividad montan fundaciones, corporaciones o cooperativas falsas para desarrollar su negocio desde esa estructura. Ya que estas entidades no pueden repartir dividendos, los propietarios establecen estructuras ilegales para obtener los beneficios del negocio, si el gobierno levanta solo un poco el “tapete” encontrará que estas universidades no tienen nada en propiedad.
- Las sedes pertenecen a sus “dueños” y las alquilan a precios ridículos.
- Los servicios generales son contratados con terceras empresas.
- Todas las actividades de gestión, contabilidad, cartera y legal las hacen empresas vinculadas.
- Servicios de cafetería, transporte, uniforme son contratados con vinculados.
- La totalidad de los costos son inflados.
Un balance contable de cualquiera de estas universidades demostrará cómo vía gastos se llevan el 100% de la utilidad, por supuesto bajo la lógica de la trampa y la ilegalidad.
Pero aún así, estos tramposos e ilegales son responsables de educar a un porcentaje elevadísimo de colombianos. Solo la San Martin tenía a la intervención 26.000 estudiantes vigentes. En términos claros, de no ser por quienes ahora odiamos y crucificamos, cientos de miles de colombianos no tendrían educación.
Tenemos un número de universidades públicas, de excelente calidad pero que ni se acercan a cubrir el número de estudiantes que sale de los colegios del país.
Para el 2019 la meta de cobertura de educación superior es del 55%. Es decir que de cada 100 bachilleres, el país no será capaz de ofrecer una alternativa de educación a 45. Una vergüenza nacional.
Debido a esta impotencia, los privados se han visto atraídos por este sector, un análisis básico indica que hoy podrían duplicarse el número de universidades en Colombia, todas con un mercado potencial.
Pero incluso ante esta situación la mayoría de analistas, movimientos estudiantiles y de profesores rechazan la iniciativa privada y el ánimo de lucro en este sector, ignorando que el Estado no ha podido, no puede y no podrá resolver el problema de oferta que actualmente consume al país.
Por supuesto éste no es un artículo en defensa del Señor Alvear y su familia, que ha desviado recursos que deberían haber afectado al desarrollo de su objeto social a fines distintos, probablemente estafando de forma masiva a miles de estudiantes, proveedores y empleados.
Éste es un artículo que responsabiliza a los movimientos estudiantiles y educativos que ciegos de odio al capital no han permitido modificar el sistema para que se pueda tener un adecuado control sobre quienes están prestando un servicio que el Estado no puede prestar.
Mientras no modifiquemos la Ley, seguirán existiendo fundaciones de garaje que no se pueden controlar, ya que la regulación legal para las entidades sin ánimo de lucro es limitadísima, no hay normas que las controlen adecuadamente.
Mi conclusión: Bajo la bandera de no a la privatización, los que no quieren particulares han atraído a los peores para ofrecer el más importantes de los servicios, la educación.
Si desea más información visite nuestra página sobre Crear empresa en Colombia.
